Bochornosa conjura de silencio

Resulta lamentable tener que recordar que determinadas cuestiones —entre las que la salud de los ciudadanos ocupa un lugar preeminente— no pueden estar sujetas a la lucha partidista, por muy honda que sea la polarización política y muy ferviente que resulte el afán de un partido por llegar al Gobierno. O por mantenerse en él. Más aún si hablamos de una enfermedad como el cáncer, en la que la evaluación precoz supone un factor clave. Cuando hace tres semanas estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, el Ministerio de Sanidad se dirigió a todas las comunidades autónomas para que le remitiesen sus datos de los programas de cribado de los cánceres de mama, cérvix y colorrectal, los tres principales que se realizan en España. Resulta indignante que el PP haya consensuado con sus autonomías negarse a enviarlos.

La petición ministerial está cargada de lógica para dimensionar la situación de estos programas en toda España tras conocer el fallo de la sanidad andaluza, que ha sumido en la angustia a miles de mujeres no solo en esa comunidad. Pero mientras Andalucía defiende convocar el Consejo Interterritorial de Salud —donde se sientan el Gobierno central y los Ejecutivos regionales— para analizar el estado de la cuestión en todos los territorios, otras autonomías populares han armado con su dirección nacional una conjura de silencio. Los programas de cribado salvan vidas porque permiten la detección temprana de un tumor, pero de nada sirven si las afectadas no lo saben.

La dirección del PP, comenzando por su presidente, debería explicar cómo se compatibilizan sus proclamas de transparencia y sus constantes exigencias en igual sentido a cualquier institución que no dependa de su partido con esta premeditada coordinación por la opacidad. La sanidad es una competencia autonómica, y si los populares no tienen nada que esconder, en su mano está demostrarlo. Resultan pueriles las explicaciones de algunas comunidades de que no tienen listos sus sistemas informáticos para remitir los datos solicitados. Pero lo inadmisible es el tono empleado por gobiernos como el madrileño pretextando que no los facilita para que Sanidad y su ministra, Mónica García, no “los utilice a su antojo”. El Ejecutivo de Ayuso actúa como si la información del estado de salud de los madrileños fuese de su propiedad.

Unas 2.000 andaluzas —como sus familias y allegados— siguen presas del miedo y aguardan una explicación completa que todavía no han recibido. Las disculpas que pidió el presidente regional, Juan Manuel Moreno, y la asunción de responsabilidad que supuso la dimisión de su consejera de Sanidad pierden parte de su valor ante la actitud de sus compañeros de formación. Ningún ciudadano debería verse obligado a vivir con temor por falta de información o por el retraso innecesario en el resultado de una prueba médica.

Si algo reclaman los ciudadanos a sus instituciones, y en especial a las sanitarias, es credibilidad y transparencia. Feijóo debería tenerlo presente si un día quiere ser presidente del Gobierno. Y no calificar de oportunista o de partidista cualquier reclamación que cuestione la gestión de los suyos en las múltiples instituciones donde, legítimamente, gobiernan gracias al voto de ciudadanos a los que ahora parecen desdeñar. La enfermedad no tiene color político. Tampoco la salud debería tenerlo.