El juez pide informes sobre el fin de ETA antes de investigar un posible genocidio

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido la competencia de este tribunal para investigar la denuncia presentada por el hijo de una de las víctimas de ETA, que acusa a cinco de los dirigentes de la banda terrorista de genocidio. Los miembros de la cúpula etarra ostentaron puestos de “dirección y dominio” de la banda entre septiembre de 1977 y 1983.

Sin embargo, antes de decidir si admite a trámite la denuncia e inicia las investigaciones, el magistrado Javier Gómez Bermúdez ha requerido a la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil un informe pericial de análisis “de la información sobre los fines perseguidos por la banda terrorista ETA desde su constitución hasta hoy y sobre los integrantes de sus sucesivas cúpulas”. De momento, la querella va dirigida contra Juan Lorenzo Lasa Michelena, Txiquierdi; Eugenio Echebeste, Antxon; José Luis Ansola, Peio el Viejo; Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y José Antonio Urritocoechea, Josu Ternera.

Gómez Bermúdez rechazó la competencia, pero la Sala de lo Penal considera que debe tramitarla y decidir si la admite así como acordar, “con libertad de criterio lo que crea conveniente acerca de la querella presentada”. El magistrado se ha dado por enterado de la decisión de la Sala pero “antes de practicar otras diligencias”, ha solicitado el informe para determinar si inicia las investigaciones.

El delito de genocidio persigue el asesinato de “un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, política o de nacionalidad”. En el caso de admitirse la denuncia, la Audiencia iniciaría una investigación que dejaría sin valor la prescripción de los crímenes cometidos por ETA desde 1977. La querella pide aplicar la doctrina de los juicios de Nüremberg contra los altos dirigentes del régimen nazi.

Proceso en La Haya

La admisión de la querella, de más de 1.200 páginas, significaría, por primera vez, el reconocimiento de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar actos de genocidio cometidos en España, que no llegaron a ser reconocidos tras la investigación del juez Baltasar Garzón en relación con los crímenes del franquismo.

El trámite de tratar de que los delitos de los etarras sean juzgados como genocidio en España podría servir también para el procedimiento abierto por las víctimas, que han denunciado a la banda por el mismo motivo ante la Corte Penal Internacional de La Haya.