Sheinbaum apuesta por la inversión mixta en infraestructura para empujar el crecimiento

Todas las cartas del Gobierno mexicano para impulsar el crecimiento del país están en invertir en infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado en las últimas semanas al Congreso la iniciativa para la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con ella busca empujar la inversión pública y privada en los próximos cuatro años. La propuesta define un marco legal para que las empresas colaboren con el Gobierno como socios en proyectos en el sector energético, el ferroviario, las carreteras y los puertos. Durante 2025, el PIB de México creció un 0,8%, lo que mostró un importante rezago en el impulso de la inversión. Con la nueva ley, la Administración de Sheinbaum busca elevar la inversión y empujar el crecimiento nacional, sin aumentar los impuestos y sin afectar las finanzas públicas.

La relación entre la iniciativa privada y el Gobierno mexicano sufrió una importante ruptura durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El entonces presidente canceló en el arranque de su administración la construcción del aeropuerto de Texcoco, que ya se encontraba en construcción, por lo que los empresarios comenzaron a ser escépticos sobre la certeza jurídica y financiera que podrían tener sus proyectos en México. Sheinbaum, con esta nueva ley, busca restablecer la confianza del sector privado y acelerar la inyección de capital. El objetivo es que de 2026 a 2030 la inversión sume 5,6 billones de pesos a través de contratos mixtos, contratos a largo plazo y esquemas de partición con instrumentos financieros.

En todos los casos el Estado sería un socio más para las empresas privadas. “La inversión privada es el principal motor de formación de capital, por lo que fortalecer la certeza jurídica es fundamental para evitar que se desincentive”, señalan desde el think tank México ¿cómo vamos? La iniciativa ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero está pendiente del visto bueno del Senado, que retomará sus actividades la próxima semana. “Lo que estamos buscando es movilizar miles y miles de millones de pesos que están inactivos en fondos, en fideicomisos, en ahorros, en bancos, para trasladarlos de manera directa a los privados”, ha explicado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena, el partido en el Gobierno.

Mientras la legislación queda resuelta, el Gobierno ha adelantado que la distribución de la inversión estará enfocada en 54,15% al sector energético, 15,63% a trenes, 13,94% a carreteras y 6,48% a puertos. La Secretaría de Hacienda publicó esta semana su estimación macroeconómica para los meses por venir, en ella mostró un panorama optimista para el crecimiento de la economía y colocó su estimación del crecimiento del PIB mexicano entre 1,8% y 2.8% para 2026 y entre 1,9% y 2,9%, en 2027. “La inversión será uno de los principales motores del crecimiento. La participación privada repuntará conforme las empresas se adapten al nuevo entorno regulatorio y avance el proceso de revisión del TMEC. A su vez, la inversión pública y mixta contribuirá a ampliar la capacidad productiva, mejorar la conectividad y reducir cuellos de botella en sectores estratégicos, a través del Plan México y del Plan de Inversión”, ha argumentado la dependencia.

En la práctica el Gobierno mexicano ya utiliza estos esquemas para financiar infraestructura. Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró recientemente siete contratos mixtos para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, en ellos actúa como socio y posee una participación por encima del 40%. En otro caso, Hacienda participó a través de un fideicomiso privado en la adquisición de activos de la firma española Iberdrola en 2023. La inversión al cierre de 2025 se ubicó en 22,9% del PIB, de esta un 19,5% es privada y el 3,4% restante es pública.

Aunque la propuesta fortalece el marco legal y establece condiciones financieras para que las empresas participen, algunos sectores dudan sobre aquellos resquicios que la ley no cubre y que serán decididos por el Gobierno sobre la marcha. “El principal riesgo de la iniciativa no radica en la estructura financiera, sino en la falta de claridad respecto a aspectos clave: deja margen para la discrecionalidad en la determinación de qué proyectos son estratégicos, no ofrece protección jurídica ante actos de autoridad, ni establece cómo se deducen los costos operativos antes de distribuir beneficios”, apunta un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La iniciativa privada ha comenzado el análisis sobre los sectores en los que el Gobierno emprenderá los proyectos y le ha pedido a la Administración de Sheinbaum ser parte de la toma de decisiones. “Los constructores queremos participar más para apoyar. Existe la comunicación con el Gobierno y podemos pasar la información de los proyectos en diferentes sectores que hemos definido. Queremos estar adentro con voz y voto”, ha manifestado el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled.

Diversos organismos multilaterales han advertido al Gobierno mexicano sobre la necesidad de una reforma fiscal que le puede permitir al Estado ampliar su base de recaudación. Sheinbaum ha buscado el espacio fiscal en otros rincones y, por ahora, ha apostado toda la baraja a la inversión privada. “El plan [de inversiones] busca que no pasemos a grandes endeudamientos que afecten a la economía o al presupuesto nacional o a la situación financiera del país y, al mismo tiempo, que haya participación privada en algunas áreas. También garantizaría, por ejemplo, que no hubiera aumentos desmedidos en las tarifas de luz o abusos por parte de empresas privadas”, ha mencionado la presidenta sobre su plan de inversión.