Jueces del Supremo denuncian que el Gobierno degrada al alto tribunal

Nueva crisis abierta entre el Gobierno y la judicatura. Tras las últimas protestas de los colectivos judiciales por temas como la nueva ley de tasas, 25 magistrados del Tribunal Supremo amenazan ahora con impugnar el real decreto por el que el Ejecutivo ha reordenado el parque móvil estatal. Aseguran que el motivo no radica en que se les niegue disponer de coche oficial sino en que dicha norma deja al alto tribunal fuera de la categoría de “órgano con relevancia constitucional del Estado”. Los jueces hablan de “gravísimo error” y piden una “rectificación inmediata”.

Los magistrados han enviado un escrito a la sala de gobierno de la institución a la que pertenecen para quejarse por la situación que ha generado la norma, publicada el 30 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Joaquín Giménez es uno de los que apoya esta petición. “El Tribunal Supremo es la instancia superior de todos los órganos jurisdiccionales según la Constitución. Pedimos que no se cuestione su naturaleza constitucional”, afirma indignado. A Giménez le resulta sorprendente que el alto tribunal quede fuera de una consideración en la que sí figuran el fiscal general del Estado o el Tribunal de Cuentas, cuando las decisiones de este último, por ejemplo, son recurribles ante el Supremo. Este juez habla de “ignorancia” de la Ley Fundamental y de “error garrafal”.

Quienes suscriben el texto quieren dejar claro que su reivindicación nada tiene que ver con el hecho de que los órganos con relevancia constitucional dispongan de coche oficial. “Pedimos el respeto debido a un órgano de la envergadura del Tribunal Supremo. Estamos reivindicando la condición, no privilegios ni ventajas materiales”, insiste Joaquín Giménez. De hecho, el documento recuerda que han apoyado la retirada de los vehículos oficiales “dada la necesidad imperiosa de ahorro que sufre el Estado” y la situación que viene sufriendo la ciudadanía. Añaden incluso que “debería hacerse extensiva a todos los altos cargos”. Solo plantean una excepción: la de presidentes de los órganos con relevancia constitucional, "por su especial carácter representativo". En opinión de estos jueces, disponer de ese privilegio solo se justifica por “razones de comodidad”, al no haber ya exigencias derivas de la protección personal.

Los firmantes pertenecen a las salas segunda, cuarta y quinta. Los miembros de la sala primera han presentado un escrito alternativo. “Muestra algunas diferencias, pero en lo fundamental, es coincidente”, explica Giménez. Los de la tercera, por su parte, no se han sumado por ser quienes tendrían que resolver sobre el recurso del real decreto en caso de que sea presentado.

El magistrado consultado avanza que el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, les ha expresado que el Gobierno se ha comprometido a corregir el error, una corrección, que, en su opinión, está tardando mucho en producirse. De no ser así, los firmantes anuncian que tomarán todas las medidas que estén a su disposición. “Es lamentable haber llegado a esta situación”, concluye Joaquín Giménez.