Son un puñado de comunidades y un pedazo de selva. La carretera las ensarta como un sable y ellas se arremolinan a su alrededor. El coche avanza: ahora entra en Campeche, ahora en Quintana Roo, de vuelta en Campeche, y así sucesivamente hasta llegar al punto que separa México de Guatemala y Belice. Sobre la vegetación, la gente, se desploma el calor del trópico y la vida en una frontera que es volátil e invisible, prácticamente inexistente. Los dos Estados se extienden sobre esta franja que es rica en madera preciosa y pobre en servicios públicos. Los dos la reclaman como propia, aunque ninguno se responsabiliza del todo de quienes la habitan: el agua de aquí, la escuela de allá. “Y en medio los campiranos, que somos los mismos”, resume Lorenzo Várguez, líder local. Él la defiende para Quintana Roo.

En total, son 5.000 kilómetros cuadrados de territorio ejidal poblado en su mayoría por gentes de otros Estados —Veracruz, Chiapas, Tabasco—, entre las que se corrió la voz: “Aquí hay tierra para trabajar”. Todas esas comunidades viven en la incertidumbre jurídica desde hace décadas, a la espera de que la Suprema Corte resuelva dónde están los límites y a qué Gobierno responde cada tramo. La situación se repite, como en un espejo deformado, en los 4.800 kilómetros cuadrados que dibujan la frontera imperfecta entre Quintana Roo y Yucatán. Ahí no hay solapamiento, en las comunidades donde ha entrado uno, el otro se ha mantenido fuera. Los mapas dicen: aquí debe ir una línea recta. La realidad responde en zigzag.

“Cuando llegué las condiciones eran pésimas. No había agua, no había foquitos. Nomás las casitas se veían un poquito. Me daba una tristeza…”, relata María Eugenia López (54 años), que llegó desde la Ciudad de Campeche a San Antonio Soda, a 300 km al interior, donde su esposo había comprado una parcela. Ir a por agua en aquel entonces, hace casi 30 años, era un “martirio”, recuerda. “Ay, yo lloraba, porque no podía acarrear la cubeta desde la aguada. Tengo mi hombro muy chico, se me resbalaba la vara. Cuando llegué acá, mi niño estaba de seis meses. Tenía yo que dejarlo ahí amarradito, bien dormido, y me iba a buscar el agua”, reconstruye ahora.

Fue Quintana Roo quien finalmente perforó el pozo que ahora les abastece. Campeche les da todo lo demás: el centro de salud (“sin médico”), las escuelas, el pavimento, el alumbrado público. Si se enferman gravemente, sin embargo, los derivan a Chetumal, la capital quintanarroense. Ella es, con todo, “100% campechana”. A su lado, bajo un techo de lámina que las refugia del calor, su amiga Ana, de 56 años, matiza: “Poner el agua es lo mejor que pudo hacer Quintana Roo”. Y agrega irónica, sobre un conflicto que a nadie aquí le importa demasiado: “El Gobierno es como un marido de nosotras, adonde te lleven, ahí te vas a quedar”.

La creación del municipio de Calakmul (Campeche) en 1996 es la que hace estallar todo por los aires. El joven Estado de Quintana Roo, que se había centrado en desarrollar la atractiva costa caribeña y había dejado en el olvido y sin apoyos su patio trasero, se da cuenta de la modificación del punto Put y de que el nuevo ayuntamiento entra de lleno en lo que consideran parte de su territorio, y llevan el asunto a la Corte por primera vez. El Tribunal no dictamina y en 2005 las competencias pasan al Senado. La Cámara Alta le regresa la patata caliente, todavía sin resolver, en 2012, cuando le son devueltas las atribuciones a la Corte, pero nunca le hace llegar el expediente con todas las pruebas periciales, que quedan enterradas en un archivo. El caso encalla. La vida, sin embargo, avanza en los territorios, que se abren camino con esfuerzo y como pueden, también en la frontera yucateca.

“La vida aquí es muy difícil. A veces hay trabajo y, a veces, no, y mientras uno tiene que salir a buscar en otro lado”, murmura Rita Hoil, de 40 años, mientras manipula el machete con el que minutos antes cortaba las ramas del achiote, la semilla que sirve de condimento para la cochinita. Ella se mudó a un pequeñito cerro en Saczuquil, en la frontera de Quintana Roo con Yucatán, y ahí los límites son más palpables que en ningún otro lado. A diferencia de lo que ocurre en la frontera oeste, en la del norte cada Estado se ha repartido informalmente cada comunidad, y la selva mediana que crece en el terreno intermedio se ha quedado sin pavimentar.

Así, aunque apenas cuatro kilómetros separan este poblado de casas de guano de su equivalente yucateco, Corral, el acceso es prácticamente imposible, al menos, para los carros que podrían ayudarles a vender la cosecha allá y evitar así que una parte se eche a perder. El transporte por excelencia aquí y en la otra frontera, por barato y eficaz, es la moto. “Hace como un año ahorita estaban diciendo que querían reparar ese camino, pero como ni el presidente [municipal] de acá ni el de allá nos quieren apoyar para que quede bien, se quedó así”, se resigna Rita, mamá de tres niños. El pequeño José corretea mientras sus padres trabajan: ahora el achiote, luego el limón.

La forma en la que los Estados han lidiado con el conflicto ha dejado postales diferentes en cada frontera, pero los problemas se repiten en las dos, allá donde se pregunte: el agua, la salud, los caminos. Judicialmente, la disputa resurge en 2019, cuando Quintana Roo ratifica sus coordenadas territoriales en una reforma constitucional. Era parte de una estrategia que buscaba detonar la impugnación de alguno de los otros Estados, explica Reinaldo Blanco, expresidente del Comité Cívico que defiende los límites de Quintana Roo. “Era la única forma de revivir el caso. Que la Corte resuelva es la solución al conflicto”, agrega.

Ellos esperaban que fuera Campeche, con quien la disputa es más encarnizada, pero la entidad dejó correr los plazos y se quedó fuera. “Eso no implica que tengamos menos derechos o prerrogativas, ya que como tercero interesado podemos presentar pruebas”, defiende el consejero jurídico del Estado, Adrián Serrano Barrientos, que indica que hace un año su Gobierno presentó una iniciativa para resolverlo de forma amistosa, pero no obtuvo respuesta. Yucatán, en cambio, entra e impugna. Ningún funcionario del Ejecutivo ha accedido a hablar con este periódico. Tras la elección judicial de 2025, el caso le cae a María Estela Ríos, quien debe resolver ahora un embrollo que sigue retorciéndose en cada una de sus dimensiones.

Justicia Social, la comunidad clave en el conflicto con Yucatán

Cuando Brenda Vázquez llegó a Justicia Social, territorio yucateca de facto, ya habían comenzado a abandonar las casas: todas iguales, pequeñas, de techo laminado. “Decían que antes había mucho trabajo, que era un ejido. Yo no lo vi”, relata mientras sigue despachando a las clientas que llegan a su tortillería. “Apenas se saca para comer, pero yo he sido siempre proactiva”, completa esta mujer de 44 años. Sus ojos brillan alegres, a pesar de todo. Cuando acabe de atender el puesto, hacia las tres de la tarde, llegará a su casa y se pondrá a bordar. Luego a vender plantas, a hacer la pedicura y a cortar el cabello. Hay que sacarle de donde se pueda.

Muchos años atrás, sin embargo, esta era una tierra dispuesta a ser explotada por primera vez. “Todo esto era puro mecanizado. Estas tierras son riquísimas, se puede sembrar sandía, maíz, frijol, lo que quieras. Por miles de hectáreas. Llegó mucha gente de toda la República. Aquí adelante había unas bodegas inmensas”, explica Tomás Flota (73 años), expresidente municipal de José María Morelos. Ahí se enmarca su localidad, Dziuché, a siete kilómetros en línea recta de Justicia Social, pero del lado de Quintana Roo. “En esta zona está la raíz de los intereses de Yucatán”, apuntala Reinaldo Blanco, del Comité Cívico y amigo de Flota. Él vivió de niño en Justicia Social, aunque estudió, como siguen haciendo hoy los jóvenes, en Dziuché, más grande y con más servicios.

Blanco señala lo que queda del otro lado de la frontera, la contraparte que “tecnificó Quintana Roo” y que hoy funge como “granero del Estado”. “Si se llega a ejecutar el punto que se movió en 1975, todo eso sería de Yucatán”, lamentan los amigos. A la inversa, si la Corte se inclinara por el primer Put, Justicia Social, hoy terreno plenamente yucateco, al menos en cuanto a gobernanza, pasaría a ser quintanarroense. Para Brenda, que solo ha oído del conflicto en redes y como un “rumor”, lo que le importan son los servicios: “Dicen que allí tienen más apoyos, pero aquí tenemos algo que sí nos han respetado como yucatecos, que es el servicio de salud”. Aunque el crecimiento está “hacia Quintana Roo”, donde trabajan dos de sus hijas, allá la seguridad no es igual, sentencia.

Gran parte de la infraestructura, sin embargo, la ha levantado la empresa privada que instaló los paneles solares: era el precio para poder hacerlo. “Como es zona indígena, necesitaba autorización”, argumenta Brenda, que trabajó durante nueve años en albergues donde su perfecto español hacía recelar a la gente de su identidad yucateca.

Algunas construcciones en estas localidades contrastan con las de la frontera campechana, en general, más humilde. A medida que uno se adentra en la selva, cada vez más cerca del codiciado Put, crece sin embargo la sensación de que esta también es una zona remota y olvidada. No hay atajos ni segundas salidas, la misma carretera que te lleva hasta el fondo es la que debe llevarte de vuelta. A los costados se extienden los enormes campos de limón, salpicados, a veces, por plantaciones de maíz y de frijol. Las buganvillas añaden la nota de color cada tantos kilómetros, cada vez más dentro, hasta llegar a la última casita de la última comunidad antes de la coordenada que lo define todo: Xnoh Cruz.

Huyendo del sol, bajo uno de los muchos techos que combinan el laminado con el guano maya, charlan con sus tres hijos Rosa María Pot y Abdalón Caamal: tranquilos, afables, despiertos y peleones. Él es, además, comisariado ejidal. ¿Qué le preocupa a esta familia? “El camino. El camino es indispensable”, dice Abdalón. “El servicio de salud”, agrega Rosa María, que es diabética. Put queda a escasos 20 kilómetros de este poblado, selva adentro, pero todo lo que importa aquí se encuentra en dirección contraria.

La frontera con Campeche: “Quien te da de comer te da pertenencia”

Lorenzo Várguez se involucró en la pelea fronteriza tras la creación de Calakmul y gracias, fundamentalmente, a la asociación ganadera que él mismo fundó. Es oriundo de Nicolás Bravo, quintanarroense, y desde hace 30 años lucha mano a mano con las comunidades fronterizas para hacerles llegar los apoyos de Quintana Roo para el sector. También a las que han caído, de facto, del lado campechano. Él quiere que queden agrupadas bajo un nuevo municipio con cabecera en Nicolás, más cercano que Xpujil. Eso les daría los recursos que ahora les faltan. “Siempre peleamos para que hicieran gobernanza en esa zona”, dice, en la que entonces no había carretera: entraban caminando. “Pero se lavaban las manos diciendo que no, porque estaba en conflicto. El mismo Estado empujó a la población a buscar donde haya el servicio”, argumenta: “Quien te da de comer te da pertenencia”.

Mientras los dos Estados pelean, el Gobierno federal es omnipresente. Las plantaciones del programa Sembrando vida se suceden una tras otra a ambos lados de la carretera. Y también el Tren Maya, el proyecto emblema del sexenio anterior, hace acto de presencia con sus puentes elevados, que han partido en dos muchos de los terrenos agrícolas que se trabajan en la zona. Gracias a la estrella turística, a cambio, puede que en La Moza disfruten de agua potable por primera vez en décadas, pues forma parte de la infraestructura que se han comprometido a instalar con su construcción.

“En el 88, cuando llegamos acá nosotros, el agua era rojita. La íbamos a traer de los jagüeyes. Como ya se estaba secando, le hacíamos así un huequito, esperábamos que se juntara el agua y la agarrábamos. De esa agua tomábamos. Yo me andaba muriendo, estaba yo chamaco. No estaba acostumbrado a esta vida”, ríe Juan Hernández, que llegó desde Veracruz y se dedica a la apicultura. Viene en su moto para traerle la comida a sus dos hijos, recién salidos de la escuela. El mayor quiere ser doctor; el pequeño, policía. “Donde yo vivía pasaba el arroyo, había agua clarita en el pozo para bañarse”, rememora de su Estado natal. No ha sido fácil el camino hasta acá.

Quintana Roo les ofreció perforar un pozo hace casi 20 años pero, a diferencia de San Antonio Soda, aquí lo rechazaron. Se sentían de Campeche y de Campeche querían seguir siendo. “Nosotros en ese tiempo no teníamos voz ni voto para decir: ‘Sí queremos el agua’. Fueron prácticamente los señores mayores, los fundadores”, relata. Todos se conocían entre sí y querían evitar futuros conflictos, a pesar de que el precio fuera quedarse sin este bien básico del que todavía no disfrutan.

Menos rígidos son en otras zonas, donde los dos Estados extienden sus tentáculos. La carretera avanza hacia la triple frontera internacional y las comunidades que se incrustan en ella dejan estampas insólitas. En Cerro de las Flores, la escuela la ha levantado Quintana Roo y el centro comunitario, Campeche. Todo le falta, pese a la doble atención, a esta comunidad que se siente abandonada. “Cuando quieren [ganar la] votación, vienen de Campeche y vienen de Quintana Roo. Dicen: ‘Vamos a dar esto’, pero a la mera hora que suben, ninguno de los dos se esfuerza aquí”, dice Alejandro Álvarez, de 46 años, harto de pelear para que las cosas dejen de fallar: la luz, internet, el transporte.

Hay que llegar casi hasta la línea divisoria para que el paisaje social mejore. “Allá, donde comienza el desmonte, inicia Belice”, señala Lorenzo Várguez, que conoce este territorio como la palma de su mano: “Antes todo era selva”. Habla desde Civalito, uno de los últimos poblados en la franja en conflicto. Aquí hay base del Ejército, ferreterías y restaurantes, inexistentes en cualquier otra comunidad de la zona, plegadas, en general, sobre sí mismas. “Estamos en un rincón, pero llega [el apoyo] cuando lo pedimos”, apunta Antonio Vázquez, delegado de Quintana Roo en este lugar poblado por puros chiapanecos.

Es Adela, sin embargo, quien da la clave de todo en un español que pronuncia con esfuerzo, pues no es su lengua materna. La mujer, de 46 años, tiene credencial de Quintana Roo. Su marido tiene la de Campeche y cada uno recibe, o recibió, los apoyos de su respectivo Estado: él para reconstruir el piso de la vivienda, ella con el programa Mujer es Poder. “Si viene Quintana Roo, la gente lo agarra. Si viene Campeche, la gente lo agarra. Si viene apoyo, agárralo, porque no hay”, resuelve.

A este mosaico de mosaicos debe hacer frente la Suprema Corte, 30 años después de haber recibido un expediente relativo a este conflicto por primera vez. La cuestión no es menor y todo depende de la ubicación de una única coordenada: Put, el escurridizo punto que alguna vez puso nombre a una hacienda en mitad de la selva. Para Arturo Coral, el jurista que compuso el caso jurídico para Quintana Roo, no hay dudas de su repercusión: “Es el juicio de mayor trascendencia en toda la historia del Estado. No hay, ni ha habido, ni va a haber otro igual después de este”.