La oposición pide investigar la relación con la policía del ‘ultra’ Hellín

Al registro han acudido todos, juntos, nadie quería quedarse fuera de la pequeña dependencia del Congreso en la que se entregan las iniciativas parlamentarias. Todos los portavoces de la oposición, y a la cabeza la socialista, Soraya Rodríguez, han presentado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a abrir una “investigación oficial” y una “evaluación detallada” sobre cómo ha sido posible que un condenado por secuestro y asesinato haya mantenido contratos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de Emilio Hellín Moro, que en la madrugada del 2 de febrero de 1980 en Madrid asesinó a Yolanda González Martín, estudiante de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. “Fue asesinada por su afiliación y actividad política, tras haber sido secuestrada y torturada después de participar en una manifestación estudiantil”.

Esta es parte de la introducción que han hecho los parlamentarios para situar los hechos y el momento en el que fue asesinada Yolanda González por el ultraderechista Hellín. La información de EL PAÍS sobre los contratos de colaboración del condenado con la policía han llegado al Congreso y aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que esos contratos se produjeron en tiempos de gobiernos socialistas, la portavoz del Grupo Socialista firma en primer lugar esta iniciativa. “Si estuviéramos nosotros en el Gobierno abriríamos una investigación; no nos importa cuándo se produjo sino que se produjo tal vergüenza y tal indignidad”, han señalado fuentes parlamentarias socialistas.

Además de Soraya Rodríguez, del PSOE, firman la iniciativa los portavoces de CiU, del PNV, de Izquierda Plural (IU, ICV, CHA) , de ERC, del BNG, y de Compromis – Equo. Si la mayoría que representa el PP accede a avalar esta propuesta, el Gobierno tendrá que remitir al Congreso el informe de la investigación. ¿Cómo ha sido posible que se haya contratado durante años a Hellín?. Todos los interrogantes están abiertos por lo que la oposición pretende que se eliminen las condiciones que dieron lugar a esta contratación. Al parecer no fue el Ministerio del Interior directamente quien contrató al condenado por secuestro y asesinato sino que llegó a ejercitar tareas de asesoramiento y a impartir cursos a la policía a través de una empresa, que podría ser de su propiedad. El asesino de Yolanda González se fugó de prisión y ha tenido varias entradas y salidas de la cárcel. Ahora ha cambiado de identidad.