Empresarios con coraje

Bravo por los empresarios con coraje. Por quienes empatizan con la regularización de medio millón de inmigrantes, ya asentados pero carentes de documentación. “Celebro que el Gobierno haya tenido la valentía de dar un paso” adelante, reaccionó Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, la gran patronal catalana. Y es que “los empresarios necesitamos la inmigración como el aire que respiramos y el agua que bebemos”, esgrimió.

También Josep Ginesta, el secretario general de la patronal de los pequeños, PIMEC, la apoyó por “su vertiente social“ y porque los empresarios señalan “como su primer problema encontrar personal”. Ya en 2024 su líder, Antoni Cañete, abonaba la medida en ciernes, porque “fomenta una sociedad más inclusiva y cohesionada”.

La gente catalana de empresa rompe así la imposible equidistancia practicada por la CEOE. Antonio Garamendi se escurrió: “es una cuestión de Estado que debería llevarse al Parlamento y no ser objeto de medidas unilaterales del Gobierno”. Tachín, tachín, esa música secuestrada por el trumpismo implícito de un PP que agita el “efecto llamada” de la regularización. A sabiendas de su ficción. Y a un paso del ansia de Vox por deportar en masa. Incluyendo a la Virgen de Montserrat, por negra e indepe.

Los de Foment y PIMEC priman la supervivencia empresarial, atenazada por la escasa mano de obra, a la complacencia de sus radicales. Valoran la seguridad jurídica, ante el desorden. Y evidencian un aliento de equidad —aún si chirría con su habitual desdén a los impuestos—, frente a réditos inmediatistas como pagar salarios inferiores, ahorrarse la cuota patronal a la Seguridad Social, o renunciar al perverso dividendo de la sobreexplotación a esos tan desposeídos que ni siquiera poseen papeles.

El “efecto llamada” es una falsedad, desmentida por las investigaciones científicas. Está demostrado que la anterior regularización, de 2005, “no generó un efecto llamada” (magnet effect); que “el empleo legal de inmigrantes aumentó”, que los ingresos fiscales aumentaron a razón de 4.000 euros por inmigrante regularizado”; y que “no hay evidencia” de haber causado “un aumento del gasto público”; mientras que “incrementó las oportunidades laborales de los emigrantes”, establece el más importante trabajo académico sobre aquel precedente (“Unsderstanding the effects of granting work permits”, Ferran Elias, Joan Monràs y Javier Vázquez-Grenno, Journal of Labor Economics, 2.025).

Los capitanes patronales de algún principio tampoco acudieron al ágape con la jefa del racismo catalán, Sílvia Orriols (Aliança), ideado para normalizarla entre supuestos empresarios y frívola gente bien. Lo convocó, en su golf privado ampurdanés, Emilio Cuatrecasas, el negociante y delincuente fiscal confeso de ocho fraudes por un total de 4,1 millones de euros. Eximio piernas.