El Constitucional admite los recursos contra la indemnización de Castor

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir los tres recursos presentados contra la indemnización que recibió la empresa que gestionaba el proyecto Castor, el almacén de gas submarino ideado frente a las costas de Vinaròs que tuvo que ser paralizado tras desencadenar cientos de seísmos. El PSOE, el Parlamento catalán y la Generalitar decidieron recurrir el decreto por el que se paralizó el proyecto y que supuso que la empresa Escal UGS -contralada por la empresa española ACS- recibiera 1.350 millones como compensación.

El Constitucional ha decidido admitir estos recursos. Y, según ha informado hoy el alto tribunal, se ha acordado "dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones". El Constitucional ha recordado que "la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas".

Este no es el único frente judicial que tiene abierto el fiasco de Castor. El juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs ha abierto una causa por las supuestas irregularidades durante la tramitación de los permisos del proyecto Castor. El juzgado ha imputado a 18 personas, entre ellos varios excargos y funcionarios de los ministerios de Industria y Medio Ambiente por presuntos delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. En este caso, el juzgado parece que no tiene intención de investigar el pago de la indemnización. Centra sus pesquisas en el proceso de evaluación ambiental y los permisos que recibió el proyecto por parte del anterior Gobierno central.