Doce años sin patria en República Dominicana: “El Estado convirtió esa violación de derechos humanos en una política pública”

“Es como si no existieras. No puedes ni comprarte una tarjeta SIM para el teléfono. Cuando un Estado decide quitarte la nacionalidad, te está matando civilmente”. Así habla Franklin Dinol, coordinador nacional del movimiento Reconoci.do, que reclama la plena ciudadanía de la población de origen haitiano nacida en República Dominicana. El 23 de septiembre de 2013, Franklin y otras 200.000 personas dejaron de ser dominicanas. De nada sirvió que hubieran crecido en la isla caribeña, que hablaran español, ni que todos sus vínculos humanos y profesionales estuvieran allí. Su ciudadanía fue anulada.

La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional eliminó de forma retroactiva el derecho a la nacionalidad por nacimiento, el ius soli o derecho de suelo para personas nacidas en el país entre 1929 y 2010 de padres haitianos. Aunque gracias a la ley 169-14 de Naturalización se permitió regularizar a algunas, se calcula que, en 2025 aún había alrededor de 150.000 en ese limbo, según datos de Reconoci.do. Estas personas ―y también los migrantes haitianos― están expuestos a redadas migratorias cada vez más frecuentes que tienen un fuerte componente racial, denuncian activistas, y también chocan contra importantes barreras para acceder a educación y sanidad.

Jermania Sevito, abogada y activista de Reconoci.do, estaba en la universidad cuando se dictó la sentencia en 2013. “Tuve que dejar las clases, igual que Franklin (Dinol) y muchas otras personas. Perdimos años de vida, porque sin nacionalidad no puedes acceder a estudios superiores, ni acceder a un trabajo formal, ni casarte o registrar a tus hijos. Es terrible”, asegura en una entrevista por videollamada.

En República Dominicana viven 11,5 millones de personas de las que algo menos de un millón son haitianas. En el siglo XX, miles de personas pasaron al lado dominicano de la isla para trabajar en la industria azucarera y otros sectores. Desde hace algunos años, el movimiento migratorio continúa impulsado por la pobreza, la inseguridad y la inestabilidad política en Haití.

Perdimos años de vida, porque sin nacionalidad no puedes acceder a estudios superiores, ni acceder a un trabajo formal, ni casarte o registrar a tus hijos

Jermania Sevito, abogada

Entre septiembre de 2024 y mediados de 2025 fueron deportadas a Haití más de 370.000 personas migrantes y dominicanas despojadas de su nacionalidad. A título de comparación: en agosto, el país caribeño deportó a 35.276 haitianos y ese mismo mes, Estados Unidos deportó 29.263 personas dentro de las políticas antimigratorias de la presidencia de Donald Trump.

Una desnacionalización anunciada

Desde principios de 2000, miles de familias se enfrentaron a obstáculos para registrar a sus hijos en el Registro Civil. En algunos municipios las inscripciones eran aceptadas, mientras que en otros se rechazaban de forma arbitraria con el argumento de que se trataba de hijos de haitianos, incluso cuando los padres eran dominicanos por nacimiento. Muchas familias cuentan que se vieron forzadas a desplazarse de provincia en provincia hasta encontrar un funcionario que aceptara inscribir a los recién nacidos. “En 2013, el Estado dominicano se quitó la careta frente al mundo”, cuenta Felipe Fortines, abogado de origen haitiano e integrante de Reconoci.do. “Convirtió esa violación de derechos humanos en una política pública, decretando un genocidio civil para una parte de sus ciudadanos”, agrega.

Un año después, en 2014, el Estado aprobó la ley de Naturalización para regularizar una parte de las personas despojadas de su ciudadanía. Fue la primera gran victoria de Reconoci.do, que se ha convertido en una de las voces más importantes contra la desnacionalización, con una red de unos 600 líderes.

La ley de 2014 dividió a la población afectada en dos grupos. El grupo A, compuesto por quienes ya estaban inscritos en el registro civil, y el grupo B de los que nunca fueron registrados al nacer. “De las 61.000 personas del grupo A, más de 34.000 aún no han recuperado la nacionalidad, mientras que en grupo B, solo 8.755 personas lograron acogerse al proceso”, cuenta Dinol, mostrando el impacto limitado de la norma.

“Además, lo que se otorgó fue solamente la naturalización, o sea una ciudadanía de segundo nivel”, explica Fortines. “Nosotros exigimos recuperar la nacionalidad plena, porque no somos extranjeros naturalizados, somos dominicanos al 100%”.

Convertirse en apátridas expuso a miles de personas a la deportación forzada. “Si eres negro o con un apellido afrancesado, tienes que andar con tus documentos todo el tiempo. La policía migratoria detiene incluso a personas afrodescendientes dominicanas sin origen haitiano”, explica Dinol.

Nosotros exigimos recuperar la nacionalidad plena, porque no somos extranjeros naturalizados, somos dominicanos al 100%

Felipe Fortines, abogado

Las redadas migratorias tienen un importante componente racial y en los últimos meses se han intensificado en comunidades empobrecidas, barrios populares y bateyes o asentamientos donde viven familias de origen haitiano que trabajan en la industria azucarera. “La gente ya no está en sus casas”, cuenta Epifanía St. Chals Lichardo, activista de Reconoci.do. “Duermen en iglesias o en los campos de caña. Se esconden para evitar que los aprehendan”.

La mano dura que aplica el Gobierno del presidente Luis Abinader, liberal de centroderecha, se inscribe en una larga tradición de discriminación de los haitianos, arraigada desde el siglo pasado y reforzada durante la dictadura de Rafael Trujillo. Desde 2022, el Estado dominicano está construyendo un muro en la frontera con Haití con mallas y sensores, muy en la línea con las políticas de seguridad nacional promovidas por países como EE UU o Hungría. El muro cubrirá 176 de los casi 400 kilómetros de la frontera. Por ahora, hay 54 kilómetros construidos.

“Están deportando incluso a menores. Ya hay familias que no envían a sus hijos a la escuela por miedo”, denuncia St. Chals Lichardo. Aunque el Ministerio de Educación garantiza formalmente el acceso a la educación básica independientemente del estatus migratorio, en la práctica muchas familias prefieren no arriesgarse. Además, para acceder a formación técnica o ingresar a la universidad, el acta de nacimiento sigue siendo imprescindible.

La última frontera del hospital

En abril de 2025, el presidente Abinader anunció 15 medidas que endurecen las políticas migratorias. Una de ellas, la número 11, obliga a los hospitales públicos a verificar e informar del estatus migratorio de los pacientes.

Amnistía Internacional ha exigido al Gobierno dominicano garantizar el acceso a la salud sin discriminación y proteger a quienes defienden la justicia racial y los derechos humanos. Pero la realidad es que los hospitales se han convertido en una nueva frontera de control migratorio que afecta especialmente a las embarazadas migrantes o dominicanas de origen haitiano, que evitan acudir a los centros de salud por miedo a ser detenidas y deportadas.

Están deportando incluso a menores. Ya hay familias que no envían a sus hijos a la escuela por miedo”

Epifanía St. Chals Lichardo, activista

“Esto no es una política de ‘te atiendo y luego te deporto’. Es una política de negación del derecho a la salud. Porque si uno sabe que hay un agente migratorio apostado en el hospital, no va”, afirma Dinol.

El caso de Lourdia Jean Pierre resume las consecuencias de estas nuevas políticas. Aunque esta mujer tenía problemas de salud, dio a luz en casa el pasado mayo por temor a ser deportada. Murió tras el parto y las autoridades migratorias detuvieron y expulsaron al bebé y a su padre. El Estado no emitió ni siquiera un certificado de defunción. “Sin papeles aquí no eres persona. El Estado no te reconoce tampoco cuando mueres”, explica el abogado Felipe Fortines.

La pérdida de la nacionalidad en República Dominicana es uno de los casos más graves de apatridia del continente, condenada tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, cuando una persona es deportada al país vecino, intenta no permanecer en Haití. No solo porque no habla creole o francés o no tiene vínculos familiares al otro lado, sino por la violencia que desde hace años asfixia al país más pobre del continente americano, marcada por el control de las bandas criminales y la ausencia del Estado.

“La gente paga miles de pesos a coyotes para regresarse a República Dominicana. Ahí es donde quedan atrapados en redes de trata y tráfico de personas que operan con la complicidad de las autoridades migratorias”, denuncia Dinof. Cuando a una persona se le despoja de la nacionalidad”, se genera clandestinidad y violencia y también se está alimentando un gran negocio”, denuncia.