Politizar el ‘Guernica’ de la peor manera

Desde que Picasso lo pintó en plena Guerra Civil por encargo de la República española, el Guernica es algo más que un cuadro: es un icono político. Tanto, que ese carácter icónico lo sometió a partir de 1937, y durante años, a una gira de exposiciones que terminó por dañarlo gravemente. Por eso en tres décadas no se ha movido del Museo Reina Sofía de Madrid, donde recaló en 1992 procedente del cercano Casón del Buen Retiro, el edificio del Museo del Prado al que llegó en 1981 desde el MoMa de Nueva York y donde —por si cabía alguna duda de su dimensión política— pasó una década protegido por un cristal antibalas y hasta por la Guardia Civil.

La reciente petición del Gobierno vasco de trasladar el lienzo durante ocho meses al Guggenheim de Bilbao para conmemorar el 90º aniversario del bombardeo perpetrado por la aviación alemana sobre Gernika el 26 de abril de 1937 se suma a las cursadas en 1997 y 2007. Como en anteriores ocasiones, el Ministerio de Cultura ha denegado el préstamo basándose en los informes del departamento de conservación del Reina Sofía.

El último de ellos tiene fecha del pasado 25 de marzo. Se redactó tras el encuentro entre el ministro Ernest Urtasun y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y es inequívoco: se “desaconseja rotundamente” el traslado de la obra porque “su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte”. Dichas vibraciones “podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte”.

En el caso del Guernica —uno de los cuadros más analizados, por dentro y por fuera, de la pintura moderna—, el sintagma “estado de conservación” resume el historial de una tela de más de siete metros de largo por tres y medio de alto que, antes de recalar en su destino actual, fue enrollado y desenrollado en más de 30 ocasiones para ser expuesto en 11 países y sufrió la agresión de un activista armado con un espray rojo. El resultado son deformaciones, craquelados por toda la superficie, pérdidas en los bordes, microfisuras en cada capa de óleo y el endurecimiento de la cera que se le aplicó en el reverso en 1957 —dado ya entonces su mal estado— y que lo hacen especialmente sensible al movimiento.

Los informes de los técnicos deberían servir para zanjar la discusión sobre el viaje del Guernica y evitar riesgos innecesarios a una obra que cualquiera puede visitar a 400 kilómetros de Bilbao. Lamentablemente, en la España de hoy todo puede ser pasto de la política de vuelo bajo, y el destino del mural de Picasso ha servido tanto para las altisonancias de la presidenta de Madrid en contra del traslado como para las apelaciones a vincularlo a un difuso “deber democrático” por parte de la portavoz del Govern catalán.

Aunque lo vista de “acto de reparación”, lo que pide el Ejecutivo de Vitoria no una restitución ni mucho menos, como pretende el PNV, una “vuelta a casa”: la obra pertenece desde su origen al Estado español, es decir, a todos los ciudadanos (vascos incluidos), cuyo Gobierno legítimo fue durante la guerra víctima de aquello que denunció el pintor malagueño. Lo que se pide es un préstamo. Y los préstamos los deciden los patronatos de los museos. El del Reina Sofía ha sido siempre claro al respecto, incluso para negárselo en el año 2000 al MoMA, que se ocupó del Guernica hasta su envío definitivo a España, donde nunca había estado. Este martes en el Senado el ministro Urtasun acertó al recordar que su obligación es preservar el patrimonio. También debería ser la de cualquier responsable autonómico que no piense que puede sacar rédito de ignorar el dictamen de los expertos sobre una obra maestra pero maltrecha.