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Del héroe colectivo al salvador individual, 1976 fue el año clave de la Transición

La muerte de Franco no supuso exactamente el final de la dictadura. A lo largo de los siguientes meses, primero a través de la constante tensión en la calle y luego en los despachos del reformismo, se sentaron las bases de la configuración de la democracia

Retomando el título de la película documental de Cecilia y José Juan Bartolomé, que capturó los sentimientos de la gente común en una fase avanzada de la Transición, cabría preguntarse qué vino y qué vendrá Después de…. Y es que no todo terminó con la muerte del dictador, ni todo termina con las conmemoraciones de 2025.

A principios de 1976, la batalla por la recuperación de las libertades no hacía más que comenzar, con una catarata de acontecimientos que estremecieron a un mundo que, marcado por la lógica de la Guerra fría, observaba conteniendo el aliento una posible desestabilización del conjunto de la Península Ibérica. Hoy, por tanto, parece un acierto la decisión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de prolongar su programa de actividades para 2026, en conmemoración del cincuentenario del que fue probablemente el año clave de la democratización. De hecho, los 12 meses de 1976 significaron la conversión de un momento de incertidumbre política y tensión social en un verdadero proceso de transición.

Desde luego, lo que sucedió inmediatamente Después de… no fue que “muerto el perro, se acabó la rabia”, como imaginaba Antonio Gala en una tribuna del Sábado Gráfico que, con toda la intención, dedicaba a unas instituciones que habían quedado “viudas” y a las que aconsejaba “la autoincineración política” para que “de una vez puñetera, España sea de todos los españoles”. Semanario y artículo terminaron secuestrados, mientras que su autor fue procesado por el TOP, el Tribunal de Orden Público, todavía activo y bien activo. Todo ello, como informaba en mayo de 1976 el recién creado diario EL PAÍS, “ordenado directamente por el presidente del Gobierno”, Carlos Arias Navarro, un rabioso albacea de Franco ratificado en su puesto a finales del año anterior por Juan Carlos I, pese a que en sus recientes memorias, bautizadas como Reconciliación (Planeta, 2025), afirme que su “desconfianza era mutua y evidente”, y que tamaña muestra de continuismo se hizo al precio de imponerle en el gabinete “una serie de ministros que yo consideraba progresistas”. Entre ellos se contaban personalidades con planes de reforma limitada, como Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, José María de Areilza y Manuel Fraga, que cometió el inmenso error de aceptar la cartera de gobernación en un periodo en el que la oposición iba a hacerse dueña de la calle.

Y es que la rabia contra la máquina institucional franquista encontraba en las movilizaciones callejeras, además de en la letra impresa de unas publicaciones que se multiplicaban para configurar un “parlamento de papel”, su lugar natural de expresión. A medio camino entre la protesta espontánea, las reivindicaciones económicas y el resultado de las convocatorias de las plataformas de oposición y las organizaciones clandestinas, las propias autoridades gubernativas reconocían durante los primeros meses de 1976 que “las huelgas se desmelenan”, alimentadas porque “cuarenta años de abstinencia habían provocado hambre de manifestación”. Tan solo la militarización evitó el colapso de la capital en un mes de enero marcado por los paros sucesivos en el Metro de Madrid, la RENFE y los servicios de Correos, mientras que, a comienzos de febrero, dos impresionantes manifestaciones en Barcelona, animadas por la Assemblea de Catalunya, daban con la tecla a la hora de corear un programa de mínimos para las fuerzas democráticas, en el que se rimaba Libertad y Amnistía con Estatuto de Autonomía. Según la deseada coordinación de los pueblos peninsulares, dicha tríada no tardó en aparecer igualmente en las convocatorias en Andalucía e incluso, algo más tarde, en las reclamaciones autonomistas de Castilla y León, como recordaba Santos Juliá en Transición (Galaxia Gutenberg, 2017).

La rabia contra la máquina institucional del régimen encontraba en las calles su lugar natural de expresión

Uno de los puntos culminantes de este ciclo, que se cobró varias víctimas mortales por la acción de unas fuerzas de seguridad ancladas en la praxis de la dictadura (El mito de la transición pacífica, Sophie Baby, Akal, 2021), iba a producirse en el mes de marzo en la ciudad de Vitoria. En la huelga de Forjas Alavesas vinieron a confluir varios de los derechos reclamados por la oposición, desde la sindicación y la manifestación a la reunión, celebrada en la parroquia de San Francisco de Asís gracias a la cobertura de la Iglesia posconciliar. El resultado del desalojo perpetrado por la Policía Armada, tal como fue llevado a la pantalla por Víctor Cabaco (Vitoria, 3 de marzo, 2018), fueron cinco muertos y una onda expansiva en forma de huelga general en el País Vasco y unificación de la oposición, gracias a la convergencia de la Junta Democrática liderada por el PCE y de la Plataforma Democrática abanderada por el PSOE en Coordinación Democrática, popularmente conocida como la “Platajunta”.

Nada de todo esto, sin embargo, fue suficiente para forzar la ruptura. El pueblo español no era homogéneo a la hora de compartir los objetivos de la oposición, ni todas las calles y territorios se movilizaron con la misma intensidad. Tampoco la situación internacional empujaba en esa dirección, pues por esas mismas fechas el golpe cívico-militar en Argentina hacía temer una involución autoritaria, mientras que la victoria de Mario Soares y el Partido Socialista en el vecino Portugal apuntaban hacia el reformismo como la vía más segura hacia la democracia. Ahora bien, aunque no alcanzó sus objetivos últimos, la presión en la calle fue la condición necesaria para que la nueva monarquía y su entorno se decidieran por fin a transitar dicha vía, y separaran así definitivamente su camino del trazado por el gobierno Arias en ese Tiempo de incertidumbre (Javier Tusell y Genoveva García, Crítica, 2003).

El héroe de esta primavera de la revuelta fue, por tanto, colectivo. Pero acostumbrados a milenios de héroes mitológicos individuales, es precisamente esa misma naturaleza la que provoca que sea tan difícil transmitir sus mecanismos asamblearios y la importancia de su legado. Narrativamente, resulta mucho más eficaz personalizar las acciones en quijotes solitarios, como se hace con Manolo Vital, interpretado por Eduard Fernández en la emocionante película El 47 (Marcel Barrena, 2024). Nada habría pasado por mencionar que el protagonista era afiliado a Comisiones Obreras (CCOO), la principal punta de lanza de la lucha por la libertad sindical, militante del PSUC, la marca catalana del Partido Comunista, y miembro de la poderosa Asociación de vecinos de Torre Baró, sin cuyo concurso el secuestro del autobús para llevarlo al barrio no habría sido posible. Estas militancias las acaba de poner en valor el volumen Més enllà d’el 47 (Icaria), coordinado por Adela d’Alòs-Moner y Anna Monjo.

Puestos ya a reivindicar, cabe siempre recordar que la primera vez que se raptó un medio de transporte para llevarlo al distrito de Nou Barris fue en 1976, y que fue obra de la militante vecinal y del PSUC Maruja Ruiz Martos. No en vano, recién celebrado por la ONU en 1975 el Año Internacional de la Mujer y convocado al año siguiente por María Telo el I Congreso Internacional de Mujeres Juristas, no debe olvidarse que la Transición tuvo también rostro de mujer.

Otra mujer muy diferente, Carmen Díez de Rivera, se convertía de hecho en la influyente directora de gabinete del nuevo presidente, Adolfo Suárez, designado por Juan Carlos I para reconducir una situación de parálisis política que podía poner en peligro la propia restauración monárquica. El rey se había cubierto las espaldas con el nombramiento para la presidencia de las Cortes de Torcuato Fernández-Miranda, un hombre de su confianza en un puesto clave ante la eventualidad de tener que exigirle a Arias la dimisión. Un paso que solo se atrevió a dar buscando la legitimación desde el exterior. En este caso concreto, mediante una indiscreción que recogía Newsweek tras una entrevista con el monarca, en la que se afirmaba que “el Rey opina que Arias es un desastre sin paliativos”, y sobre todo gracias a un fructífero viaje a los Estados Unidos en junio, preparado por el embajador Wells Stabler y apadrinado por Kissinger, cuando Juan Carlos I se ganó el aplauso de congresistas y senadores reunidos para escuchar un discurso más inequívocamente democrático en el Capitolio, una prueba de la que salió muy fortalecido política y anímicamente.

La designación de Suárez en el mes de julio fue inicialmente recibida, como es bien conocido, como otro “inmenso error” por propios y extraños. Los propios como Areilza y el quemado Fraga demostraron que su compromiso con la reforma democrática no estaba a la altura de ego herido y renunciaron a seguir en el gobierno (Alianza Popular/Partido Popular, Carme Molinero y Pere Ysàs, Comares, 2024). En realidad le hicieron un favor. Más liberado de personalismos, la amalgama de católicos y falangistas que lo componía supieron leer el espíritu de un tiempo y un país que reclamaban una democratización auténtica, y que más valía por tanto mantener bajo control, para lo que hacía falta una línea clara que permitiera la recuperación de la iniciativa política. Y es que tras la fachada de la Secretaría General del Movimiento que había ocupado Suárez, latía una escuela de cinismo político y capacidad camaleónica que fue subestimada por muchos extraños de la oposición, como el todavía clandestino Mundo Obrero, que no dudó en pronosticar que acababa de formarse un fugaz “gobierno de verano”.

No fue así, y tras una primera declaración de intenciones reveladora de que la reforma iba esta vez en serio, no terminó el mes de julio sin que fuera aprobado un decreto-ley de Amnistía parcial para presos políticos y, ya con el nuevo curso en septiembre, con Adolfo Suárez presentando en la pequeña pantalla, medio que tan bien manejaba desde su experiencia como director de RTVE, el proyecto de una Ley para la Reforma Política (LRP). A partir de ese momento, aunque los grupos de oposición siguieron ejerciendo presión en la calle y constituyeron un interlocutor único para las negociaciones como la Plataforma de Organismos Democráticos, siempre bailaron al ritmo marcado desde Zarzuela y el Palacio de Villamejor, la todavía céntrica sede del gobierno hasta su traslado a Moncloa en enero de 1977.

La Ley para la Reforma Política fue la bóveda jurídica que terminó con las Cortes franquistas

La LRP, una ley fundamental para derogar todas las anteriores, se convirtió en la bóveda jurídica de la Transición. Un texto que apenas ocupa página y media en el BOE, cuando si juntáramos todos los fragmentos de memorias en los que personalidades de la época se atribuyen su paternidad podríamos completar varios volúmenes. Su elaboración definitiva fue, sin duda, un asunto colectivo, aunque de nuevo la representación cinematográfica (De la ley a la ley, de Sílvia Quer, 2017) nos presente al que no dejaba de ser su principal impulsor, Torcuato Fernández-Miranda, como un héroe solitario que, encerrado en su biblioteca con un taco de folios, consigue la idea genial que permite derribar un entramado legal de cuatro décadas, una imagen muy cultivada por otros descendientes de la saga familiar (Objetivo: democracia, Juan Fernández-Miranda, Espasa, 2024). Sin presentar ninguna alternativa posible, ni concretar qué partidos políticos serían legalizados y cómo sería el sistema electoral, la LRP garantizaba la realización de elecciones libres. Quizá no era lo soñado por la oposición, pero al menos era algo tangible, sobre todo cuando el gobierno normalizaba contactos y negociaciones, incluso con la exiliada Generalitat, y su ministro de Justicia, Landelino Lavilla, se refería con naturalidad a la mención en el decreto de Amnistía a “los pueblos” de España.

Comoquiera que, a este respecto, siempre hubo quienes se guiaron por el cuanto peor, mejor, la banda terrorista ETA trató sin éxito de sabotear el proceso con el asesinato a comienzos de octubre de Juan María de Araluce. Presidente de la Diputación de Guipúzcoa y adscrito a la rama franquista del carlismo, mientras la rama opositora también sufría ese año la violencia en Montejurra a manos de los ultraderechistas, Araluce era sin embargo un convencido defensor de que “la unidad nacional no es una colmena de ladrillos todos iguales”, por lo que abogaba por la restauración de los conciertos económicos tanto para su provincia como para Vizcaya (Juan María Araluce, Juan José Echevarría, Almuzara, 2024). Es decir, podía suponer un riesgo para los que reclamaban en exclusiva la representación de un pueblo vasco que, mal que les pesara, era tan plural y diverso en sus opiniones como el resto del país.

En el mes de noviembre, un año después de la muerte del dictador, las Cortes franquistas se autoincineraban con la aprobación de la LRP, si bien no por la ética de la responsabilidad que les reclamaba Antonio Gala, sino por la promesa de seguir formando parte, de una manera o de otra, de la clase dirigente (Atado y mal atado, Ignacio Sánchez-Cuenca, Alianza, 2014). Amparado por la cultura de la obediencia plebiscitaria que la dictadura había generalizado y llevado en volandas por una campaña televisiva al son del Habla, pueblo, habla del grupo musical Vino Tinto, el gran éxito para el gobierno que supuso la aprobación masiva de la Ley en el referéndum del 15 de diciembre marcaba el final de 1976.

La situación en la segunda mitad del año había cambiado drásticamente. Ahora el foco se había desplazado al heroísmo individual. La narrativa de los grandes hombres providenciales que habían traído la democracia, como Suárez, Torcuato Fernández-Miranda y, sobre todo, Juan Carlos I, resultaba entonces claramente ganadora en términos de memoria, pues encajaba como un guante con el monomito, el periplo iniciático del héroe capaz de superar mil obstáculos, con la ayuda de sus mentores, hasta conseguir culminar una maravillosa aventura. Ahora bien, la adopción de este relato puede siempre convertirse en un arma de doble filo, pues coloca a sus protagonistas frente a un deber de ejemplaridad que únicamente en contadas ocasiones resiste el paso del tiempo, y que puede fácilmente derivar hacia otra fórmula acuñada por el escritor Scott Fitzgerald: “Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia”.

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