Greenpeace afronta su juicio más duro por una protesta en Cofrentes

Greenpeace se ha acostumbrado a que sus acciones reivindicativas acaben en sanción después de tres décadas de historia de activismo medioambiental en España. En este momento, tiene 19 expedientes administrativos abiertos en el país, en los que se le reclaman cerca de 623.000 euros. "Nuestras acciones terminan normalmente en una sanción por desórdenes, que acabamos pagando", apunta Mario Rodríguez, director en España de esta organización internacional.

Pero el caso de la central de nuclear valenciana de Cofrentes es diferente. Por los 357.371 euros que se les reclaman y porque los miembros de la ONG que participaron en esta acción podrían ser condenados a penas de prisión. La fiscalía ha pedido encarcelar durante dos años y ocho meses a 16 activistas de Greenpeace y al fotoperiodista Pedro Armestre por haber entrado en estas instalaciones nucleares y haber realizado unas pintadas y colocado una pancarta el 15 de febrero de 2011.

La vista oral comienza este jueves en Valencia y durará una semana. Estas 17 personas están acusadas de desórdenes públicos, lesiones y daños. Greenpeace sostiene que es el "juicio más duro" al que se han enfrentado hasta ahora en España: por el número de encausados, por las peticiones de cárcel y por la sanción económica.

Todo comenzó a las 6.20 del 15 de febrero de hace cuatro años, cuando el grupo de activistas entró en las instalaciones. La fiscalía entiende que los acusados se pusieron de acuerdo "mediante un plan preconcebido" para "desestabilizar la organización de la central". "Equipados con monos de color naranja con la inscripción Greenpeace, accedieron al interior del perímetro de seguridad", siempre según el relato del ministerio público. Y cortaron "tres vallas perimetrales de seguridad de acceso, valiéndose de una radial y otras herramientas que llevaban".

Pedro Armestre, ganador del Ortega y Gasset, es uno de los procesados

El fiscal —que recuerda que se tuvo que activar el plan de emergencia interior de la central— sostiene que se produjo un forcejeo con los vigilantes de seguridad en el que se golpeó a estos trabajadores de Cofrentes. La fiscalía mantiene que "uno de los acusados, al girarse con la radial en marcha, cortó en la zona abdominal" a uno de los agentes de seguridad privada, que resultó herido leve. Una vez dentro, tres activistas se encaramaron a las torres de refrigeración de la central y realizaron las pintadas, además de colocar una gran pancarta. El fiscal asegura que los agentes de la Guardia Civil que acudieron después a la central instaron "en repetidas ocasiones" a que depusieran su actitud. Pero los activistas hicieron "caso omiso".

Greenpeace se define como una organización pacifista, además de defensora del medio ambiente, y sostiene que en Cofrentes tampoco recurrió a la violencia, algo que rechaza Iberdrola, propietaria de la central. Mario Rodríguez entiende que lo que se pretende en este caso es la "criminalización de la protesta pacífica" y que las penas que se solicitan son "excesivas y desproporcionadas".

El ministerio público les acusa de herir con una radial a un vigilante

Algo parecido cuenta Pedro Armestre, un fotoperiodista que este año ha ganado los premios Ortega y Gasset y el Rey de España de Periodismo. "Tensión sí hubo, pero no violencia ni golpes", asegura este fotógrafo independiente que cubrió la acción para Greenpeace. En su opinión, este caso es una "llamada de atención" contra las protestas.

Rodríguez afirma que la pena más alta a la que se ha tenido que enfrentar su organización en España data de 2005. Un juzgado de Cádiz condenó al capitán del buque Rainbow warrior, propiedad de Greenpeace, por una protesta contra la guerra de Irak frente a la base de Rota. El marino fue condenado a seis meses de prisión por desobediencia. A otro de los activistas se le impuso una pena de 10 días de cárcel.