La pobreza daña la democracia

Pese a la bonanza económica de los últimos años, los récords de ocupación, las mejoras salariales o la importancia del escudo social desplegado desde la pandemia, España mantiene unos niveles de desigualdad y de vulnerabilidad significativamente superiores a la media europea. Ello evidencia la persistencia de problemas estructurales profundos y brechas que no se reducirán sin políticas redistributivas más activas. Esas son dos de las principales conclusiones del último informe FOESSA sobre exclusión social, presentado el miércoles. La fundación, vinculada a Cáritas, desgrana un minucioso conjunto de datos que radiografían una sociedad del desasosiego y el malestar, cuyos problemas estructurales se deben abordar con urgencia para que no pongan en riesgo la cohesión ciudadana.

España ha registrado en las últimas tres décadas una evidente precarización de su estructura social: en 1994, las clases medias suponían el 58% de la población; el año pasado eran 15 puntos menos. Certezas como que tener un puesto de trabajo o culminar la educación obligatoria protegían contra la pobreza han saltado por los aires. No solo la precariedad laboral afecta al 47% de la población activa (11 millones y medio de personas), sino que el 11% de los trabajadores está en riesgo de pobreza, el tercer peor dato de la UE, según un análisis de Eurostat. Una de cada 10 personas que ha completado la ESO padece exclusión social severa.

Ese escenario se ha agravado en los últimos años con el galopante problema habitacional que supone la carestía de la vivienda y en particular la subida de los alquileres, que afectan en mucha mayor medida a las familias más desfavorecidas y a los jóvenes. El 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza. El loable crecimiento macroeconómico de España se llena de matices si no se traslada proporcionalmente a la calidad de vida de los ciudadanos: el 17% de la población sufre privaciones materiales, el cuarto peor registro la UE; unos tres millones de personas, de ellas 600.000 niños, no pueden alimentarse adecuadamente.

La sucesión de crisis ha abierto además una brecha generacional. La exclusión social de las generaciones más jóvenes, las que construirán el futuro del país, no ha dejado de crecer en casi dos décadas. Cerca de dos millones y medio de jóvenes viven hoy presos de la precariedad estructural. Como recalca el informe, la legitimidad del Estado de bienestar no puede sostenerse si el sistema político es visto por crecientes sectores de la sociedad, en especial por la juventud, como incapaz de garantizar unas condiciones mínimas de protección y progreso para todos.

Cerrar esa fractura debe ser objetivo prioritario de la actuación de todos responsables políticos, sea cual sea su ideología. Políticas como una mejor redistribución de la renta, tanto entre comunidades ricas y pobres como en el interior de las mismas; una reforma fiscal que refuerce su progresividad, ampliar el parque de vivienda asequible o avanzar en la reducción de la temporalidad laboral deben debatirse de forma prioritaria. Y mejorar tanto el volumen como la gestión de las prestaciones sociales. En tiempos de creciente amenaza del populismo ultra, reforzar el consenso en defensa del Estado de bienestar y de las políticas públicas contra la desigualdad es la mejor forma de defender la estabilidad de la propia democracia.