La Fiscalía se opone a las 11 recusaciones al magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez

El fiscal y la Abogacía del Estado se oponen a que el Constitucional aparte al magistrado Antonio Narváez de la deliberación de los recursos contra la sentencia del procés. En sus informes, ambas partes piden que sea rechazada la recusación presentada contra dicho magistrado por los líderes independentistas. La iniciativa se basa en la tesis de que Narváez ha perdido toda apariencia de imparcialidad por calificar el procés de “golpe de Estado encubierto” y compararlo con el 23-F, para añadir que el primero de estos hechos fue “mucho más grave por sus consecuencias” que el asalto de Tejero al Congreso. Ambos informes coinciden en afirmar que estas manifestaciones deben verse en el contexto de una conferencia para explicar las decisiones que el Constitucional adoptó sobre el proceso independentista, en particular contra las leyes de desconexión.

“La alusión al golpe de 1981”, sostiene la Abogacía del Estado, “no se refiere directa o indirectamente a los episodios de alzamiento tumultuario de 2017 y, menos aún, a su aspecto o vertiente penal”, sino “a las consecuencias del proceso que relata, que afectaban a la propia soberanía y unidad de España”. La Fiscalía estima, por tanto, que Narváez no estaba mostrando un juicio predeterminado sobre las consecuencias penales del procés, sino explicando por qué ciertas iniciativas y normas promovidas por las fuerzas independentistas habían sido anuladas por el Constitucional.

Narváez pronunció la citada conferencia en el “Club de la Constitución” de Granada, en noviembre de 2017, poco después de la presentación de la querella por rebelión contra los líderes independentistas, y de que el fiscal general que la impulsó, José Manuel Maza, falleciera durante un viaje a Argentina. Para la Fiscalía, la proximidad de este último hecho explica los elogios que Narváez dirigió a Maza, en particular por el impulso que dio a la persecución penal del procés mediante dicha querella.

La Fiscalía sostiene que en este asunto “no concurre un interés singularizado” de Narváez que no sea el de “la aplicación del ordenamiento jurídico”. Si la recusación prosperara, el Constitucional, que cuenta con 11 miembros tras la renuncia de Fernando Valdés, se quedaría con 10 magistrados para dictar la sentencia del procés.