El apagón explicado a medias

La opinión pública cuenta por fin con una explicación oficial sobre la secuencia de acontecimientos que acabó provocando el gran apagón que dejó sin electricidad toda la península Ibérica el 28 de abril. Las autoridades españolas y europeas ya habían apuntado a oscilaciones en el sistema eléctrico continental y a diversos episodios de sobretensión en la red que no se lograron encapsular como posibles causas de que España y Portugal se quedaran a oscuras a las 12.33 de aquel lunes. Pero faltaba un relato detallado de los hechos y una atribución de responsabilidades para analizar dónde estuvieron los errores y, sobre todo, para evitar que aquello se repita. Por ahora, ese objetivo se ha cumplido solo a medias.

El documento presentado este martes en el Consejo de Ministros reparte responsabilidades del cero eléctrico entre el operador del sistema, Red Eléctrica Española (REE) —por una deficiente planificación— y las empresas energéticas —por un funcionamiento anómalo de centrales que deberían haber amortiguado la sobretensión de la red—. Sin embargo, atendiendo a la confidencialidad que piden las compañías, el Ejecutivo evita aclarar qué plantas fallaron y a qué empresas pertenecen. De hecho, hay numerosas partes de las 182 páginas del informe que han sido tachadas, lo que denota una falta de transparencia desde la Administración o un exceso de cautelas legales.

Lo que sí parece quedar descartado es que el origen del apagón estuviera en el importante peso que las renovables han ganado en el mix energético en los últimos años, como llegó a asegurarse. Pero sí revela la falta de adecuación de la regulación española a esa nueva realidad energética. Y en eso la mayor parte de la responsabilidad recae sobre el Gobierno, aunque no lo haya querido admitir en el informe. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara ya un Real Decreto para la próxima semana, en el que, entre otras medidas, se dispone a permitir que las plantas de energía renovable puedan ser utilizadas por primera vez como plantas de respaldo para controlar la tensión del sistema.

El protocolo de protección del sistema eléctrico data de 1996 y ha quedado claramente obsoleto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia venía trabajando en el cambio de regulación y la propia Red Eléctrica presentó una propuesta en mayo de 2024. Ahora el Ejecutivo se dispone a acelerar los trabajos para adaptar la legislación a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades. Lo que supone aceptar de facto que existía un vacío regulatorio. No es la única responsabilidad, ya que el Estado, a través de la SEPI, posee un 20% de Redeia, matriz de REE. En un gesto carente de la mínima autocrítica ante un acontecimiento de esta gravedad, su presidenta, Beatriz Corredor, se eximió ayer a sí misma de todo fallo y cargó contra las eléctricas.

Todo apunta a que el caso acabará en los tribunales, tanto para establecer responsabilidades con nombres y apellidos como para fijar las posibles indemnizaciones a empresas y consumidores. Falta, a su vez, que la Comisión Europea emita su propio veredicto. Tiene de plazo hasta octubre para elaborar su informe y se espera que sea aún más exhaustivo. Quienes tienen la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema energético y el compromiso de proporcionar un servicio eficaz habrán de asumir las consecuencias de sus errores. Corresponde a las autoridades evitar que la factura del apagón y de los cambios regulatorios que exija la prevención de nuevos colapsos la acaben pagando los consumidores.