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El debate | ¿Hay que rebajar la edad para votar a los 16 años?

El Gobierno se dispone a presentar un proyecto de ley de juventud que incluye la propuesta de rebajar en dos años la edad para ejercer el derecho al voto bajo la premisa de que así se implica a los jóvenes en la democracia

Estudios ESO Bachillerato

El debate para rebajar la edad de votar en España a los 16 años está bastante avanzado. El Gobierno pretende presentar una ley de Juventud —la primera de la democracia— que incluye esta propuesta. Debería cambiar para ello la LOREG, la ley electoral. El argumento es que si a los 16 se puede trabajar es lícito que ese grupo de edad pueda decidir a qué se destinan sus impuestos. La idea está lejos de generar consenso. Se ha debatido y rechazado en el Congreso varias veces, y en 2019 Unidas Podemos lo incluyó en su programa electoral.

La psicóloga Olatz Ormaetxea Ruiz advierte contra el proceso de “adultizar” a los jóvenes y reducir cada vez más el espacio para ser adolescentes. El antropólogo Carles Feixa cree que esta medida es importante para involucrar a los jóvenes y corregir la actual desproporción en la influencia del voto que disfrutan las generaciones más mayores.


Hay que dar tiempo a la transición de niño a adulto

OLATZ ORMAETXEA RUIZ

¿Debe un cerebro inmaduro tomar decisiones políticas? A los 16 años, el cerebro está en proceso de maduración donde la influenciabilidad y la vulnerabilidad del propio proceso del desarrollo son intrínsecos. Los menores conforman un grupo con rasgos esenciales inamovibles, es un colectivo definido por características comunes de índole biológico donde se asume que el objetivo, desde la mirada adulta, es su protección. Por ello, en la convención sobre los derechos del niño de 1989, se entiende como niño “todo ser humano menor de 18 años de edad”, por ello, ¿si nuestros hijos e hijas votan con 16 años estamos siendo incongruentes?

Adultizar, es decir, hacer tomar decisiones adultas a los menores, o infantilizar, es decir, minimizar sus potencialidades por edad, puede conllevar serias consecuencias a corto y largo plazo con impacto negativo en su desarrollo psicológico y emocional ¿Es nuestra voluntad hacerlo?

Es importante respetar los tiempos y “dar su lugar” al proceso transicional de la etapa de “niño” a la etapa de “adulto” para que el menor pueda desarrollar su propia identidad, que ya de por sí conlleva un cambio de opinión constante y rebelde, con altibajos fruto de la propia búsqueda de identidad ¿Votará lo contrario de lo que opina la familia como ocurre en muchos de los temas que tratamos en casa sólo por la fase que está viviendo? O, por el contrario, ¿estará maduro para ello?

La adolescencia es crucial para el desarrollo de la identidad, además de ser un proceso de cambio permanente único para cada ser humano, donde los factores más influyentes son el entorno familiar, el entorno social y cultural. Es un periodo de alta complejidad donde la preservación de los derechos de los menores y su cuidado incondicional son fundamentales para el desarrollo del futuro adulto. Como profesional y como madre de un hijo de 16 años, me pregunto que si tengo la responsabilidad en caso de que cometa un delito y debo responder por mi hijo porque aún no es maduro, ¿es suficientemente maduro para que pueda votar? ¿Es fácilmente manipulable a los intereses políticos de los adultos? Estas son las preguntas que debemos hacernos ante una decisión tan relevante y de gran transcendencia.

La adolescencia es una época de cambios rápidos a nivel físico, emocional y social, donde se transita de la infancia al mundo adulto en busca de la independencia y la autonomía de forma progresiva, donde los iguales juegan un papel importante de referencia y donde los adultos deben acompañar desde la seguridad y la contención emocional para que el proceso sea lo más natural posible, sin intereses políticos, sociales ni ideológicos que puedan interferir negativamente en el proceso. En el periodo de pubertad media, que transcurre de los 15 a los 17 años, la mayoría de las niñas han alcanzado la madurez física. Los varones, sin embargo, pueden seguir desarrollándose, por lo que muestran diferencias fácilmente reconocibles. En esta etapa, además de las preocupaciones por los cambios físicos, comienzan a cuestionar los valores de los progenitores y de su cultura para más adelante poder integrar el nuevo aprendizaje, con lo aprendido anteriormente en el núcleo familiar. En esta época de tránsito y de cambio, suelen ser frecuentes los cambios de opinión pendulares y no suelen instaurarse los pensamientos relacionados con el futuro y hasta los 18 o 20 años. Por todo ello, los derechos de los menores consagrados en la Convención sobre los derechos del niño se centran en la protección y el bienestar de los menores, con especial énfasis en el interés superior del menor, donde el derecho a un desarrollo integral y la protección deben ser preservados ante todo. El artículo 19 del Código Penal recoge que “los menores de 18 años no serán responsables criminalmente” con el objetivo de que las medidas de responsabilidad penal sean limitadas para que estén orientadas a la reeducación y reintegración a la sociedad. Debemos dejar que los menores sigan siendo menores y que se ocupen de las responsabilidades asignadas a su etapa de desarrollo sin hiperresponsabilizarles con intereses del mundo adulto. Y esa máxima debería marcar el debate sobre la edad de voto.


Derecho al voto desde los... ¿cero años?

CARLES FEIXA

El título de este artículo puede sonar provocador: ¿tiene sentido defender el derecho al voto desde el nacimiento? En realidad, se trata de una propuesta formulada para revertir la creciente desigualdad generacional, inherente a las políticas de bienestar: en sociedades envejecidas como las europeas, las personas jóvenes tienen escaso peso político, porque son pocas y votan menos, lo contrario de la gente mayor, que es mucha y vota más, por lo que las políticas destinadas a los pensionistas se anteponen a las destinadas a la juventud.

Evidentemente, no se trata de que voten los niños o los bebés, sino de rebajar la edad del voto a los 16 años y de que las personas con menores de esa edad a su cargo tengan derecho a doble voto, para reforzar el peso de las políticas de infancia, juventud y familias. Mientras esta última propuesta no ha prosperado, por su difícil encaje legal y práctico, varios países han abierto el debate sobre el voto a los 16, entre ellos España. En 1978, el primer gobierno democrático rebajó la mayoría de edad —y, por tanto, el derecho al voto— de los 21 a los 18 años, una vieja reivindicación del movimiento juvenil antifranquista. Medio siglo después de la muerte de Franco, organizaciones juveniles y el recién creado Ministerio de Juventud e Infancia plantean el derecho al voto a los 16 años, vigente en países como Austria, Bélgica y Malta —en Alemania y Grecia solo para las elecciones europeas— y en países latinoamericanos como Argentina, Brasil o Ecuador, sin que su implementación haya causado mayores problemas. Contra dicha propuesta se utilizan tres tipos de argumentos.

El primero es de tipo neuropsicológico: Antes de los 18 años no se habría completado la maduración cerebral (la poda neuronal) y, desde el punto de vista emocional, se mostraría inestabilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, los avances de la neurociencia confirman que el cerebro adolescente es sumamente moldeable y que su lenta maduración es compatible con un desarrollo precoz del pensamiento hipotético-deductivo que, según Piaget, es la base de la capacidad de raciocinio. Por otra parte, la supuesta inestabilidad ideológica no es exclusiva de la juventud, como demuestran a diario grandes líderes mundiales.

El segundo argumento es de tipo sociológico: los adolescentes estarían en una etapa formativa dependiente de la familia, sin contacto con el mundo “real”, más preocupados por sus necesidades lúdicas inmediatas y, debido a las redes sociales, se mostrarían influenciables y gregarios, lo que les incapacitaría para tomar decisiones. Puede contraargumentarse que ningún grupo social o de edad es ajeno a la manipulación y, sobre todo, que los temas que más preocupan a la adolescencia (como el cambio climático, la escalada bélica o el acceso a la vivienda) afectan al conjunto de la sociedad, y que convendría escuchar la voz de los jóvenes al respecto.

El tercer argumento es de tipo político: los recientes procesos electorales en muchos países indican una creciente derechización de las juventudes, atraídas por los discursos populistas y xenófobos; si se les concediera el voto podrían decantar las elecciones y orientar los gobiernos hacia la extrema derecha. El contraargumento en este caso es que la rebaja de edad política no puede depender de coyunturas electorales, sino de la voluntad de abrir la toma de decisiones a sectores anteriormente marginados, pues los mismos argumentos que se aplican hoy a la juventud sirvieron antes para negar el voto a sectores no propietarios o a las mujeres, y se siguen usando para personas extranjeras no comunitarias, aunque vivan, trabajen y coticen aquí.

La rebaja del voto a los 16 años no debería plantearse como un fin en sí mismo, sino como un medio para repensar el ciclo vital y revertir la desigualdad generacional. Debería ir acompañada por una auténtica educación democrática, que enseñe mediante la práctica y desde la etapa escolar, a debatir entre posiciones enfrentadas, a elegir y tomar decisiones, a argumentar, a distinguir las fake news de la verdad, y a valorar la cultura del consenso. Algo, por cierto, que los adultos que nos gobiernan no siempre son capaces de practicar.

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