El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirla garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la “administración autonómica perjudicada”
Una sentencia de 2018 dictó la ausencia de legitimación en el caso similar del expresidente de la Generalitat Artur Mas, en relación con los gastos para organizar la consulta del 9-N
El expediente de liquidación afecta a 39 ex altos cargos del Govern entre 2011 y 2017. Los gastos indebidos de 5,4 millones se dividen entre contratos, viajes y embajadas
Los servicios jurídicos dependientes del Gobierno han solicitado 17 años y medio de prisión para Mercé Gironés y cuatro para Josep Pujol por la gestión de su patrimonio
El BNG logra un acuerdo en el Parlamento gallego para que la Xunta extienda la protección como bien de interés cultural de la mansión a los objetos históricos que atesora en su interior
La decisión de no acudir al Supremo fue criticada por colectivos de memoria histórica y contrastaba con los recursos anunciados por otras administraciones del PSOE
El alcalde de Sada avisa de que “los grandes beneficiados” de esta decisión “inexplicable” son los nietos del dictador. La familia sí recurrirá el fallo de la Audiencia para recuperar el pazo
El supervisor rechaza las “solicitudes e insinuaciones impropias” que directivos y accionistas de la empresa Berkeley le han transmitido por escrito en los últimos meses. El CSN envía las cartas a la Abogacía del Estado
Mañueco lamenta que el Ejecutivo “trate de obstaculizar la acción de la Junta”, que tiene como objetivo “proteger la vida y la salud y reducir el daño a la economía”, y anuncia que mantiene la medida en vigor
Sanidad ha dado 48 horas para trasponer la norma, pero el Ejecutivo de Ayuso debe publicarla en su boletín oficial y fijar la fecha de inicio, que sigue sin aclarar y pendiente del recurso ante la Audiencia Nacional
Los servicios jurídicos del Gobierno recuerdan que cuando el Ejecutivo ejerce funciones de coordinación sanitaria los acuerdos vinculan a todas las autonomías
La familia blande viejos recibos del IBI a nombre del dictador para defender que era el legítimo dueño, mientras los peritos de la Xunta respaldan la titularidad pública del pazo