España y la OTAN: entre heroísmo y esquirolaje

La democracia se asienta en la disposición a considerar el matiz. En debatir con honestidad intelectual en busca del mejor análisis, del compromiso que construye, de la lección a aprender. Desgraciadamente, se trata de una actitud que parece casi en vías de extinción. Imperan el hooliganismo partidista, el cretinismo dicotómico del pulgar arriba o hacia abajo de Facebook. El importante y polémico episodio de España en la cumbre de la OTAN ha desencadenado abundantes reacciones maniqueas. Esta columna intentará engrosar las filas de aquellas que buscan reflexionar sobre los matices.

La maniobra del presidente del Gobierno español para obtener una exención al compromiso del histórico rearme acordado por los aliados —con un objetivo del 5% de PIB gasto en seguridad— tendrá profundísimas consecuencias. En su carta al secretario general de la OTAN, Pedro Sánchez la justificó con tres argumentos: España sostiene que podrá cumplir con las capacidades requeridas por la Alianza con un gasto militar del 2,1% de PIB; el incremento ingente y abrupto dificulta la ordenada construcción de una defensa europea interoperable, coordinada y, aunque no lo pueda expresar así en aquella sede, potencialmente autónoma, así como lastra el crecimiento económico abultando la deuda y espoleando la inflación; ese mismo incremento es incompatible con su visión del Estado de bienestar y del mundo. Veamos.

En cuanto al primer argumento, ya que las capacidades requeridas son secretas, no cabe un juicio objetivo y absoluto. Pero sí cabe subrayar que el 2% del PIB es el objetivo de gasto militar que los aliados se dieron en 2014. Llama poderosamente la atención que, después de la brutal invasión de Putin en Ucrania desde 2022 y, desde la victoria de Trump, la certeza de que con EE UU ya no se puede contar, el gasto militar que España considera como adecuado es el mismo que se proyectaba en 2014 en un contexto global completamente diferente. Máxime cuando se considera que el gasto anual es una medida corriente, pero para ponderar capacidades hay que tener en cuenta en el stock. En el caso de España es muy magro, a la vista de su mínima inversión durante décadas, comprensible hasta 2014, equivocada después.

El 5% aprobado en la cumbre de la OTAN es obviamente una cifra descomunal y no apoyada en un cálculo razonado. Pero, de entrada, cabe incidir en que el gasto militar requerido es un 3,5% del PIB, siendo el restante 1,5% una partida tan indefinida que, en el lenguaje del comunicado final, hasta incluye el impulso a la innovación. Un 3,5% no es una bestialidad como el 5%. Cabe recordar que, en otros momentos de tensión, como lo fueron los sesenta, países como Alemania(occidental), Francia o el Reino Unido invertían por encima del 4%. Ello no excluye que 3,5% para 2035 sea una cifra imponente, y quien escribe considera que exagerada. Pero pedir una excepción para quedarse en el 2,1% parece completamente fuera de sintonía con el contexto histórico, y más bien solo en sintonía con las necesidades de la supervivencia política nacional.

En cuanto al segundo argumento, es cierto que es imperativo que el aumento de gasto se produzca de una manera que facilite la integración de las defensas europeas, y es cierto que eso es un desafío complejo, difícil de perfilar. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), por ejemplo, reconoce la dificultad de que esa inversión se haga eficientemente. Pero un plazo de diez años no es completamente inviable como para que al menos un significativo aumento de gasto pueda canalizarse de forma integradora en clave europea. Por otra parte, es cuestionable el argumento de la ralentización económica. Hay un contraargumento que sostiene razonablemente la tesis del efecto positivo contra la desindustrialización y en favor empleos estables bien remunerados y de la innovación. De hecho, la socialdemocracia suele estar a favor de políticas de estímulo públicas y ser alérgicas a discursos de ortodoxia fiscal extrema. Aquí se invierten los papeles.

En cuanto al tercer argumento, es totalmente justificado el temor al lastre sobre el Estado de bienestar. Esto es un riesgo letal, porque si la seguridad defensiva se consigue a costa de la Seguridad Social, todo el proyecto nacerá con un virus terrible. Esta argumentación de Sánchez debe ser tenida en cuenta y se deben buscar con ahínco arreglos. Por ello, esta columna sostiene desde hace tiempo que son precisos eurobonos para financiar parte de ese esfuerzo, además de una culminación del mercado interior de capitales que evite la salida de ahorros hacia el de EE UU y logre inyectar fondos en la industria europea. En cambio, desacertado parece —como lo ha señalado Ana Palacio en El Mundo— el argumento de la “incompatibilidad con la visión del mundo”. ¿Entonces España tiene una visión incompatible con la de sus 31 aliados? Esto es un desacierto grave.

Hasta ahí, los argumentos. A partir de ellos, el juicio acerca de la oportunidad mayor, menor o nula de la estrategia.

Lo ideal hubiera sido un consenso alrededor de un incremento de gasto militar significativo, pero no tan abultado, obtenido a través de una negociación con una posición europea común. No ha sido posible.

Entonces Sánchez ha, aparentemente, logrado en solitario una excepción a un compromiso que requiere un esfuerzo inmenso. Uno que, por supuesto, su Gobierno no tiene capacidad para implementar. Pero que, en cualquier caso, impondría serios sacrificios, que de esta manera podrán evitarse. Asimismo, ha evitado sucumbir al apaciguamiento del avasallador presidente estadounidense, a ese agrio aroma a pleitesía.

Sin embargo, esa excepción —de mantenerse— acarrea profundos costes.

De entrada, porque después de haber acertadamente construido una imagen de socio pragmático y confiable, esta acción ha dinamitado radicalmente esa imagen. No ha habido un esfuerzo reconocible para explicar la posición, para configurar una coalición alrededor de esas ideas, para librar una batalla de ideas. Así, la percepción exterior es rotunda: un Gobierno desesperado que busca una excepción egoísta, representando un país que gozó de enorme solidaridad europea, desde su entrada en la UE hasta los fondos pandémicos. Algunos observan que son cestas distintas. Cierto. Pero se llenan con el mismo activo: euros.

Después porque, por el camino, pueden llegar represalias. Cierto, Trump está limitado en su capacidad de venganza comercial, porque España, afortunadamente, está protegida por su pertenencia al mercado interior. Pero no descarten la posibilidad de encontrar vías de hacer daño y no subestimen la pésima disposición de socios europeos. Se darán ocasiones por el camino.

La verdad es que la decisión de Sánchez no es ni el inmoral acto de esquirolaje que muchos creen fuera de España —porque España ya aporta cosas y hay una genuina voluntad de seguir aportando— ni un gesto heroico de resistencia que los suyos alaban. Todos los demás se han adherido al compromiso OTAN. Algunos, convencidos. Otros no, probablemente pensando que no lo acabarán cumpliendo, y sin duda entendiendo que hacerlo era la mejor solución para los intereses de su país y europeos, con el objetivo de no precipitar el colapso de la OTAN y ganar tiempo para ir construyendo capacidades autónomas en un entorno medianamente previsible. Nadie garantiza que esto vaya a ocurrir, pero está garantizado que una bronca generalizada en La Haya habría llevado a un desastre. Como dice el SIPRI, el 5% es un mensaje político, no un plan real de gasto. Un mensaje hacia Trump y hacia Putin en junio de 2025. 31 aliados han entendido que era mejor asumir la emisión de ese mensaje, fijando un compromiso a diez años, ir aumentando de alguna manera el gasto y revisar en 2029, cuando Trump, salvo que se convierta en dictador, ya no estará. Sánchez lo ha entendido de otra manera. Tiene argumentos válidos. Pero la manera en la que lo ha hecho y todo el contexto sí alimenta una imagen de no confiabilidad y de propensión limitada a la solidaridad. Sobre los argumentos válidos se proyecta una espesa sombra: que la razón decisiva por la que solo él ha llegado a esa conclusión —y en esos términos radicales del 2,1%, que fomentan la sensación de insolidaridad— es que, sin exención, el compromiso aliado habría provocado un motín insostenible en su ya exangüe coalición.