La política exterior española: teléfono rojo, teléfono azul

España tiene un “número de teléfono”, como diría Kissinger. El problema es que funciona a través de dos líneas principales: una roja socialista y otra azul conservadora. Cada una va asociada a redes sociales y a visiones divergentes, sea Palestina, Venezuela, los saharauis, o China. ¿Y Europa? Sigue generando consenso (Eurobarómetro diciembre 2025: un 74% de españoles ve su futuro en la UE). Pero hay mucho ruido en los detalles.

La petición que Alberto Núñez Feijoó hizo al presidente Pedro Sánchez de tratar sobre toda la política exterior española tenía mucho sentido. ¿Alguien entiende que los jefes respectivos del Gobierno y la oposición no hablen en serio de Ucrania, seguridad nacional, Europa, Trump, o geopolítica, y que nadie se lo exija? Pero nunca hay tiempo: siempre es demasiado tarde o demasiado pronto. Esta legislatura está tocada, y solo cabe esperar resistencia, ataques y contraataques. Sin embargo, la cita entre Sánchez y Feijoó de este lunes llega en un momento europeo y global absolutamente crítico. ¿Existe oportunidad para iniciar un cambio de rumbo y generar en España una dinámica estructurada de consensos y disensos?

Para evitar la destrucción mutua, en 1963, en plena Guerra Fría, Kennedy y Jrushchov inventaron el llamado “teléfono rojo” (¡el color se refería a la urgencia!). Igualmente, nuestros teléfonos rojo y azul no pueden continuar ignorándose por ideología o tacticismo. Necesitamos líneas de comunicación directas y eficaces, internamente y de cara al exterior: mensajes claros y contundentes. Nuestra “información cifrada” debería hacer escala en Bruselas. A Europa hay que transmitir ideas claras y europeísmo, y no ―como hace el PP― provocar la bronca partidista en la Eurocámara.

Tiremos por la vía del medio, y echémosle parte de la culpa a nuestro sistema político. El parlamentarismo español, desde la Transición hasta hoy, siempre ha experimentado una “tentación presidencialista” en cuanto a la dirección de la política exterior que la Constitución Española otorga al Gobierno (artículo 97). En momentos críticos, el presidente (Suárez, González, Aznar, Zapatero, Rajoy o Sánchez) tiende a olvidar que el poder y legitimidad de sus decisiones procede de una mayoría parlamentaria a menudo frágil. Es un secreto a voces: los mecanismos de consulta y control del Congreso no están a la altura de nuestro peso internacional como país. Y el Senado español, en contraste con el estadounidense (sus comités de Exteriores, Defensa o Presupuestos) es casi irrelevante. Como resultado, en ocasiones tenemos lo peor de los dos mundos. Esta situación ha reforzado una curiosa dinámica donde la Corona ―el Rey Felipe VI― jefe del Estado y la más alta representación (CE: 56, 62 y 63), viene al rescate del consenso y la “unidad nacional”, como ocurrió con el asunto de Gaza en Naciones Unidas.

La polarización y el ascenso de la ultraderecha están causando disrupciones por toda Europa. Pero en Francia al menos el presidencialismo otorga a Macron amplio margen y un “botón nuclear” exterior. En Alemania, el federalismo y la experiencia de gobiernos de coalición puede ayudar a Merz.

¿Y España? Al menos deberíamos explorar mejoras.

Una es institucionalizar las consultas entre presidente y jefe de la oposición, abriendo la conversación al resto de fuerzas. También, establecer una relación entre Gobierno y Congreso más fluida, más política, menos burocrática, reforzando las comparecencias en Comisiones (por ejemplo, la mixta Congreso y Senado para la UE). En el plano legislativo, una reforma constitucional debería fijar explícitamente la UE y la ONU como marcos. Una nueva ley de Acción y Servicio Exterior (2014), o una reforma del Reglamento del Congreso, facilitarían mayor fiscalización y control (artículos 109 y 110 de la Constitución). Otros asuntos críticos (IA, medioambiente) podrían regularse mediante leyes orgánicas, como la de Defensa Nacional (2005) de autorización de operaciones militares por el Congreso. Al final, el objetivo es acuerdos en ejes rectores: respeto al derecho internacional, rechazo de dobles estándares, seguridad ciudadana, derechos humanos, comercio e inversiones para un desarrollo sostenible.

Nos enfrentamos a una falla vital de nuestra democracia. Si no establecemos principios claros y mecanismos eficaces, seremos más vulnerables. Cualquier día llaman para algo importante desde Washington, Pekín, Rabat o Caracas, y a alguien se le podrían cruzar los cables.