El ingreso mínimo reduce la probabilidad de trabajar, pero ayuda a evitar la precariedad

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, reduce en 0,6 días mensuales el trabajo en promedio y el incentivo al empleo, que permite compatibilizar trabajo y prestación, no corrige estos problemas. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analiza cada año la primera prestación estatal para personas vulnerables. El diagnóstico de 2025, cuando se cumplen cinco años en vigor de la medida, dedica un amplio apartado al efecto del IMV en la participación laboral de los beneficiarios, un asunto que no había abordado en los análisis previos. Fuentes de la Seguridad Social consideran que este estudio del incentivo al empleo es “temprana” porque solo se dispone de cifras del primer año de aplicación (2023) y que “sería conveniente esperar a contar con más datos”.

“Son resultados que no nos sorprenden”, ha dicho la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en la rueda de prensa en la que el organismo que preside ha presentado los resultados. “La literatura académica ya señala que las prestaciones de último recurso pueden afectar a la oferta de trabajo, al elevar el salario mínimo por el que una persona está dispuesta a aceptar un empleo”, ha explicado.

Esa circunstancia conecta con los efectos positivos sobre el empleo que Herrero identifica en el IMV, pese a los problemas anteriores. “El IMV aumenta la probabilidad de tener un contrato indefinido (un 3%), facilita rechazar empleos precarios, un mejor emparejamiento entre formación y empleo y ofrece posibilidades de recualificación profesional”, ha subrayado la presidenta de la Airef, organismo que también destaca que el IMV permite búsquedas laborales más selectivas y proporciona una estabilidad que puede mejorar el rendimiento del empleado.

Por contra, la menor participación en el empleo de los beneficiarios se ahonda en menores de 30 años, en hogares monoparentales y con importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en torno al 20% (frente al 12% promedio).

Dado este diagnóstico, con los efectos negativos y positivos sobre el empleo en cuenta, la Airef recomienda una “reformulación completa del diseño del incentivo al empleo”, el instrumento con el que el Ministerio de Seguridad Social buscaba evitar esa menor participación en el mercado laboral. El organismo reclama que esta vía sea “visible para los potenciales beneficiarios, transparente en su duración y modulable según el momento de incorporación laboral y la intensidad de la jornada”. Este incentivo benefició al 30% de los hogares perceptores en 2024, la misma cifra que en 2023.

Entre los problemas de diseño del incentivo al empleo que advierte la Airef, destaca el uso de información fiscal con desfase temporal “que impide que los beneficiarios perciban las ventajas del incentivo”; que carece de elementos que fomenten con “rapidez” la incorporación laboral o la intensidad de la jornada; y “no ofrece duración garantizada que proporcione seguridad a los beneficiarios”.

La Airef también dedica una parte importante del último análisis a estudiar la permanencia en la prestación. Concluye que el 90% de los beneficiarios recibe el IMV más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y el 60%, más de tres años. “Esta permanencia, junto con los efectos en el empleo identificados, plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de transición hacia el empleo que incluye actualmente la prestación”, reflexiona la Airef en su cuarta opinión sobre el IMV.

El organismo que preside Herrero también subraya que no mejora la tasa de non take up, es decir, la proporción de potenciales beneficiarios que no la solicitan. Se mantiene en cifras similares a las del último análisis, con un 55% entre los beneficiarios del IMV y un 72% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). La Seguridad Social considera ambas prestaciones como IMV a efectos estadísticos, mientras que la Airef diferencia entre ellos. En su opinión del año pasado la Airef destacó que más de la mitad de los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que no lo solicitan reciben otras prestaciones, principalmente rentas mínimas autonómicas. Por ello, la Autoridad Fiscal reclama una mejor coordinación entre el ministerio y las autonomías para afrontar esta derivada.

El extenso análisis de la Airef, de 74 páginas, llega a más conclusiones: sube la tasa de cobertura del 36% al 42% en el IMV y del 19% al 23% en el CAPI; se reducen en 45 días los tiempos medianos de tramitación de la prestación; sobre el total de solicitudes presentadas a lo largo de 2024 seguía en trámite un 25%, frente al 49% de un año antes; hay una importante complejidad administrativa, con un 68% de beneficiarios afectados por la revisión de rentas; y el motivo principal de denegación de expedientes son causas relacionadas con el empadronamiento o la unidad de convivencia.

Además de reformular el incentivo al empleo y una mejora coordinación entre el IMV y las rentas mínimas autonómicas, para rebajar la tasa de non take up la Airef propone “implementar fórmulas de verificación automática de los requisitos esenciales para superar las barreras administrativas” y “profundizar en automatismos para que el CAPI llegue a los hogares potenciales desde el momento de inscripción del menor en el registro civil”. El organismo que preside Herrero también plantea la transformación de los objetivos generales del IMV en “metas cuantificadas y medibles” y reforzar los programas de acompañamiento individualizado.

Reacción de la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social considera que esta esta evaluación del incentivo al empleo es “temprana” porque “solo se dispone de datos del primer año de aplicación (2023); sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios para hacer una evaluación más fiable”.

A la vez, el departamento que dirige Elma Saiz subraya que el IMV “permite a los beneficiarios mejorar sus condiciones de vida en otros ámbitos (como vivienda o educación) y les permite mejorar sus perspectivas de empleo futuro”. Recoge los resultados del informe para destacar que “el IMV aumenta la probabilidad de obtener un contrato indefinido (3%) entre quienes ya trabajan”. “El informe no analiza variables sobre la calidad y condiciones del trabajo, pero desde el ministerio es posible estimar que el cobro del IMV permite esperar hasta encontrar un empleo de más calidad o adaptado a la formación de cada persona”, añade el ministerio.

Más allá del área laboral, el ministerio agrega matizaciones propias al estudio de la Airef. Indica que la proporción de potenciales beneficiarios que no lo solicitan “se basa en una estimación sobre qué hogares cumplen el requisito de la vulnerabilidad económica, pero no tiene en cuenta otros requisitos no económicos que sí condicionan la prestación”. “Hay que recordar que un porcentaje importante de solicitudes son denegadas por incumplir requisitos no económicos (residencia legal, que la unidad de convivencia esté formada al menos desde hace seis meses, vida independiente...)”, dice la Seguridad Social.

El departamento de Elma Saiz manifiesta su “total disposición” a la propuesta de la Airef de automatizar procesos para mejorar la cobertura y, a la vez, critica a las autonomías que están encogiendo sus prestaciones autonómicas: “Desde la entrada en vigor del IMV muchas comunidades autónomas han dejado prácticamente a cero su inversión en rentas mínimas. Algunos ejemplos: el número de receptores de Madrid se ha reducido un 97%; en Aragón, un 91%; Castilla-La Mancha, un 82%; Castilla y León, un 69,7%. En total, han dejado de invertir más 510 millones en pobreza hasta 2024″.