Perfeccionar el Estado de derecho

La Comisión Europea presentó ayer su informe anual sobre la situación del Estado de derecho en la Unión. El Ejecutivo comunitario ha convertido este documento en una herramienta para incentivar a los Veintisiete a avanzar hacia un entorno legal homogéneo, esencial para un mercado común funcional y un espacio de libertades compartido. “Es un estímulo para la reforma”, dice el texto, que en líneas generales registra avances en el conjunto de los Estados miembros. España es uno de los países que progresa adecuadamente. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los principales escollos hasta ahora, se levantó en junio de 2024 gracias a la mediación de la propia Comisión entre PSOE y PP tras un lustro de boicot a la renovación por parte de los populares. El documento también registra progresos en todos los ámbitos señalados el año pasado a excepción de la reforma de la ley de secretos oficiales y acceso a la información, aún en trámite en el Congreso tras dos intentos fallidos.

La recomendación más vehemente está de plena actualidad pese a que la Comisión no comenta “casos particulares en curso”: la de reducir los plazos en la investigación y juicio de los casos de corrupción de alto nivel. El Gobierno ha respondido a esta petición, ya señalada en informes anteriores, buscando reforzar los medios de la Fiscalía Anticorrupción y reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal para descargar a los jueces de la instrucción y transferírsela a la Fiscalía. Esta última reforma es uno de los motivos del conflicto entre el Ejecutivo y las asociaciones judiciales mayoritarias. Las de los jueces, porque no quieren perder el control de la instrucción; las de los fiscales, porque creen que la reforma da demasiado poder al Fiscal General del Estado. Como se esperaba, la Comisión indica que la propuesta presentada por el Ejecutivo encaja en sus recomendaciones, pero le urge a separar cuanto antes el mandato del Fiscal General de la duración de la legislatura. El proyecto del Gobierno lo plantea, pero para 2028.

La Comisión también pide a España avanzar en la reforma del método de nombramiento de los miembros del CGPJ “teniendo en cuenta los estándares europeos”, que piden que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos de entre los propios jueces “considerando la pluralidad dentro de la carrera judicial”. El PP ya ha manifestado su adhesión a las tesis de las asociaciones mayoritarias —que quieren un Consejo íntegramente elegido por la carrera judicial— ante los temores de la izquierda, que teme que la ausencia de control parlamentario permita que la judicatura, mayoritariamente conservadora, imponga su rodillo en los nombramientos.

Entre otras recomendaciones del informe están seguir avanzando en la regulación de los grupos de presión —incluyendo un registro público de lobbies— y endurecer las reglas de las declaraciones de bienes de los altos cargos, así como las normas sobre conflictos de interés. Ambas medidas están incluidas en el plan gubernamental de regeneración democrática.

En todo caso, lo que vuelve a indicar la Comisión es que el Estado de derecho en España, pese a la crispación que asfixia la vida política, es homologable al de sus socios comunitarios y no está en peligro. Corresponde al Partido Popular rebajar su retórica apocalíptica y, en virtud del enorme poder autonómico y municipal que acumula, trabajar también en su perfeccionamiento. Al Gobierno, por su parte, le toca cumplir con las exigencias de Bruselas, que son, al fin y al cabo, las de cualquier sociedad democrática.