El Mayo Zambada y la justicia podrida en México

La prensa mexicana de este lunes lleva en páginas interiores la noticia de una tragedia múltiple, reporte que es al mismo tiempo una confesión de parte de las profundas carencias judiciales de México. Eso de “múltiple” es exacto en varios sentidos.

La Fiscalía General de la República informó este domingo que logró una sentencia de 293 años de prisión para José Luis Luquín Delgado, apodado El Jabón, por el asesinato en marzo de 2011, sí, hace catorce años, de Juan Francisco Sicilia y seis jóvenes más en Jiutepec, Morelos.

Aquella tragedia no pudo —literalmente— ser más mediática. Morelos padecía los sobresaltos de haberse convertido tanto en guarida de criminales de talla nacional como en pasto para consumo de delincuentes de la zona.

El padre de Juan Francisco, el reconocido poeta Javier Sicilia, estaba fuera de México cuando ocurrió la masacre, tan irracional y sanguinaria que alcanzó a conmocionar incluso en los tiempos de Calderón, cuando la escalada violenta era cosa de todos los días.

Al volver, Javier Sicilia protagonizó una de las expresiones más sentidas de lo que va del siglo. Recorrió México y en cuanta población tocó el poeta, cientos o miles de familiares de víctimas salieron a su encuentro, y con él clamaron, por el fin de la barbarie, un “Basta ya”.

Por esa visibilidad, autoridades de todo nivel empeñaron su palabra en que habría justicia. ¿Se puede llamar justicia a algo que tarda más de 14 años en alcanzar una sentencia y que si acaso ocurre en algunos (muy pocos) juicios, esos que la autoridad no puede obviar?

Pocos años antes de la tragedia de la familia Sicilia, otro apellido conocido se vistió de luto. La joven Silvia Vargas, hija de un empresario de renombre en el deporte y exfuncionario público, fue secuestrada en la Ciudad de México. Su rapto y muerte ocurrió en septiembre de 2007.

Según los registros de internet, por el caso de Silvia Vargas este mismo año —sí, 2025– ha sido ratificada la sentencia en contra de una persona. Una.

Dicho en otras palabras, toda una banda de secuestradores está impune (con chicanas han retardado el proceso) y solo un individuo ha sido enjuiciado.

La tragedia de Juan Francisco Sicilia y sus amigos no se entiende sin personajes como Ismael El Mayo Zambada.

No solo porque, insisto, Morelos se convirtió en los dosmiles en cómoda residencia de narcotraficantes que disputaron al sinaloense visibilidad nacional, sino porque siempre fue falso que eran narcotraficantes que no se metían con la población, que solo enviaban droga a otras partes, que no podrían con su dinero, y la ambición por más mercados, cualquier espacio que no les opusiera resistencia.

Que el Mayo Zambada diga en Estados Unidos lo obvio —que para poder operar libremente alentó en México la corrupción al pagar a policías, comandantes, militares y políticos— es un recordatorio tanto de la hipocresía de Washington como del fracaso judicial mexicano.

Sí, el Tío Sam los acusa de envenenar a su pueblo, los persigue incluso violando la ley, y cuando los atrapa lo que hace es buscar un acuerdo para sacar raja política en contra de otros países o intereses, allá los gringos que ningunean la justicia para las víctimas.

Denunciar tan convenenciero doble estándar de Washington no lleva muy lejos vista la realidad mexicana.

Al personaje de marras aquí no se le detuvo nunca y tan tranquilo se sentía que en sus últimos meses de vida libre, antes de ser raptado en 2024 por sus exsocios, hasta entrevistas periodísticas procuraba.

Y una vez detenido, en un procedimiento de Estados Unidos tan ilegal como injerencista, la acción diplomática y judicial mexicana para demandar la repatriación de un connacional sustraído mediante crímenes —hubo asesinatos en el rapto, para empezar— brilló por su ausencia.

Estados Unidos una vez más solo vio por sus intereses. México ni eso. Desde al menos hace medio siglo, de los años ochenta a la fecha, las instituciones mexicanas han prometido mejorar en justicia y siempre han simulado cuanto pueden sus fracasos al respecto.

El Mayo Zambada confesó, en abstracto, que ordenó matar y que entre los muertos de su autoría hay también gente fuera del negocio criminal.

A todas esas víctimas —que justo en un juicio podrían dejar de ser desconocidas, anónimas o invisibles— este lunes se les canceló el derecho a que se enjuicie a su victimario.

La impunidad del Mayo estuvo garantizada en México por gobiernos de todos los partidos, que en sus omisiones y corrupción nunca construyeron las policías, los ministerios públicos e incluso los jueces que hacen falta para lidiar con la delincuencia organizada.

Hoy, en tiempos en que se presume una baja en los homicidios de un veinticinco por ciento (ya “solo” rondan diario el medio centenar), llega en páginas interiores la noticia de que a las familias de siete jóvenes masacrados en 2011 les tomó 14 años lograr una sentencia.

El nuevo sistema judicial nacerá en una semana sin ninguna garantía de que la procuración de justicia mejore.

Porque como lo hizo por décadas el Mayo, los delincuentes saben que el mayor fracaso democrático de todos los partidos en México se llama impunidad. Y a eso apuestan. Diario. Con mucho dinero. Y en múltiples regiones del país.

Al menos Estados Unidos puede decir que puso para Zambada un cartel de “Se busca” y que ahora lo tiene en una celda diminuta. México ni eso.