Sánchez irrita a los oligarcas

El anuncio de que el Gobierno quiere regular las redes sociales para, entre otras cosas, prohibir su uso a menores de 16 años ha provocado una agresiva respuesta por parte de los dueños de dos de las plataformas digitales más utilizadas. El primero en reaccionar fue Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), que calificó al presidente del Gobierno de “fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España”. Musk, que no hace esfuerzos por ocultar sus opiniones racistas y tránsfobas, ya había tenido un encontronazo virtual con Sánchez días antes al difundir a través de su red social bulos sobre el anuncio de la regularización extraordinaria de inmigrantes que pretende el Ejecutivo.

El miércoles se sumó a la ofensiva Pável Durov, fundador de la plataforma de mensajería instantánea Telegram. En un mensaje no solicitado enviado a todos los usuarios de la aplicación en España (se calcula que está descargada en más de cinco millones de dispositivos) Durov cargó contra “unas normativas peligrosas que amenazan las libertades digitales”. Ayer, Sánchez respondió a Durov: “No podemos permitir que se meta en millones de móviles para contar mentiras”. Y redobló su desafío a lo que lleva meses calificando de “tecnooligarquía”: “La voz de la democracia no será doblegada por los amos del algoritmo”.

Sánchez, con sentido de la oportunidad política, ha alzado la voz en contra de una visión de internet sin más reglas que las que decidan las grandes empresas. Es una visión que comparte con entusiasmo la Casa Blanca, una de las razones por las que se produjo la simbiosis entre estos magnates y el trumpismo. Donald Trump la promueve con amenazas y sanciones a personalidades que, a su juicio, son “censoras”, como el excomisario europeo Thierry Breton, impulsor de la regulación europea digital, y el juez brasileño Alexandre de Moraes, que obligó a X a cumplir las leyes del país.

Los Estados democráticos de derecho se fundamentan en la ley. Las redes sociales se han hecho ineludibles para la comunicación, los negocios e incluso la conexión social cotidiana, sobre todo para los jóvenes. Deben someterse a regulación como cualquier otra industria, pues su lado oscuro está sobradamente diagnosticado: son aceleradores sin control en ámbitos como la desinformación masiva, la interferencia electoral, problemas de salud mental o cibercrímenes de todo tipo. Por su alcance y profundidad, la regulación que equilibre el límite a los efectos nocivos y el respeto a las libertades ha de resolverse en las Cortes con el máximo consenso. Ese debate debe empezar por rechazar el marco narrativo que imponen las empresas de libertad contra censura. No es así. Se trata de que las tecnológicas acepten que la democracia también tiene términos y condiciones de uso para operar en ella.

Aunque es loable tomar la iniciativa, el Gobierno debe no obstante recordar que en la UE tanto los servicios como los mercados digitales tienen una regulación ya en vigor. España debe hablar con sus socios europeos y no actuar unilateralmente, como le ha advertido la Comisión. A su vez, la Unión Europea no debe tener miedo de liderar en la regulación de los gigantes informáticos. En esa batalla se libra buena parte de un futuro de autonomía estratégica.

Esa soberanía tecnológica pasa también por resolver una de las contradicciones del mensaje del Gobierno: considerar que las redes sociales son un lugar tan tóxico como para prohibir su uso por los menores y, a la vez, utilizarlas como su principal canal de comunicación directa con la ciudadanía. Explorar las alternativas tecnológicas europeas a las empresas norteamericanas y apostar por ellas sería más contundente a corto plazo que las meras palabras.