Otra denuncia de violación, ¿otra vez la impunidad de los ‘juniors’?

Juniors es la manera de llamar en México a los hijos de familias ricas e influyentes que se mueven con esa frivolidad, o más bien ese cinismo y cobardía, que les da tener como escudo el poder de sus papás. Hace una década, el término volvió con fuerza a la conversación pública por el caso de cuatro de estos juniors —hijos de políticos y empresarios— que abusaron de una menor en Veracruz. La denuncia de la víctima estuvo enterrada más de un año en la fiscalía estatal. Solo gracias a la presión social, la justicia se puso manos a la obra. El caso de Los Porkys —a los juniors les suele gustar lo kitsch, aunque seguramente ellos pensarán que esa palabra debe ser una marca de relojes caros— se convirtió en un símbolo contra la violencia y la impunidad de los hombres poderosos en México. Pese a todo, dos de ellos lograron fugarse sin problemas fuera del país. Apenas uno pisó brevemente la cárcel.

La sombra de los Porkys y de la impunidad de los juniors planea sobre otro caso reciente. Una joven se despertó en un cuarto de hotel de San Luis Potosí con un hombre que no conocía y lesiones de violación. El caso se enreda más. Valeria, de 28 años, está diagnosticada como sonámbula desde los 6. Las cámaras del hotel registraron cómo sale de madrugada de su habitación, avanza desorientada por el pasillo hasta que una puerta de otro cuarto se abre y un hombre la invita a pasar. El hombre, Guillermo Baeza, es sobrino de uno de los hombres más ricos de México, fundador del Grupo Bafar.

Su novio, con el que pasaba la noche en el hotel tras una boda, se despertó en medio de la madrugada. Al percatarse de que no estaba, salió a buscarla, preocupado por si sus episodios de sonambulismo, donde pierde totalmente la conciencia, podían ponerla en peligro. Cuando el novio y el personal del hotel entran en la habitación de Baeza, ella recuerda despertarse, oír cómo alguien mencionaba su nombre y darse cuenta de que no sabe ni dónde está ni quién es ese hombre en boxers que está dentro del cuarto. Está semidesnuda. Se tapa con una sábana y se va llorando a su habitación. Ahí se mira por primera vez al espejo y se da cuenta de que su ropa interior está del revés. Mi compañera Beatriz Guillen ha reconstruido el caso con documentos judiciales y entrevistas con la víctima.

El novio de Valeria le contó a mi compañera que mientras la joven estaba dentro de la Fiscalía estatal contestando al primer peritaje psicológico, un “viejito” le pide salir a hablar afuera. “Yo ni quería salir, porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Ahí llegó otro señor diciendo: ‘Oye, te aviso que al que estás acusando tiene una reputación impecable’. Resulta que era su papá. Nos amenazó. Nos dijo que nos iba a fregar”.

El padre, Guillermo Baeza Fasar, es directivo de la empresa familiar, donde también trabaja el hijo, de 27 años. Han pasado casi cinco meses desde que ocurrieron los hechos. Valeria cuenta con un dictamen médico —que señala lesiones sexuales— y uno psicológico —que registra estrés postraumático compatible con una agresión sexual— para enfrentarse a una de las familias más poderosas del país.

Ni el acusado, ni la familia, ni la empresa han respondido a las preguntas de mi compañera para conocer su versión. Se remiten a la posición de sus abogados, que primero lograron liberar a su cliente en cuestión de horas, tras haber sido detenido en el hotel, por una argucia formal. Y después consiguieron que la Fiscalía de San Luis Potosí retire la denuncia penal por entender que no está probado que Baeza forzara a Valeria y que los rastros de actividad sexual tampoco están acreditados que correspondan con su cliente, ya que no se encontraron restos de semen. Los peritos psiquiatras, sin embargo, insisten en que durante un episodio de sonambulismo no cabe consentimiento alguno: “Existe actividad motora sin vigilia consciente y amnesia total del episodio”. El código penal es muy claro al establecer que no se necesita de eyaculación para considerarse una agresión sexual.

La defensa de Guillermo Baeza está a cargo del despacho Torsa Abogados, del que es fundador e integrante el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez. A su vez, la esposa del funcionario, Xitlálic Sánchez, es la vicefiscal jurídica del Ministerio Público de San Luis Potosí. También su hermana, Silvia Torres Sánchez, quien estuvo antes con él en el despacho, es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado desde septiembre de 2025. Este vínculo con el poder preocupa a los asesores jurídicos de Valeria. Temen que se repita el patrón de Los Porkys.