Familiares de muertos en la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte:“Ya no tenemos miedo a hablar”

Arlene Benjamin recuerda cada detalle de la noche en que mataron a su marido. Ocurrió en septiembre de 2016. Cuenta que, al caer la tarde, él volvió a casa agotado tras finalizar su jornada como conductor de autobús. Cenó ligero y se sentó a ver la televisión. Mientras su marido dormitaba en el sofá, ella divisó dos figuras en el exterior. Pensó que se trataba de chavales tramando alguna gamberrada. De pronto, irrumpieron en su hogar y comprobó que eran hombres armados con el rostro oculto con pasamontañas. Sin mediar palabra, los dos intrusos dispararon 16 tiros a su marido. Una bala alcanzó a su hijo de cinco años. Benjamin acertó a salir a la calle pidiendo socorro con el chiquillo ensangrentado en sus brazos. Una vecina llevó al niño al hospital y sobrevivió. “Creo que salvó la vida como recompensa a la inmensa bondad que siempre tuvo mi marido”, dice, pujando por contener las lágrimas.

En Bagong Silangan, una humilde barriada a las afueras de Manila, se reúnen para dar testimonio, además de Benjamin, otras siete familiares de personas que murieron en la guerra sucia contra la droga emprendida por Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022. El exmandatario lleva desde marzo de 2025 detenido en La Haya a la espera de juicio por crímenes contra la humanidad. Instruye la causa el Tribunal Penal Internacional (TPI). Sobre los hombros de Duterte pesa una acusación que describe una campaña de terror sistemático, una estrategia para cortar por lo sano con el consumo de estupefacientes basada en una licencia para matar sin límites. La coalición filipina para el TPI calcula que, en aquellos años de plomo, fallecieron en asesinatos extrajudiciales unas 30.000 personas, casi todos varones.

Anochece en Bagong Silangan, donde el alumbrado público es escaso y muchas casas se alzan inestables, construidas a pedazos. Madres, esposas y hermanas comparten experiencias diversas con un núcleo común: la total indefensión de las víctimas y la absoluta impunidad de los perpetradores. Algunos hombres perecieron en casa. Otros, en episodios callejeros llenos de incógnitas. Los asesinos fueron supuestos justicieros embozados o policías a cara descubierta. Tres familiares admiten que sus seres queridos consumían o vendían shabu, como llaman en Filipinas a la metanfetamina. El resto asegura que alguien depositó drogas y armas en los cadáveres para justificar las muertes. Irma Locadia, una enjuta anciana de mirada audaz, explica que su hijo, zurdo, apareció sin vida en un callejón con una bolsa de shabu en el bolsillo y un revólver en la mano derecha.

Coordinadora de Rise Up, una asociación de víctimas, Rubilyn Litao lucha para que esa distinción entre drogadictos o no, entre pequeños traficantes y honrados ciudadanos, deje de importar. “Durante la época de Duterte, en la opinión pública se impuso la idea de que, si estabas implicado en un asunto de drogas, merecías morir”, lamenta.

Los métodos de Duterte todavía polarizan a la sociedad filipina, aunque se aprecia un notable cambio de mentalidad. El 51% opina que debería rendir cuentas ante el TPI, según una encuesta realizada el pasado año. Un 24% no lo tiene claro, y el resto legitima la brutalidad de su enfoque punitivo. Según Litao, “hoy predomina la idea de que hay que preservar la vida a toda costa”.

Aún así, viajando por Filipinas queda patente el prestigio que conserva Duterte y brota enseguida el relato de una limpieza para muchos necesaria. Se le defiende aduciendo que los fallecidos no son tantos en realidad. Y que, en cualquier caso, la mayoría se resistieron a su arresto. “Antes de que violen a niños, prefiero verles muertos”, espeta en un café de Manila una joven universitaria.

Cuotas con incentivos

Lo cierto es que Duterte nunca escondió sus intenciones. Siempre hizo gala de un cruel sarcasmo al exponer sus drásticas soluciones para erradicar la droga del archipiélago. Tras una manifestación celebrada en el centro de Manila el pasado 10 de diciembre (día internacional de los derechos humanos), la abogada Kristina Conti recuerda, por ejemplo, que, a finales de 2015, antes de ganar las elecciones, el exmandatario “felicitó las Navidades a todos los filipinos y, muy especialmente, a adictos y traficantes, añadiendo que para ellos serían las últimas”.

Conti es una de las impulsoras del caso contra Duterte en el TPI. Su organización, la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (UNAP), lleva desde finales de 2016 colaborando con otras entidades como Rise Up para recabar pruebas y armar una acusación sólida. La causa fue admitida a trámite a finales de 2018. Como consecuencia, Filipinas se salió del TPI en 2019, pero lo ocurrido hasta entonces sigue quedando bajo la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya. “Pronto vamos a ampliar el caso a otras ocho personas; Duterte es solo el principio de un largo camino de justicia y reparación”, dice Conti.

En lo alto de la lista de próximos encausados figura Ronald Dela Rosa, principal brazo ejecutor de la guerra contra la droga como jefe de la policía filipina hasta 2018. El tándem Duterte-Dela Rosa se forjó cuando el primero era alcalde de Davao (una ciudad de la isla de Mindanao) y el segundo su lugarteniente en asuntos de seguridad. Juntos crearon un plan para limpiar las calles, primero de Davao, luego de toda Filipinas. .

Llevar a Duterte ante la justicia ha supuesto mucho trabajo y grandes dosis de paciencia. Ha sido un proceso minucioso pleno de escollos y envuelto en un clima de silencio por temor a represalias. Tanto de los familiares de las víctimas como entre la propia policía, donde, subraya Conti, “reina una cultura de omertá que impide que alguien se atreva a hablar”.

Llamaban a periodistas para que cubrieran sus operaciones y era un secreto a voces que tenían cuotas de muertos con incentivos. Fueron años de ostentación justiciera teñida de sangre

Rubilyn Litao, coordinadora de la asociación de víctimas Rise Up

En los primeros meses de terror, solo asesinaban escuadrones de la muerte con una estructura muy descentralizada y difícil de vincular a las altas esferas del poder. La abogada de la UNAP explica que se abrió “un filón” cuando, a principios de 2017, las fuerzas de seguridad empezaron a tomar protagonismo explícito. “En toda causa se necesita un perpetrador identificable. Con la policía claramente implicada, solo había que ir subiendo en la jerarquía hasta llegar al último escalón”.

De alguna forma, el proceder de los agentes como soldados intocables fue dejando en evidencia a aquellos de los que obedecían órdenes. “Llamaban a periodistas para que cubrieran sus operaciones y era un secreto a voces que tenían cuotas de muertos con incentivos. Fueron años de ostentación justiciera teñida de sangre”, subraya Rubilyn Litao. Si un mes no encontraban suficientes objetivos a los que abatir, prosigue la coordinadora de Rise Up, “se elegía a un cartonero o a un vendedor callejero, se maquillaba la escena del crimen y asunto arreglado”.

Hoy, continúa Conti, se sabe de circulares internas en las que se exigía a los policías que “neutralizaran” adictos y traficantes. Han salido a la luz autopsias amañadas para que la causa de muerte fuera una neumonía y no dos tiros en la cabeza. Según ella, está demostrado que muchos agentes mataban como tales en su jornada laboral y como mercenarios al acabar su turno. “Buscamos la verdad como un paso esencial hacia la restitución del honor de las víctimas y la sanación de sus familiares”, insiste Conti.

Espero que Duterte muera en la cárcel. Y que tarde mucho tiempo en morir

Una mujer que perdió a su padre y hermano

En la barriada de Bagong Silangan, Llore Pasco, que en mayo de 2017 perdió dos hijos, afirma con una sonrisa que los tiempos de agachar la cabeza se han acabado. “Ya no nos escondemos, ya no tenemos miedo”. Otra mujer admite que, al ver a Duterte tan mayor (tiene 80 años), le entra “un poco de compasión”, aunque ese sentimiento se le quita rápido para “transformarse en rabia”. En el reparto de culpas, ella no tiene dudas: “Todos los que participaron son responsables, pero él más que nadie, aunque no apretara el gatillo”, dice.

No lejos de allí, en el Café Silingang, que solo emplea a familiares de víctimas, una camarera que perdió a su padre y hermano y que prefiere no decir su nombre —“seguimos sufriendo acoso y odio de gente estúpida”— no oculta sus deseos: “Espero que Duterte muera en la cárcel. Y que tarde mucho tiempo en morir”.