Manchar la imagen de la Policía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha firmado un acuerdo con Daniel Esteve, el polémico dueño de Desokupa, empresa dedicada a desalojos extrajudiciales con métodos en el límite de la legalidad y muy significada políticamente, para formar a miles de agentes en técnicas de defensa personal. Se trata de un error que va contra lo que debería ser una de sus prioridades, defender la imagen, el prestigio y la profesionalidad de los agentes. Así lo han criticado otras centrales del cuerpo y dirigentes del propio SUP. El sindicato asegura tener más de 20.000 afiliados y durante muchos años fue el primer sindicato policial de España —en las últimas elecciones internas, de 2023, quedó segunda en votos—. Asociar sus siglas a Desokupa afecta a la imagen que la ciudadanía tiene de los agentes, que no puede estar manchada de política.

Un sindicato puede llegar a los acuerdos que estime para mejorar la formación de sus afiliados y de otros profesionales de su ámbito de actuación. Pero en el caso de las fuerzas de seguridad, esa actividad incide directamente en los derechos y libertades. La confianza de los ciudadanos en la profesionalidad de los agentes supone un pilar esencial para que estos puedan hacer bien su trabajo. La persona a la que ha contratado el SUP para instruir a los agentes alentó el pasado otoño a través de las redes, donde tiene miles de seguidores, los actos de hostigamiento que durante semanas se sucedieron ante la sede del PSOE en Madrid, que derivaron en graves altercados en los que decenas de agentes resultaron lesionados por manifestantes ultras. Durante aquellos disturbios, los manifestantes —y dirigentes de Vox— descalificaron la actuación policial. Esteve hace negocio agitando demagógicamente una alarma social sobre la okupación de viviendas, avivada por políticos de derecha y ultraderecha y algunas compañías de seguridad, y que no se corresponde con la realidad. En las últimas dos elecciones, además, ha aprovechado su popularidad para hacer campaña contra la izquierda. Ante la polémica por la contratación, que está provocando división en el propio sindicato, la dirección del SUP no ha encontrado mejor respuesta que asegurar que la firma que impartirá los cursos (Club Desokupa) no guarda relación con Desokupa ni con su dueño.

El Ministerio del Interior ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio afecta a las subvenciones que recibe el sindicato. El caso es una ocasión para resolver posibles lagunas legales en la normativa que regula la formación de los agentes al margen de la oficial y su peso en las carreras de los profesionales. Sumar, socio del Gobierno, ha pedido al ministro que explique en el Congreso los detalles de la relación entre el SUP y Desokupa. El convenio precisa que las clases comenzarán en septiembre. El SUP tiene aún tiempo para reflexionar si está haciendo un buen servicio a sus afiliados.