Los Pujol

El cierre de la instrucción del procedimiento por presuntas corrupciones abierto en la Audiencia Nacional a la familia Pujol-Ferrusola, y su envío a juicio, cierra siete años largos de investigación con un rosario de constataciones escalofriantes y de acusaciones mayores: el auto considera al expresident de la Generalitat Jordi Pujol, su esposa e hijos como incursos en delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad documental.

Seis años después de su confesión pública de haber incurrido en irregularidades fiscales, el horizonte judicial que se cierne sobre él y su entera familia —así como sobre otros 18 colaboradores y empresarios que les esparcían comisiones ilícitas millonarias a cambio de ventajas, concesiones y recalificaciones de terrenos— es tan oscuro como lo fue su actuación financiera.

La lectura de los más de 500 folios del texto del juez De la Mata resulta abrumadora, independientemente de cuál acabe siendo la calificación jurídica final al concluir el proceso. Rastrea y documenta 24 pagos ilícitos; identifica las sociedades pantalla extranjeras destinadas a difuminar la operativa familiar; radiografía las órdenes dadas a los ejecutivos bancarios y colaboradores; desmonta la frágil coartada del origen del dinero negro como producto de un legado (la famosa deixa) otorgado por el padre de Jordi Pujol, Florenci, coartada cuya existencia los afectados no han podido documentar, y deslinda las responsabilidades de cada uno de los miembros del clan.

Quizá lo más inquietante para muchos ciudadanos que confiaron en su figura, pues contrasta abruptamente con la imagen de responsabilidad, pulcritud y obra bien hecha que de sí mismo transmitía el patriarca, sea la estructura del clan para su operativa ilegal. El juez concluye que la familia se duplicó en paralela organización criminal pertrechada para delinquir con todos los requisitos constitutivos de tal: jerarquías bien establecidas (con el president y su esposa en la cúspide, ella ejerciendo de “madre superiora”, y su hijo mayor, de “capellán de la parroquia”); finalidad ilícita de lucro; coordinación y planificación milimetradas; permanencia en el tiempo.

Reiteremos que solo a la justicia corresponde la calificación de estos actos como delitos. Y la presunción de inocencia, por supuesto, así como la posibilidad de que algunos presuntos delitos hayan prescrito. Pero solo el recuento de las ilegalidades, irregularidades y trapicheos descritos es suficientemente expresivo de un aroma de corrupción extendida, radical, permanente, estructural, sistémica e impune. Pues además no es este el primer juicio al pujolismo y sus protagonistas por estas cuestiones. El Supremo acaba de confirmar el cobro de 6,6 millones de comisiones ilícitas (sobornos) por su partido, Convergència, para financiarse ilegalmente en el caso Palau. Otras sentencias y procesos abiertos en los casos CARIC, ITV, Pallerols o el del 3% atraviesan décadas de violaciones financieras de la ley. Con razón hace un mes el Parlament renegó por unanimidad de las “conductas ilegales y corruptas” del expresident y le instó a que devolviera las enormes cantidades defraudadas a Hacienda.