Violencia desatada en México

México ha vuelto a ser testigo esta semana de una escalada de violencia que no puede ni debe ser normalizada. El hallazgo de 17 cementerios clandestinos con decenas de restos humanos en tres Estados diferentes; la ejecución de María del Carmen Morales, madre buscadora en Jalisco junto a su hijo, también asesinado, y los ataques coordinados del cartel Jalisco Nueva Generación en más de 30 municipios de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, son algunos de los sucesos que evidencian la profunda crisis de seguridad y justicia que atraviesa el país.

El descubrimiento de fosas clandestinas en Sinaloa, donde se exhumaron 11 cadáveres, Baja California y Colima refleja una tragedia recurrente que pone en evidencia cómo el crimen organizado permea todo el territorio y la imposibilidad de las autoridades de hacer frente a tamaño reto. Las fosas clandestinas son la manifestación más brutal de una tragedia que México arrastra desde hace años. Cada hallazgo revela no solo la dimensión de la violencia, sino también el abandono institucional y el dolor interminable de miles de familias que buscan a sus desaparecidos. Las cifras oficiales apenas alcanzan a describir la magnitud de un fenómeno que sigue creciendo en la sombra, alimentado por la impunidad y la indiferencia.

La violencia del crimen organizado también se ceba con quienes buscan a los desaparecidos. María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, fue asesinada junto a su hijo en un parque. Morales había recibido amenazas por su labor en la búsqueda de otro de sus hijos, Ernesto, desaparecido desde febrero de 2024. El colectivo al que pertenecía la mujer es el mismo que propició que las autoridades investigaran el rancho de Teuchitlán donde se hallaron crematorios clandestinos y cientos de prendas de ropa apenas hace unas semanas. Su muerte se suma a la de otras dos decenas de madres buscadoras asesinadas desde 2010, evidenciando la vulnerabilidad de estos activistas frente al crimen organizado.

A estas dos tragedias se suma la ola de violencia desatada por el cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país, que bloqueó carreteras y quemó vehículos en al menos 30 municipios de tres Estados distintos. Estos ataques, que dejaron dos policías muertos, fueron una respuesta a los operativos del Gobierno contra la organización criminal. La magnitud de estos eventos demuestra la capacidad del cartel jalisciense para desafiar al Estado y sembrar el terror en la población. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por combatir el crimen organizado, como los operativos en Teuchitlán y las detenciones de líderes criminales, la realidad es que queda un largo camino por recorrer. La impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades, sobre todo en el pasado, siguen siendo hoy obstáculos gigantescos para garantizar la seguridad y justicia que los mexicanos merecen.