Egipto lanza una campaña “sin precedentes” de detenciones y deportaciones de refugiados de Sudán y Siria

La refugiada sudanesa Nermeen (nombre ficticio) aún recuerda la infausta llamada que recibió el 14 de febrero: su marido acababa de ser arrestado cuando se dirigía a una cita con el médico en Faisal, uno de los barrios de El Cairo donde se concentran más desplazados de la guerra civil de Sudán. “Es un hombre mayor, de 60 años, con un solo riñón y un corsé ortopédico. Somos una familia de 10 y estamos luchando por sobrevivir”, describe Nermeen, que huyó de Kordofán y llegó a Egipto en mayo de 2023. Asegura que su esposo dispone de un pasaporte en vigor, de una tarjeta válida de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de un permiso de residencia en regla. Pero nada de esto le salvó de ser arrestado y trasladado a una comisaría a las afueras de la capital egipcia, como ha ocurrido con otros miles de migrantes y refugiados de Sudán y Siria este año.

La cifra total de arrestos y deportaciones se desconoce, en parte por la denegación de acceso a comisarías y zonas fronterizas, pero tres fuentes conocedoras de la situación consultadas por EL PAÍS coinciden en que se trata al menos de varios miles. Entre ellos figuran personas con tarjetas de Acnur y permisos de residencia válidos, lo que defensores de derechos humanos juzgan que viola la ley de asilo de Egipto y el principio de no devolución del derecho de los refugiados. Es una campaña que, según grupos de derechos humanos, no tiene precedentes.

Históricamente, Egipto ha mantenido una postura de relativas puertas abiertas hacia personas refugiadas, sobre todo de otros Estados árabes. Pero en los últimos años ha ido cerrando este espacio y ha adoptado restricciones cada vez más estrictas para quienes ya se encontraban en el país. Actualmente, hay algo más de un millón de personas registradas con Acnur, el 77% de ellas de Sudán y un 10% de Siria, pero se cree que la cifra real es notablemente superior.

Nunca habíamos visto este ataque tan sistemático contra comunidades de refugiados

Karim Ennarah, director de la unidad de investigación de la Iniciativa Egipcia para los Derechos de la Persona

El Gobierno egipcio respondió, en una carta dirigida a la misión permanente de la ONU, que nadie es arrestado por ser solicitante de asilo o refugiado, sino por violar las leyes de residencia del país o por cruzar sus fronteras ilegalmente. Pero grupos de derechos humanos consideran que existe una directriz y la atribuyen fundamentalmente a los crecientes esfuerzos de las autoridades egipcias por ejercer mayor control sobre asuntos migratorios y a un intento de infundir miedo y reducir esta población en el país.

“Antes de este cambio de política, especialmente en los [años] previos a la guerra civil de Sudán, nunca habíamos visto este ataque tan sistemático contra comunidades de refugiados”, constata Karim Ennarah, director de la unidad de investigación de la Iniciativa Egipcia para los Derechos de la Persona (EIPR), que ha documentado arrestos arbitrarios y deportaciones. “Esta vez, la principal diferencia es la escala”, prosigue. “La escala no tiene precedentes”, insiste.

Las detenciones se han producido en domicilios particulares, controles callejeros, transportes públicos, centros de trabajo y frente a escuelas, hospitales y universidades, según ha documentado la EIPR. Contactado por EL PAÍS, Acnur declara que “tiene constancia de informes que indican que un número creciente de refugiados y solicitantes de asilo está siendo detenido en Egipto” y que sigue colaborando con el Gobierno para subrayar “la importancia de cumplir con [sus] obligaciones” y abogar por la exención de permisos de residencia para refugiados registrados.

En el caso de Nafisa (nombre ficticio), una joven sudanesa de Jartum que entró en Egipto legalmente en mayo de 2023, ocurrió mientras trabajaba. A principios de febrero, un agente de policía se plantó por sorpresa en su cafetería y le pidió la documentación. Ella afirma que tenía la residencia y la tarjeta de Acnur en regla. Pero aun así acabó detenida. Como el resto de los testimonios, habló en condición de anonimato por motivos de seguridad.

La joven explica que nunca la interrogaron y que solo pudo llamar a su hermana tras pasar por la Fiscalía al día siguiente. Asegura que permaneció en una celda con más de 50 personas y que sus problemas de asma y piernas empeoraron por la falta de espacio y sueño. También afirma que presenció repetidos insultos, malos tratos y golpes contra otros reclusos. “Al mirarme en el espejo [después de salir] me puse a llorar porque no me reconocía”, cuenta, desde Sudán, por teléfono.

La EIPR ha alertado de que el elevado número de arrestos ha causado hacinamiento en algunas comisarías y que algunos detenidos han sido trasladados a centros de detención extraoficiales, donde el acceso a la atención médica y la comida suele ser muy limitado. “En los tres primeros meses de 2026, grupos de derechos humanos han confirmado la muerte de siete migrantes y refugiados detenidos, según la EIPR. Al menos uno era menor y cinco estaban registrados con Acnur.

Nafisa acabó siendo deportada a través de la frontera terrestre con Sudán casi un mes después de su detención. “Acabas de pasar por una guerra y un desplazamiento y sientes que ya está”, relata, entre sollozos, “pero luego pasa algo así”. “No porque sea negra o sudanesa dejo de ser un ser humano normal”, continúa, “me sentí como una criminal, pero no había hecho nada”.

Mohamed Lotfy, director de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF), explica que “las personas arrestadas [generalmente] permanecen incomunicadas, así que los abogados solo pueden asumir sus casos cuando las familias lo comunican, lo cual suele ocurrir unos días después”. “Para entonces”, agrega, “la persona cuenta ya con documentación para ser deportada o ha sido trasladada a un tribunal en preparación para su caso o su deportación”.

Acabas de pasar por una guerra y un desplazamiento y sientes que ya está, pero luego pasa algo así

Nafisa, refugiada

En octubre de 2025, cuando ya se había producido un repunte de detenciones de migrantes y refugiados, cuatro relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación e interpelaron al Gobierno egipcio. En ese momento, reportaban un “alarmante aumento” de detenciones del 56% en solicitantes de asilo con residencia y del 121% en personas registradas por Acnur. El Cairo respondió dos meses después y afirmó que nadie es arrestado por ser refugiado o solicitante de asilo, sino por violar leyes de residencia o entrar en el país ilegalmente, y declaró que si la persona tiene una tarjeta de Acnur no es deportada. Este marzo, los relatores de la ONU volvieron a alertar de las violaciones contra esta población.

Lotfy considera que la mayor mano dura de Egipto se ha ido gestando a raíz de la llegada de más de un millón de refugiados sudaneses desde 2023, de las amenazas israelíes de expulsar a los palestinos de Gaza a territorio egipcio y de las conversaciones sobre ayuda financiera de El Cairo con la Unión Europea (UE). “Estos aspectos de seguridad y financieros llevaron al Gobierno a querer tener el control absoluto de la situación migratoria”, observa.

Para Ennarah, del EIPR, “no hay una razón oficial” para justificar las detenciones. “El discurso del Estado sigue siendo que somos un país que acoge a los refugiados”, señala. “Creo que Egipto intenta, por un lado, dejar claro que ya no es tan abierto como antes para que dejen de llegar estas personas y, por el otro, presionar a la UE y a otros países para que contribuyan más económicamente”, especula.

Clima hostil

Para solicitar asilo en Egipto se debe presentar primero una petición a Acnur, que cuando estudia el caso concede tarjetas con una validez de entre un año y medio y tres años para que se pueda obtener una residencia temporal mientras se espera la resolución. Sin embargo, cada parte de este proceso puede prolongarse meses o años, por lo que muchos quedan atrapados en lo que grupos de derechos humanos califican de una situación de irregularidad forzosa.

La actual campaña de arrestos y deportaciones se produce solo un año después de que Egipto ratificara su primera ley de asilo, con la que pretende asumir la responsabilidad de registrar, estudiar y resolver las solicitudes de asilo en el país, una tarea que hasta día de hoy ha sido delegada a Acnur. Aunque la norma consagra algunos derechos y abre la puerta a que los refugiados obtengan la nacionalidad, su fuerte carácter securitario ha generado alarma.

“Estas redadas y oleadas de arrestos se han convertido en una práctica habitual desde que se aprobó la nueva ley de asilo en Egipto en diciembre de 2024”, señala Lotfy, que sospecha que así puede crear “una situación insostenible” para mucha de la gente migrante y refugiada que vive en Egipto. “Puede que terminen teniendo que irse de un lugar en el que tampoco están seguros”, agrega.

El aumento de las detenciones y el riesgo de ser deportados están infundiendo preocupación y una sensación de incertidumbre en muchas familias, según tres de los testimonios recogidos por EL PAÍS. “La sensación general es de inseguridad”, relata un activista sudanés en Egipto, “lo que lleva a algunos a considerar alternativas, como regresar a Sudán o ir a otro país”.