Hacia una política migratoria

El modelo migratorio español acumula ineficiencias y tampoco ha conseguido dar respuesta a un mercado de trabajo que, en las actuales circunstancias, está lleno de desajustes por la escasez de mano de obra. Con mucha frecuencia, los inmigrantes se ven empujados a la economía informal, y a una suerte de vida clandestina, cuando paradójicamente hay muchos sectores que están ofreciendo con urgencia empleos que se quedan sin cubrir. El Consejo de Ministros aprobó este martes la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que pretente facilitar la incorporación al mercado laboral de miles de personas que han venido de fuera y que da, además, un paso firme para impulsar la contratación en los lugares de origen, como ocurre hoy casi exclusivamente con los temporeros, y para regularizar la situación de aquellos inmigrantes que ya viven en España y que trabajan sin contrato.

La iniciativa que ha impulsado el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, persigue que, en los lugares de origen y frente a las complicaciones de las normas actuales, se pueda contratar a trabajadores de baja, media y alta cualificación; permite que los estudiantes extranjeros compatibilicen sus estudios con un empleo, y puedan quedarse cuando los terminen, y flexibiliza la entrega de papeles a los pequeños emprendedores. Crea también una nueva figura, el arraigo por formación, pensado para regularizar a aquellos inmigrantes en situación irregular que se formen en sectores necesitados de mano de obra y consigan un contrato. El Ejecutivo tendrá que estar atento a su aplicación especialmente en este último punto, y corregir los problemas que pueda encontrar en su desarrollo. Su seguimiento será importante también para evitar que la entrada de extranjeros devalúe las condiciones laborales o para interceptar a las mafias que procuren aprovecharse de la situación, como advierte Interior.

La reforma del reglamento que se aprobó este martes no va a ser suficiente para adecuar el modelo migratorio español a unas circunstancias cada vez más complejas y que pueden llegar a ser dramáticas por la guerra en Ucrania, la inflación o los intensos cambios climáticos, pero tiene el arrojo de combatir la economía sumergida, legalizar las vidas de miles de inmigrantes clandestinos y contribuir a paliar la falta de mano de obra en sectores decisivos: transporte, construcción, hostelería, digitalización.

Siendo pues relevante esta iniciativa, el reto sigue siendo para España —y para Europa— construir una verdadera política migratoria que se aborde sin prejuicios, en la que participen todos los sectores implicados y que se plantee sin alarmismo el reto demográfico, las necesidades del mercado laboral y los derechos de los migrantes. Que un extranjero que vive, trabaja y tiene hijos en España tarde una media de siete años y medio en regularizarse exige revisar un sistema, en muchas ocasiones irracional, que deja sin derechos durante largo tiempo a personas que son parte activa de nuestra sociedad.