De Gallardo a Pollán: auge y caída del primer vicepresidente de un gobierno con Vox

A Juan García-Gallardo Frings se le puso cara de vicepresidente aquel 13 de febrero de 2022. Se la notó el líder de Vox, Santiago Abascal. Su partido había conseguido el mejor resultado cosechado hasta entonces en unas elecciones autonómicas: 13 escaños y el 17,6% de los votos. Gallardo era un absoluto desconocido pocos meses antes. Burgalés, hijo de un exitoso abogado con despacho en Burgos y Madrid, graduado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, todavía no había cumplido 31 años.

En esa época, Vox cuidaba mucho la imagen de sus candidatos. Tras descartar su propia cantera, de la que la que formaba parte el veterano Carlos Pollán, que se presentaba por segunda vez a unas autonómicas por León, organizó un casting para encontrarlo. Gallardo tuvo que superar tres filtros antes de ser seleccionado. Primero, lo citó el entonces secretario general, Javier Ortega Smith, en su despacho del Congreso; luego, acudió a la sede nacional del partido en la madrileña calle Bambú y, finalmente, Abascal se lo llevó a su pueblo natal de Amurrio (Álava) y pasó el día con él antes de darle su bendición. Gallardo tenía el perfil que Vox buscaba: un rostro juvenil y dinámico para una región envejecida y falta de perspectivas de futuro, moderno en la forma y ultraconservador en el fondo. Activo tuitero y buen orador, había competido con éxito en campeonatos internacionales de debate.

Sin experiencia política, Gallardo se convirtió en número dos de una región de casi 2,4 millones de habitantes, titular de Vicepresidencia con poco poder ejecutivo pero fuerte presencia mediática. Los focos se centraban en él, no solo porque Castilla y León se veía como el laboratorio de un futuro Gobierno PP-Vox en toda España, sino porque su estilo provocador eclipsaba al tedioso presidente regional, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Sus mensajes en las redes sociales eran tachados de machistas y xenófobos y sus intervenciones en las Cortes regionales siempre dejaban titulares: llamó “imbécil” a su predecesor, Francisco Igea, de Ciudadanos, cuando este le criticaba por haber aparecido en el programa de televisión MasterChef; y se negó a retirar el calificativo de “banda criminal” con el que tachó al Partido Socialista. En noviembre de 2023 fue uno de los protagonistas de las concentraciones que cercaron noche tras noche la sede federal del PSOE en la madrileña calle Feraz.

El recorte de las subvenciones a los sindicatos fue la bandera de su “guerra cultural” contra la izquierda, mientras que la gestión de la crisis de la tuberculosis bovina le enfrentó con el Gobierno central. La orden de la junta para flexibilizar el movimiento de ganado fue suspendida por los tribunales, pero en junio de 2024, semanas antes de que se rompiera el Gobierno de coalición, entró en vigor la reforma de la Ley de Sanidad Animal, con tres décadas de antigüedad.

Gallardo presumía de haber puesto a profesionales expertos al frente de las áreas bajo responsabilidad de Vox, pero su imagen de enfant terrible, representante de una nueva generación de políticos de derechas llamada a relevar algún día al propio Abascal, levantó recelos. No solo se convirtió en una piedra en el zapato de Mañueco, sino también para personas poderosas de su propio partido.

El 12 de enero de 2023, compareció junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, del PP, para presentar un paquete de medidas antiabortistas; entre ellas, la obligación de ofrecer a las embarazadas que quisieran abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal, hacerles ecografías en 4D y prestarles atención psicológica preferente. “Si conseguimos salvar una vida, habrá merecido la pena”, declaró Gallardo. El protocolo, inspirado en el que aplica Orbán en Hungría, formaba parte del pacto presupuestario entre PP y Vox, pero se decidió aplazar su anuncio.

La noticia causó un gran escándalo. El Gobierno envió un requerimiento a la Junta, advirtiéndole de que su iniciativa era contraria a la ley: Mañueco reculó asegurando que no se obligaría a los médicos a ofrecer nada a las embarazadas y el propio Feijóo intervino. “Si Vox se quiere marchar del Gobierno, que se marche”, aseguraron fuentes de su entorno.

Ante la posibilidad de que se rompiera el único ejecutivo que entonces compartían PP y Vox, Kiko Méndez Monasterio, consejero de Abascal, le advirtió a Gallardo de que había que dar marcha atrás porque el partido no se podía permitir dar imagen de inestabilidad ante las elecciones del 28 de mayo en doce comunidades autónomas. Le prometió, eso sí, que una de las condiciones que pondría la formación para entrar en futuros gobiernos sería precisamente el latido fetal. Nunca se cumplió.

El acuerdo que puso fin a la crisis de Castilla y León se selló en una reunión de la que Gallardo fue excluido, lo que era una forma de puentearle y desautorizarle. Con Mañueco y su equipo de confianza se sentaron el propio Méndez Monasterio, que no tiene ningún cargo en el partido, y Montserrat Lluis. Por recomendación del primero, Gallardo había fichado en abril de 2022 a esta periodista ―que había hecho carrera en Vocento, editor de Abc, y el grupo COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal― como directora general de Coordinación de la Junta. Lo sorprendente fue que la dirección nacional de Vox hiciera saber a Mañueco que su interlocutor para negociar ya no sería su propio vicepresidente sino Montse Lluis, que ejercía como jefa de Gabinete del mismo. En agosto de ese año, Lluis se incorporaba al aparato central del partido, donde escalaría de vicesecretaria de Acción de Gobierno a secretaria general adjunta. En adelante, ella llevaría la voz cantante en todas las negociaciones con el PP, dejando en segundo plano a Méndez Monasterio.

A Gallardo se le puso cara de exvicepresidente cuando en abril de 2024 leyó un reportaje en Abc sobre la nueva estrategia de su partido. “Gallardo es incontrolable, cuando tiene un micro delante se desata. Ahora no necesitamos eso. Hay que potenciar otro tipo de perfiles”, declaraban fuentes de la dirección de Vox. El periodista resumía el mensaje: “‘Menos gallardos y más pollanes”, en alusión al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. Aunque no se identificaban las fuentes, Gallardo sabía su origen porque el artículo reproducía textualmente frases que él había escuchado en el entorno de la cúpula de Vox. Exigió un desmentido rotundo a su partido, pero solo obtuvo una defensa tibia de su portavoz, José Antonio Fúster.

Tres meses después, Vox decide romper los cinco gobiernos autonómicos con el PP por el reparto de 347 menores extranjeros no acompañados, aunque el año anterior hubiera aceptado una distribución similar sin problemas. Gallardo, que no quiere que nadie le acuse de agarrarse al sillón, adelanta en las redes que su decisión está tomada y, parafraseando al almirante Méndez Núñez, proclama: “Si nos hacen elegir entre el honor y los barcos, elegimos el honor”. Al día siguiente, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que formaliza el divorcio con el PP, advierte de que debe asumirse con todas las consecuencias. Y ampliarse a los ayuntamientos. No se le hace caso.

Al salir del Gobierno, pierde a su equipo de confianza. En el grupo parlamentario está aislado. La ruptura definitiva llega en febrero de 2025 cuando el secretario general, Ignacio Garriga, le emplaza a firmar la expulsión fulminante de dos procuradores díscolos de Vox. Aunque no comparte sus posiciones, sabe como abogado que la expulsión es una chapuza, pues ni siquiera se les ha dado audiencia previa. Garriga lo presiona con un ultimátum de 15 minutos y él dimite de todos sus cargos. “El intento por acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera”, escribe como despedida. El 9 de febrero de este año, Vox anuncia que su candidato a la Presidencia de Castilla y León en las elecciones del 15 de marzo es Carlos Pollán. Se confirma así el giro en la estrategia del partido ultra: muchos más pollanes, pero ningún gallardo.