Cómo alimentar a la ultraderecha

En un intento de redirigir las negociaciones en Extremadura y Aragón, el Partido Popular ha dado un giro de forma y fondo. La forma, que como es sabido conforma, supone una desautorización de facto de los máximos dirigentes de la formación, María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, al quedar tutelados por la dirección nacional del partido. Una especie de 155 interno.

El cambio de fondo se recoge en el documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica, y supone la aceptación de buena parte de los postulados de Vox. En especial, los más simbólicos: aquellos que la ultraderecha europea exhibe como banderas propias. A cambio de un compromiso para aprobar los cuatro presupuestos que conforman una legislatura, los populares rechazan políticas climáticas, extienden la sombra de la duda sobre quienes reciben subsidios públicos, vinculan la inmigración con el deterioro de la convivencia y los servicios públicos, disuelven la violencia machista en una condena genérica a cualquier forma de violencia y advierten contra un deterioro de la seguridad ciudadana que no refleja ninguna cifra oficial.

Más allá de consideraciones ideológicas, una parte importante de estas propuestas carece de base argumental, lo que podría llevar a pensar que son un brindis al sol, algo que llama la atención si tenemos en cuenta que el Partido Popular es un partido de gobierno. Lo ha sido 15 años desde La Moncloa y lo es actualmente en 11 comunidades autónomas.

Empezando por el tema favorito de la ultraderecha, la inmigración, el documento del Partido Popular afirma tajante que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”. Una simple lectura de los datos del Ministerio del Interior muestra que en el año 2025 la inmigración irregular descendió un 42,6% respecto a 2024. No sabemos dónde está el límite para considerar esta inmigración como “intolerable”, pero los datos no avalan ningún incremento imprevisto, sino todo lo contrario.

Si atendemos a lo social, afirman los populares que hay que hacer una “distinción entre las personas necesitadas y las aprovechadas. No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”. La AIReF estima que el Ingreso Mínimo Vital llega actualmente a solo un 20% de los hogares en situación de pobreza y a un 45% de los que tienen derecho a percibirlo. Salvo que se refieran a otros subsidios y tengan evidencia de un posible fraude, lo que los de Feijóo consiguen con estas afirmaciones es extender la sombra de la duda sobre toda la población vulnerable, haciendo suya la crítica a las “paguitas”, parte esencial del discurso ultra en aplicación del principio de sospecha a los pobres, puro ejercicio de aporofobia.

Vayamos a la siguiente bandera ultra, la oposición a las políticas ambientales. Sería interesante saber cuáles son las “políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria” que los populares rechazan. Esas políticas, recogidas en el Pacto Verde que impulsó, lideró y aprobó la conservadora Ursula von der Leyen, pueden crear hasta el final de la década (según BBVA Research) casi 160.000 empleos al año, y, según la patronal de las renovables, APPA, aporta en torno a un 1% del PIB, con tendencia creciente. Un vistazo al informe Draghi basta para comprobar que hoy competitividad y reindustrialización pasan, entre otros factores, por el desarrollo de las energías renovables en el conjunto de Europa. Máxime en España, con más sol y viento que otros vecinos.

La seguridad no podía faltar en un documento como este. Los populares dicen compartir la “preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana”. Es difícil entender a qué se refieren cuando, nuevamente, las cifras dicen lo contrario. En 2025 la criminalidad cayó un 0,2% con respecto al año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. De hecho, la tasa de delitos presenciales se sitúa en 40 por cada mil habitantes, una de las más bajas de la serie histórica. Cosa distinta es la cibercriminalidad, donde sí se ve un repunte que contribuye, además, a generar la percepción de mayor inseguridad, pero, ¿estarían los populares dispuestos a incrementar la vigilancia sobre las empresas tecnológicas?

Los anteriores son solo unos ejemplos. En este documento, que el PP ha presentado a Vox como inicio de negociación, hay más de asunción de proclamas de la ultraderecha, de forma acrítica y al margen de las evidencias, que propuestas de políticas solventes. Quizá por eso, y conscientes de los riesgos que están asumiendo, incluyen una frase demoledora que recuerda aquello de excusatio non petita…: “El Partido Popular tiene identidad política propia. Un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”. Por si fuera poco, a Abascal le ha faltado el tiempo para contestarles que a él no le van a domesticar.

Solemos preguntarnos cómo se para a la ultraderecha, y no hay evidencias claras de fórmulas de éxito. Sí sabemos, sin embargo, cómo se le alimenta: comprándole sus propuestas y azuzando la crispación y el cabreo.