Las huelgas de 1976 que trajeron la democracia a España

El final de la dictadura sólo se entiende desde una perspectiva multicausal, pero hay un hilo rojo que atraviesa aquel tiempo: el movimiento obrero organizado y clandestino y el impulso cívico que implicó. De hecho, las movilizaciones de hace medio siglo respondían a causas laborales, pero también a una profunda pulsión democratizadora. Se convocaron huelgas y manifestaciones por la mejora de salarios y condiciones de trabajo, a favor de unas elecciones libres, por la legalización de partidos y sindicatos, y por las libertades democráticas más básicas. Como suele subrayar Nicolás Sartorius, entonces dirigente de CC OO, el movimiento obrero y las capas medias representadas por los estudiantes universitarios fueron punta de lanza y motor de las grandes movilizaciones sociales que permitieron conquistar la democracia.

Esta intensidad movilizadora al final de la dictadura franquista organizada por los sindicatos ilegales, fundamentalmente Comisiones Obreras, fue uno de los acontecimientos centrales que explican el proceso. El 5 de enero de 1976 los trabajadores del Metro de Madrid se declararon en huelga para reivindicar un incremento de sus salarios y para reducir la jornada semanal de 44 a 40 horas. El atemorizado Gobierno de Arias Navarro decretó al día siguiente la militarización de Renfe y Correos para impedir una escalada de la movilización obrera, se amenazó a los trabajadores con ser juzgados por un Consejo de Guerra y el Metro fue militarizado el 10 de enero. Con esta acción se inició una intensa oleada de huelgas, aunque algunos conflictos ya habían brotado pocos días después de la muerte de Franco. Entre ellas destacan las grandes movilizaciones en Telefónica y en empresas como Chrysler, Standard-ITT o Intelsa, en las que participaron unas 200.000 personas en un ambiente de movilización generalizada.

También en enero de 1976 y en el Baix Llobregat, más de 60.000 personas pararon durante dos semanas en la huelga general convocada en apoyo a los trabajadores despedidos en Laforsa, La “marcha de los treinta mil”, convocada en Barcelona por parte de los trabajadores de la Seat, fue una indudable demostración de fuerza. La minería asturiana y leonesa, las acerías de Ensidesa en Mieres y Avilés se paralizaron por completo. Las protestas también se extendieron a muchas fábricas de Galicia, Navarra o Andalucía. En Euskadi la represión del movimiento huelguístico se saldó el 3 de marzo con el asesinato de cinco trabajadores y más de 150 heridos por disparos de la Policía Armada mientras celebraban una asamblea en una iglesia de Vitoria.

La recuperación de las libertades en España no se produjo como consecuencia de una decidida acción exterior. Más bien al contrario, tanto en 1936 como en 1945, las democracias liberales optaron por darnos la espalda. Fue desde dentro, con la canalización de las propias contradicciones económicas y de clase que generó el desarrollismo en los sesenta, lo que convirtió el anhelo por mejorar las condiciones materiales de vida en un factor democratizador de primer orden. Esta enseñanza histórica es tan relevante como habitualmente opacada.

El relato sobre la Transición ha balanceado entre su impugnación total —e injusta—, y la elitización edulcorada de ese proceso de cambio. En mi opinión necesitamos cultivar una memoria que nos ayude a consolidar una narrativa cívico-popular sobre nuestra democracia. Por eso hablar de aquella generación de antifranquistas que tuvieron una voz honrada en medio del espanto de la dictadura forma parte de la mejor tradición comunitaria. Son lo que Manuel Vázquez Montalbán llamó “nuestros atletas morales”. Un país necesita mitos constitutivos, que se basen en una verdad histórica, pero que trasciendan de la aproximación historicista para convertirse en un alma de autoestima de país.

En el caso de Portugal, el momento fundacional de su democracia fue el 25 de abril de 1974, cuando sonó aquel vibrante Grândola, Vila Morena por la radio y los capitanes del ejército salieron a la calle. En Francia, todo comenzó en agosto de 1944, cuando las tropas aliadas, entre las que se encontraba un puñado de republicanos españoles, entraron en París. "Ils sont arrivés“, titulaba eufórico el periódico Libération el 25 de agosto de ese año. La mayoría de los países tienen un día o un momento fundacional, una conmemoración redonda.

En nuestro caso, ese hecho fundacional democrático está relacionado con la capacidad movilizadora del sindicalismo antifranquista, en plena dictadura y en la salida de esta. En los tres primeros meses de 1976 se convocaron en España 17.731 huelgas, una galerna de protestas que fueron un factor determinante para acabar con la tentación de continuidad de la dictadura que encarnaba Arias Navarro y que fueron el elemento disuasorio de transiciones parciales como aparece en los cables que el embajador norteamericano Stabler remite a Kissinger.

La memoria no solo es un gesto de solidaridad hacia atrás, es sobre todo un acto moral y es una comunidad de recuerdo en torno a una democracia lograda, no otorgada. Recordamos para prevenir, para que no vuelvan los valores, las ideas y las jerarquías que hicieron posible la dictadura, y que anidan, como huevos de serpiente, en las nuevas formas de reaccionarismo autoritario. Recordamos para reivindicar el papel fundacional de las clases populares en la construcción de un marco constitucional democrático.