Agencia de urgencia

Vas al consultorio porque tu hija tiene fiebre y el médico, sin preguntar nada, os receta 15 medicamentos. Antibióticos, antihistamínicos, analgésicos… todos parecen sensatos, pero, antes de aceptarlos, le preguntas: ¿Por qué no me ofrece antes un diagnóstico de la enfermedad de mi hija? Y seguramente también te preguntas, ¿Es sensato que el Estado despilfarre todas estas medicinas si no sabemos si funcionan?

Eso han sentido los expertos en corrupción tras escuchar la batería de propuestas presentadas por el presidente del Gobierno la semana pasada y negociadas, deprisa y corriendo, con la OCDE. Sin la calma y transparencia que requiere un problema tan serio. Y sin abordar la exploración a fondo del paciente: ¿Por qué las (supuestas) corruptelas del “triángulo tóxico” del PSOE son inconcebibles en otros países de nuestro entorno?

Sánchez presentó unos medicamentos de eficacia dudosa. La puesta en marcha de una “agencia de integridad pública independiente” suena de maravilla, si no fuera porque —más allá de que casi todo lo que lleva el adjetivo “independiente” en nuestro país no lo es— los estudios son escépticos sobre los efectos positivos de estos organismos en la lucha contra la corrupción.

La prueba es España. No conozco nación sobre la faz de la tierra con más órganos dedicados a la lucha contra la corrupción. Una docena de instituciones solo a nivel central, a las que hay que sumar los organismos autonómicos. Necesitaríamos varias columnas para describir sus títulos y sus competencias, pero he aquí un resumen: dos fiscalías de sala (además de la Fiscalía Anticorrupción, con potenciales problemas de invasión de competencias); unos jueces y juezas adiestradas en la instrucción contra la corrupción durante décadas; la Intervención General del Estado (con sus 150 años de experiencia), el Tribunal de Cuentas; la Oficina de Conflictos de Interés; el Consejo de Transparencia, la OIRESCON (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación), específico precisamente para lo que ha fallado ahora, la contratación pública; la Autoridad Independiente de Protección del Informante (presidida por uno de nuestros expertos más reputados internacionalmente, Manuel Villoria); y dos cuerpos policiales (UCO y UDEF). ¿De verdad necesitamos otra más?

¿No será que los políticos venden las agencias para esconder la raíz del problema de la corrupción que, como sospechamos muchos, es la politización masiva de nuestras administraciones? Si uno no fuera confiado, pensaría que es una cortina de humo.