“Intenté suicidarme para no ser lapidada”: así se construye la acusación contra el régimen talibán por su persecución a las mujeres

“Pagué un precio muy alto por participar en manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres cuando los talibanes tomaron Kabul, el 15 de agosto de 2021. Meses después, unos 10 talibanes rodearon mi coche. Viajaba con mi madre, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos de seis y 10 años. Golpearon a mi cuñado, se llevaron a mi sobrino de 10 años. A mí me arrastraron fuera del coche y me pegaron con sus AK-47 y con pistolas eléctricas. Me cubrieron los ojos, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que, si me movía, me matarían. Después, me encerraron”.

La mujer que habla es la testigo número 22 de la sesión especial que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha celebrado esta semana en Madrid para documentar el apartheid de género impuesto por los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021. El veredicto preliminar, basado en los testimonios y pruebas recopiladas, considera que la conducta de los talibanes constituye crímenes de lesa humanidad por persecución de género, aunque la decisión final de este tribunal popular, que se conocerá en diciembre, no es vinculante. Sin embargo, desde la creación de esta corte en 1979 para abordar violaciones graves de derechos humanos ignoradas por los Estados, sus dictámenes “han tenido un gran valor simbólico y se han usado para presionar a parlamentos y gobiernos con el fin de impulsar cambios políticos específicos”, afirma a este diario Shaharzad Akbar, expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y directora de la ONG Rawadari, una de las organizaciones impulsoras del proceso.

Me arrastraron fuera del coche y me pegaron con sus AK-47 y con pistolas eléctricas

Testigo 22

La voz de la testigo 22, que declara de forma presencial, tiembla a veces, pero no llega a quebrarse. Narra con precisión quirúrgica, frente al panel de expertos del tribunal, el sufrimiento que padeció durante su encarcelamiento: los golpes, las descargas eléctricas y la tortura psicológica a la que fue sometida al ser obligada a escuchar los gritos de su cuñado, al que también maltrataban en una sala cercana. Sus captores le dijeron que había sido condenada a la “lapidación”. “Intenté suicidarme porque pensé que era mejor morir que seguir viva y ser lapidada, pero no lo logré”, admite. Fue liberada semanas después, obligada a firmar una confesión y a jurar que no contaría a la prensa su padecimiento. Todavía vive con dolores crónicos en la cabeza. “Pero quiero contar mi historia, que es solo una de las miles que han vivido y siguen viviendo las mujeres en Afganistán”, dice a este periódico.

Su testimonio, junto al de otras decenas de afganas, es parte de las pruebas presentadas por un equipo internacional de fiscales para demostrar que “los talibanes han institucionalizado la persecución contra las mujeres”. “No es solo represión, sino un crimen contra la humanidad”, denuncia la fiscal Benafsa Yaqoobi, miembro del grupo de juristas que han elaborado la acusación contra los 10 hombres que “representan el núcleo de la actual jerarquía de poder de los talibanes”, incluido su líder supremo, Haibatullah Akhundzada, los talibanes en su conjunto y el Estado de Afganistán. Ningún representante de los talibanes acudió a ejercer su derecho a la defensa. Además de testimonios, las pruebas incluyen documentos oficiales y decretos que reflejan una estructura de control diseñada para “restablecer el dominio absoluto de los hombres sobre la sociedad afgana”.

Decretos contra las mujeres

Desde su regreso al poder, los talibanes han emitido al menos 126 decretos que, según la fiscal Azadah Razmohammad, “han despojado deliberadamente a las mujeres y niñas afganas de sus derechos más fundamentales”. De ellos, “entre 70 y 80 tienen un carácter explícitamente de género”, al imponer restricciones que impiden a las mujeres estudiar más allá de la educación primaria, trabajar en la mayoría de los sectores o viajar sin un acompañante masculino. Las que se atreven a desafiar estas reglas, añade, “son arrestadas, torturadas, desaparecidas o incluso ejecutadas”.

“Participé en muchas protestas pacíficas en Kabul para reclamar para las mujeres libertad, igualdad y educación. Pero en una de ellas, los talibanes abrieron fuego para dispersarnos”, afirma también de forma presencial, pero con el rostro cubierto, la testigo número 21. Poco después de participar en aquella manifestación, fue secuestrada en su lugar de trabajo. “Me apuntaron con sus armas y me ordenaron callar. Me cubrieron el rostro y me llevaron a un lugar desconocido”, cuenta. En el centro de detención, fue golpeada, electrocutada y sometida a tortura psicológica. “Me llamaban impura, me decían que debía arrepentirme y aceptar al líder talibán como mi guía o moriría como una pagana”. “Me golpearon hasta romperme tres costillas. No podía respirar. A veces pensaba en suicidarme porque no veía esperanza. Cuatro minutos de tortura me dejaron una herida que llevo hace cuatro años”, dice. Tras semanas detenida, fue liberada bajo amenaza: “Me ordenaron guardar silencio y obedecer los decretos talibanes”. Finalmente, logró escapar a Pakistán atravesando el paso fronterizo de Torkham.

Cuatro minutos de tortura me dejaron una herida que llevo hace cuatro años

Testigo 21

“Estos actos no son incidentes aislados, sino parte de “una política de Estado deliberada, sistemática y generalizada” que busca borrar a las mujeres del espacio público, afirma Razmohammad. El también fiscal Moheb Mudessir añade que las medidas adoptadas por los talibanes cumplen con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma para tipificar un crimen de lesa humanidad. “La persecución contra las mujeres y niñas de Afganistán no es un efecto colateral del régimen, sino su núcleo ideológico”, afirma. Según Mudessir, la estrategia es tan extensa que se aplica “en todo el territorio afgano, sin excepción de provincias o distritos”, a través de organismos como el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio o la Dirección de Supervisión de Decretos, encargados de imponer las normas de segregación. Además, la represión afecta con especial dureza a las mujeres de minorías étnicas o religiosas, víctimas de redadas y detenciones arbitrarias.

Tras un atentado contra una escuela haara, “resulté herida y la mayoría de mis amigas, muertas

Testigo 11

La testigo número 11, de la etnia hazara, ha vivido tres atentados contra su escuela. En el último, después de la llegada de los talibanes, murieron casi 50 personas y ella resultó gravemente herida. “Era justo antes del examen de ingreso a la universidad. Estaba a punto de dar un paso muy importante para lograr mis aspiraciones, pero resulté herida y la mayoría de mis amigas, muertas”. “Después de aquello, no pude continuar con mi educación porque los talibanes nos prohibieron ir a la universidad. Me vi obligada a abandonar Afganistán para sobrevivir y reconstruir todo desde cero. Pero sigo recibiendo tratamiento como consecuencia de aquella explosión y sigo teniendo dolores de cabeza e insomnio”, relata.

Además de vetar su acceso a la educación secundaria y universitaria, los talibanes han prohibido a las mujeres trabajar en la mayor parte de los sectores y han restringido hasta casi eliminarlo su acceso a la atención sanitaria, puesto que solo pueden acudir a clínicas si las acompaña un hombre y siempre que haya una mujer para atenderlas. “Fuera de Kabul, apenas hay doctoras o enfermeras”, afirma la fiscal Yaqoobi.

Un doctor se negó a tratarme porque me dijo que cerrarían su clínica si atendía a mujeres

Testigo 20

La testigo número 20 ha sido víctima de esa exclusión sanitaria. “Conseguir cuidados médicos, incluso los más básicos, es un reto. En una protesta en la que participé tras la llegada de los talibanes me hirieron en un brazo con una pistola eléctrica, pero un doctor se negó a tratarme porque me dijo que cerrarían su clínica si atendía a mujeres. Ahora hasta tenemos problemas para ir al dentista”, relata.

Como consecuencia de la expulsión de las mujeres de todos los espacios públicos, sociales, sanitarios o laborales, el equipo de fiscales denuncia la inexistencia de lugares seguros para las afganas dentro de su tierra natal. “Nos enfrentamos a una de las violaciones más urgentes e irreparables del derecho internacional en el mundo actual”, afirma Mudessir.

Me apuntaban con las armas, me pegaban en la cabeza y no me daban ni una gota de agua. Mis hijos lloraban de sed

Testigo 3

La testigo número 3 lo ratifica con su testimonio. Tras una vida marcada por las agresiones físicas y psicológicas de su marido, cuenta al tribunal que decidió armarse de valor y denunciarlo. “Fui a la comisaría, pero los talibanes rompieron mis cartas, me pegaron y me echaron. Me decían: ‘Eres una mala mujer’. Me obligaron a volver a esa casa, que era el infierno para mí”, declara en una grabación en audio ante el tribunal. Pero antes de regresar, fue “golpeada y azotada en un centro de detención” frente a sus hijos. “Me apuntaban con las armas, me pegaban en la cabeza y no me daban ni una gota de agua. Mis hijos lloraban de sed”, recuerda. Tras varios intentos de huida, consiguió llegar a Kabul con la ayuda de un familiar que fingió ser su tutor masculino. “Una mujer sola no puede viajar; me preguntaban dónde estaba mi hermano, mi padre, mi tío… Les decía: están muertos. No tenía a nadie”. Después logró cruzar a Irán, pero sin sus hijos, que quedaron al cuidado de su marido. Su última noticia es que su hija ha sido forzada a casarse con un hombre mayor. “Lloro día y noche”, suspira. Y se pregunta: “¿Quién escucha la voz de las mujeres afganas? ¿Qué crimen hemos cometido?”.