Aún estamos a tiempo para la regularización de inmigrantes

Después de un año largo de campaña, 660.000 firmas de apoyo y dos legislaturas languideciendo en el Congreso de los Diputados, la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de personas migrantes se enfrenta a su fase final y definitiva. Los movimientos sociales que han sostenido este esfuerzo harán lo imposible por asegurar su éxito, pero puede que ni siquiera eso logre vencer la resistencia de unos partidos políticos que, en su mayoría, no han estado a la altura de la ciudadanía que representan. Sea cual sea el resultado final del proceso parlamentario, esta iniciativa liderada por colectivos migrantes, y apoyada por buena parte de la sociedad española, nos habrá transformado de un modo que no tiene marcha atrás. Solo por eso merece ya pasar a la historia.

Las razones que justifican la aprobación de la ILP son hoy aún más sólidas que cuando aterrizó en el Congreso. Estamos hablando de un colectivo que en este momento podría rondar las 700.000 personas, 200.000 más de las calculadas originalmente. La inmensa mayoría siguen siendo latinoamericanas y empleadas en actividades esenciales y complementarias a las capacidades del resto de los trabajadores y trabajadoras. Formamos parte de las mismas comunidades, compartimos transporte, escuelas y hogares, y dependemos unos de los otros. Pese a ello, quienes sufren el castigo de una condición administrativa equivocada quedan expuestos a una ciudadanía de tercera clase.

Para una población que podría acercarse a los 200.000 niños y niñas que viven con sus familias, la irregularidad es sinónimo de miedo, precariedad y falta de oportunidades, un lastre que cargarán de por vida. La pobreza infantil, como la precariedad y la explotación de los adultos, pasa factura al conjunto de la sociedad, que destruye recursos económicos, talento y oportunidades colectivas. Solo en términos fiscales y en el año 2021, nuestras estimaciones sugerían que los impuestos y contribuciones sociales que los migrantes sin papeles no pudieron realizar hubiesen permitido, por ejemplo, multiplicar por cinco la inversión del Gobierno central en la educación infantil de cero a tres años.

Pero la razón más poderosa para apoyar la ILP es la que se deriva de su valor político. Es francamente complicado encontrar hoy un asunto que aglutine el apoyo de un espectro tan amplio de nuestra sociedad. Novecientas organizaciones, de todo pelaje ideológico, se han unido para sostener una campaña liderada por el movimiento migrante Regularización Ya. El hecho de que un colectivo que representa a extranjeros sin papeles se haya puesto al frente de la iniciativa política más solemne que puede ejercer la sociedad organizada es para mí el factor más destacado de este proceso. Y el que comienza a corregir la anomalía de un país en el que el 20% de su población —el conjunto de las personas de origen migrante, no solo los irregulares— es políticamente invisible. Como en otros episodios memorables de las luchas democráticas, hay que admirar el valor y la determinación de quienes salieron a la calle para defender sus derechos cuando estaban legalmente inermes. Si una salida equivocada en el metro o una pequeña disputa de tráfico pueden desencadenar un proceso de deportación que destruya años de sacrificios personales y familiares, piensen por un momento lo que significa ponerse en una mesa de petición de firmas frente a la policía.

Con nuestros vecinos y vecinas sin papeles ha estado, hombro con hombro, la sociedad española: ateos y feligreses, conservadores y progresistas, imberbes y jubiladas. Ninguna diferencia ha sido demasiado grande para dejar de apoyar lo que consideraban justo, haciendo a nuestra sociedad mejor por ello. ¿Qué derecho tienen los partidos a destruir todo esto? ¿Qué razones justifican el rechazo a una medida popular y que se sustenta en una combinación eficaz de argumentos éticos y prácticos?

Lamentablemente, casi nadie sale bien parado en la respuesta a estas preguntas. Si Vox se opuso incluso a la tramitación de la norma utilizando la combinación habitual de xenofobia y patrañas, el PP la aceptó a regañadientes, empujado por la creciente presión de una Iglesia que se ha enfangado en este asunto desde los palacios episcopales a la última parroquia. Pero la responsabilidad mayor del retraso de la ILP —y, por tanto, de su eventual fracaso– es —del principal partido de gobierno. El PSOE primero mintió, después arrastró los pies y solo al final apoyó decididamente una medida que le convenía para tapar los agujeros de una incompetente reforma del Reglamento de Extranjería. La estrategia de la patada hacia delante permitió a actores como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras poner más palos en las ruedas del proceso y a los líderes de Junts deslizarse hacia posiciones antiimigración que cubriesen el flanco abierto por Aliança Catalana.

No es fácil, pero todavía estamos a tiempo de salvar la ILP, o al menos su propósito. La mecánica parlamentaria ofrece a los partidos varias posibilidades para sacar la norma adelante antes de que concluya la legislatura. Estas semanas podríamos ver una reactivación de la presión de los movimientos migrantes y de la Iglesia, las dos claves de este proceso. Y los partidos que han defendido desde el principio la iniciativa —como Sumar, ERC y Podemos— podrían incorporarla a negociaciones parlamentarias como la de los Presupuestos. Que no lo hayan hecho hasta ahora de forma más contundente resulta incomprensible.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que el Gobierno apruebe un Real Decreto de regularización, que es la herramienta natural para una norma de rango reglamentario como es esta. Cada una de las nueve regularizaciones que se han realizado en España durante este período democrático —cinco de ellas por parte del PP, por cierto— se han hecho por esta vía. No se me ocurre una oportunidad más pertinente y simbólica para romper filas y ser coherentes con la voluntad declarada del Gobierno y de su presidente, que en la cumbre progresista de la pasada semana en Londres volvió a demostrar que, en este asunto, nada a contracorriente. Frente a la lamentable intervención de Keir Starmer –que ha pasado de sortear el nacionalismo identitario a abrazarlo–, Pedro Sánchez propuso apostar por un modelo migratorio más abierto pero ordenado, con responsabilidades y derechos. Y las regularizaciones extraordinarias son precisamente eso: medidas excepcionales —la última fue hace 20 años— que apuntalan el orden, las oportunidades y los derechos de quienes se establecen en nuestros países. Es una variable irrenunciable en cualquier ecuación que responda con valores e inteligencia al desafío de la movilidad humana, una de las grandes encrucijadas políticas de nuestro tiempo.

Es posible, finalmente, que nada de esto ocurra y que la ILP quede reducida a un poderoso símbolo político, sin efectos prácticos inmediatos. Por eso es importante empezar a preguntarse cuáles deberían ser las consecuencias. Para empezar, este proceso debería traducirse en una capacidad reforzada de la sociedad civil y de los propios migrantes para exigir sus derechos en un debate cada vez más presente y en un contexto cada vez más hostil. Establecer líneas rojas. Reclamar a la derecha moderada que se distancie de propuestas económicamente insensatas y socialmente suicidas como la que han hecho recientemente sobre la restricción del arraigo. A la izquierda, que abandone la intolerable pereza intelectual y la cobardía política que están llevando a algunos de sus colegas europeos a comprar el marco narrativo del nacionalpopulismo. Las personas extranjeras sin papeles importan por el trabajo que hacen —basta imaginarse el caos que provocaría una huelga de este colectivo—, pero, sobre todo y en primer lugar, porque son sujetos de derecho que forman parte de esta sociedad y no de otra. Este debería ser el punto de partida de cualquier conversación.