Constitución Española

Para unos, el rey Juan Carlos y la Constitución del 78 forman un conjunto inseparable de realidades. Fusionando persona e institución, allanan el camino a los republicanos

El balance de los últimos 20 años del actual modelo político resulta insatisfactorio. Es lo que permite hablar del agotamiento de una fórmula sin que se vislumbre por ahora una vía de salida para repararla

Las irregularidades presuntamente cometidas por el rey emérito no obligan a pronunciarse sobre la monarquía o la república, sino a admitir o rechazar la Constitución como medio para resolver el problema

Puede haber monarquías republicanas y repúblicas absolutistas o dictatoriales. El radicalismo divisivo puede derivar hacia cambios constitucionales drásticos, innecesarios o perturbadores, sobre la forma de gobierno

Tanto monárquicos como republicanos contemplan la discusión en términos dicotómicos en lugar de abrirse a terceras vías: ¿por qué no otra corona, una más ajustada a su tiempo?

Don Juan Carlos se encuentra incorporado al orden de sucesión en la Corona y a la provisión de la Regencia. Así debería quedar zanjada la cuestión de si su lugar de residencia es o no una cuestión privada

El Gobierno debe explicar cabalmente la decisión del rey emérito de abandonar España, eso es inexcusable

No, el dret a l’habitatge no és real. No importa si ho diu la Constitució... Actualment no hi ha lleis que el garanteixin. Un dret no ho és de manera efectiva si algú no el garanteix

Europa ha adoptado una posición desde la que será más fácil combatir a los populismos y nacionalismos

Está claro que una Constitución democrática no debería amparar actos ilegales del monarca ajenos a su función como jefe de Estado, pertenecientes a su vida privada, patrimonial o íntima

Es necesario forjar un consenso sobre valores que asienten un nuevo contrato social

Solo con poderes extraordinarios se podía decidir una respuesta eficaz a la pandemia

A veces, es más una cuestión de voluntad interpretativa que de imposibilidad normativa

Oyendo el canto de ‘Bella Ciao’ en Italia sentí una fuerte emoción. Más honda de lo que esperaba

No está la economía española para que las entidades públicas asuman la gestión de empresas y servicios; el fortalecimiento de lo público habrá de centrarse en los servicios sociales y, desde luego, en la sanidad

Sus preceptos deben ser interpretados conforme a las reglas habituales de interpretación jurídica, con las peculiaridades pertinentes al tratarse de una norma del más alto rango

El texto aprobado en 1978 se ha revelado útil a la hora de abordar la crisis sanitaria, pero algunas de las medidas que se estudian a partir de ahora pueden suponer una degradación alarmante de su calidad

El virus se puede evitar con aislamiento, pero no con censura

Se ha producido una exorbitante utilización del estado de alarma. La protección de la salud es una obligación de los poderes públicos, pero solo puede realizarse a través de las reglas del Estado de derecho

Las medidas adoptadas en el estado de alarma delimitan o restringen nuestra libertad, pero no violan ningún derecho porque anteponen la ineludible obligación de no poner en riesgo la vida de los demás

Preservar la salud de los ciudadanos con todos los medios disponibles, públicos y privados, es una prioridad absoluta; y también defender nuestro aparato productivo sin escatimar esfuerzos