Gaza, las palabras y nosotros

El especialista en derecho internacional Philippe Sands dice que el debate sobre el genocidio es una distracción. Señala que hay crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que pueden ser violaciones más graves que un genocidio. Explica también la dificultad que puede tener probarlo penalmente: la definición legal es, a su juicio, demasiado limitada. En el habla corriente, genocidio es una especie de superlativo. En el caso de Israel, y en concreto de la matanza que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza, el término remite a la Shoá, fuente de legitimidad del Estado; que Israel cometa un genocidio aparece como una impugnación a la totalidad. En el terreno doméstico, el debate a veces interesado (algunos denunciaban la respuesta israelí a los atentados del 7-O antes de que se produjera; otros discuten la categoría, cada vez más apoyada por los expertos, a fin de minimizar la atrocidad) genera enfrentamiento entre personas que están de acuerdo en lo esencial: la necesidad de parar una masacre.

No todas las críticas a Israel son antisemitas, aunque hay antisemitismo en algunas. La atención a la tragedia depende de la percepción de cercanía (a una democracia le debemos exigir más), de la disparidad de fuerzas y de imágenes estremecedoras, de la transposición del marco anticolonial y de las consecuencias de lo que allí sucede. Muchos señalan que el reconocimiento de Pedro Sánchez al Estado palestino abrió una senda. Algunos señalan un riesgo moral en que ese reconocimiento se produjera tras los atentados del 7-O, pero también lo tendría aceptar una respuesta desproporcionada. La decisión contradice otras posiciones del Gobierno y tras ella había un cálculo electoral. Pero se puede tener la postura correcta por las razones equivocadas. Otros aspectos son más discutibles. Es impropio que quien debe garantizar el orden público aplauda las protestas que lo perturban. El modelo recuerda a las posiciones esquizofrénicas de los líderes del procés. No está claro a qué afectaría el boicot que parece defender el Gobierno: ¿atletas, equipos nacionales o privados, representantes, unos deportes sí y otros no? Tampoco sabemos cuáles son las causas que, según el Ejecutivo, permiten perturbar la libertad ajena. Que se anuncie una medida y no se pueda llevar a cabo por “problemas técnicos” da una sensación simultánea de maquiavelismo y apresuramiento. También es sorprendente que, ante un problema tan terrible, lo único que se concrete sea la retirada de Eurovisión. Hablábamos de una crisis humanitaria, pero la reducimos a telebasura.