Debemos plantar cara al Estado autoritario de Trump

Después de la elección de Donald Trump como presidente en noviembre de 2024, la comunidad hispana en Estados Unidos se encuentra hoy en una época inquietante y sin precedentes. El Gobierno de Trump ha decidido atacar específicamente a las comunidades hispanas y discriminar a las familias basándose en el color de la piel. Estas redadas de estilo militar, con agentes enmascarados y sin identificación, separan a los niños de sus padres y van en contra de todo lo que representa Estados Unidos.

Nuestro país es un país construido por inmigrantes a los que atraía la promesa de libertad, igualdad y la búsqueda de la justicia. El Gobierno de Trump ha mostrado su desprecio de esos principios y está transformando Estados Unidos en un Estado autoritario.

Nuestra comunidad inmigrante está llena de personas trabajadoras que vinieron a este país con el deseo de tener una vida mejor. Un estudio del centro de estudios independiente California Budget and Policy Center publicado el año pasado revela, con datos de 2022, que los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, a pesar de estar excluidos de los programas que financian con sus impuestos.

En California, ese mismo año, los inmigrantes indocumentados aportaron 8.500 millones de dólares en impuestos estatales y locales, una cifra que, según el mismo estudio, ascendería a 10.300 millones si se concediera el permiso de trabajo a esos contribuyentes.

Pese a ello, la Administración de Donald Trump califica en documentos oficiales de la Casa Blanca a los inmigrantes indocumentados como delincuentes, “asesinos, violadores y traficantes de drogas”, y lo utiliza como pretexto para movilizar a los reservistas de la Guardia Nacional y desplegar agentes paramilitares en grandes ciudades como Los Ángeles, Washington DC y Chicago; casualmente, ciudades gobernadas por alcaldes demócratas.

Desde la Casa Blanca se asegura que en estas redadas contra los inmigrantes detienen a “lo peor de lo peor” de los delincuentes. Pero los datos, como recoge un estudio del Brennan Center for Justice publicado en mayo de 2024, no sostienen la idea de que Estados Unidos esté experimentando un aumento de la delincuencia por culpa de los inmigrantes. Es más, numerosos estudios han demostrado que las tasas de delincuencia y de encarcelamiento son más bajas entre los inmigrantes que entre los ciudadanos nacidos en el país. Aun así, muchas veces es a los miembros de nuestra comunidad que trabajan y pagan impuestos a quienes separan de sus familias, incluso en plena jornada laboral.

Lo que es innegable es que el Gobierno del presidente Donald Trump está utilizando la inmigración ilegal como excusa para dividir todavía más a nuestro país y atacar a los Estados y ciudades gobernados por los demócratas, es decir, incitar al enfrentamiento. Plantarle cara a la Administración de Trump no solo es defender nuestros valores o nuestras diferencias políticas, sino también proteger a todos los californianos, incluidas nuestras familias inmigrantes.

Con una mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado, y con un Tribunal Supremo con tres de sus nueve magistrados nombrados por el propio Trump durante su primer mandato, además de otros tres magistrados conservadores, el sistema estadounidense de controles y contrapesos del Estado federal ha dejado de funcionar.

En su lugar ha aparecido un sistema en el que son los Estados y las ciudades los que están sirviendo de controles y contrapesos frente a Trump. Los Estados están desafiando al Ejecutivo federal en los tribunales. En los primeros seis meses de esta presidencia, el fiscal general de California ha presentado 37 demandas contra la Administración federal de Estados Unidos.

Debemos hacer frente al Gobierno de Donald Trump en los tribunales, las urnas y las calles, para proteger a nuestras comunidades inmigrantes. Trump está aterrorizando a las comunidades y separando a las familias, y no debemos permitir que siga ocurriendo. Tenemos la obligación de proteger a nuestras familias inmigrantes contra la actuación de este Gobierno federal y proteger a nuestro pueblo.