El PP tramita con discreción y sin prisa la iniciativa soberanista

El PP ha empezado a aplicar normalidad al trámite de la proposición del Parlamento de Cataluña que intenta que se llegue a celebrar una consulta soberanista. Esa normalidad se nota en la forma discreta de tramitarla y en la aplicación de los plazos, tratándola como a otra cualquiera, para que se debata cuando toque, sin prisa. En este caso, esa normalidad es noticia porque muestra la manera en la que Mariano Rajoy trata el asunto, evitando las estridencias, y porque supone un giro radical a estrategias anteriores del PP en situaciones similares. Por ejemplo, en 2005, en dos episodios similares, el llamado plan Ibarretxe y el propio Estatuto de Cataluña, el PP intentó que el trámite de calificación en la Mesa del Congreso fuera un primer control de constitucionalidad. Ayer la Mesa de la Cámara tramitó el texto procedente del Parlamento catalán en pocos minutos, aunque le faltaran los antecedentes.

En 2005 discutió durante todo un día en la Mesa sobre el plan Ibarretxe e intentó bloquear el Estatuto catalán por entender en ambos casos que eran iniciativas inconstitucionales. Dio una dura batalla el PP entonces frente a todos por entender que no podía aceptarse el trámite de una iniciativa inconstitucional. Ayer tardó unos minutos en tramitarla.

La diferencia sustancial entre aquellas dos situaciones y la de ayer es que ahora el PP está en el Gobierno y ya no quiere estridencias. En cuanto a los plazos, la proposición se pondrá a la cola de las cinco que ya hay en trámite, procedentes de distintas comunidades. Cada mes se trata una en el pleno, así que a esta no le tocará hasta junio o septiembre y podría ser peor si llega algún mínimo cambio en cualquier estatuto, porque esas reformas tienen preferencia. La mayoría absoluta del PP podría buscar fórmulas para alterar ese orden, pero el Gobierno quiere ahora normalidad y no tiene prisa.

El Parlamento catalán podría acelerarlo mínimamente renunciando a una iniciativa tramitada y que tiene pendiente sobre desahucios, pero según los partidos de esa comunidad supondría dar imagen de que se postergan los problemas de los ciudadanos.

Lo más probable es que CiU, ERC e ICV opten por presentar una proposición de ley con el mismo texto del Parlamento de Cataluña, porque de esta forma podría discutirse y votarse a finales de marzo. Sin embargo, los tres partidos desearían no hacerlo porque resta solemnidad a la iniciativa del Parlamento autonómico y en su debate no participarían representantes de la Cámara catalana, sino los portavoces en el Congreso de CiU, ERC e ICV. El PSC, de hecho, entiende que sería una falta de respeto institucional que los tres partidos optaran por esta vía, que debería incluir una decisión expresa del Parlamento catalán para renunciar a su iniciativa.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, aprovechó el trámite en la Mesa del Congreso para interpretar que el órgano de Gobierno de la Cámara aceptaba implícitamente la constitucionalidad de la iniciativa soberanista. La Mesa explica, en cambio, que solo se trataba de estudiar si reúne los requisitos formales. Pero en 2005, para el PP ese sí fue un primer control de constitucionalidad.