El Consell adeuda 15 millones a los centros de personas con discapacidad intelectual

Los problemas económicos de la Consejería de Justicia y Bienestar Social para hacer frente a sus compromisos en lo que respecta a los servicios sociales no se limitan al área de la dependencia.

La consejería que dirige Jorge Cabré adeuda 15 millones de euros a los centros que atienden a personas con discapacidad psíquica. El presidente de la Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Fead), Ricardo Peris, trasladó ayer a este diario que los 40 centros adheridos a la federación, que asisten a 3.000 personas con discapacidad y emplean a unas 2.000 personas, tienen pendiente el cobro del 40% de las subvenciones y convenios que les concede la Administración para que se hagan cargo de la atención a estas personas.

El procedimiento de cobro es el siguiente: una vez estas entidades justifican el gasto del 60% de las ayudas, la Generalitat les paga el restante 40%, que suma los 15 millones pendientes. Las organizaciones que gestionan casas tuteladas, residencias, centros de día o centros ocupacionales ya han remitido sus justificantes de gasto. Bienestar Social ya ha dado el visto bueno a la operación, como trasladó Cabré a Peris en una reunión celebrada el martes. Sin embargo, falta la autorización de Hacienda.

La federación de entidades, que alabó la buena disposición del consejero, solicitó cobrar antes del 20 de octubre. De otra forma, no podrán hacer frente a los salarios y el IRPF del mes que viene ni a los pagos de la Seguridad Social de septiembre. El año pasado, los conciertos también se pagaron en octubre.

Otro de los sectores preocupado por las consecuencias que puede tener la falta de liquidez que sufre la Administración es el de las residencias de la tercera edad. Por ello y los movimientos de otras autonomías (en Cataluña la Generalitat ya ha anunciado la congelación de las partidas destinadas a pagar los conciertos con los geriátricos) la patronal del sector (Aerte) ha solicitado una reunión con Cabré que ha sido concedida “de inmediato”. “Hay preocupación por si puede haber un efecto contagio, queremos saber cual es la situación”, sostienen desde esta entidad. De momento, los retrasos en el cobro son superiores a lo que es habitual.