Gallardón elude aclarar la extradición de los reclamados por Argentina

El ministro Alberto Ruiz Gallardón evita aclarar si España extraditará a los cuatro exaltos cargos de la Guardia Civil y de la Policía acusados por Argentina de torturas a víctimas del franquismo. El titular de Justicia se ha limitado a indicar que la orden de detención dictada desde Argentina será trasladada a la Audiencia Nacional y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán "al criterio jurídico" que esta marque a través de la Fiscalía.

La orden de detención fue emitida el pasado martes desde Buenos Aires por la juez María Servini de Cubría contra cuatro personas: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años; el excomisario José Ignacio Giralte González, de 71, y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño, de 67. El cuarto imputado es Celso Galván, ex escolta de Franco y de Don Juan de Borbón, pero no podrá ser detenido porque falleció en agosto de 2009. 

"Como ocurre en todos los casos en los que se han planteado este tipo de situaciones semejantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de la orden internacional de detención, lo que harán será trasladarla a la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía de la propia Audiencia Nacional", ha declarado Gallardón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También ha insistido en que "estarán, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía".

De ser detenidos, los tres imputados deberán pasar a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si los extradita a Argentina para que sean interrogados, como reclama la juez Servini.

Las víctimas del franquismo llevaron en 2010 sus denuncias a Argentina ante la falta de progreso de las causas en España. Allí, la juez Servini las tomó en consideración, teniendo en cuenta el criterio de justicia universal, el mismo por el que el exjuez Baltasar Garzón investigó en España a los criminales de las dictaduras de Argentina y Chile en la década de los noventa, cuando en esos países reinaba la impunidad.

La posición del Gobierno no es del todo clara. Hace pocos meses, hizo gestiones para que finalmente se suspendiera una teleconferencia en el consulado argentino en Madrid para que desde allí la juez Servini recogiera el testimonio de querellantes, según denunciaron abogados y familiares de las víctimas. Sin embargo,un portavoz del Ejecutivo aseguró el jueves que "no está obstaculizando" la investigación judicial y que hasta el momento "ha dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio internacional se ha recibido" sobre este particular.