Distribuidores irregulares logran contratos por 9.500 millones de pesos con la sanidad pública mexicana

La sanidad pública de México ha comprado fármacos a distribuidores irregulares por valor de 9.500 millones de pesos de 2021 hasta la fecha. En un millar de contratos con una veintena de Estados y con las grandes instituciones de salud, empresas que luego fueron señaladas por no cumplir las legislaciones sanitarias y administrativas vendieron sus productos a hospitales públicos. Los cambios que desde 2018 han experimentado los sistemas de compra de medicamentos y que llevaron al desabastecimiento de medicinas facilitaron compras de emergencia que beneficiaron a este tipo de distribuidores, de acuerdo con varias fuentes en el sector farmacéutico. Este reportaje forma parte de la investigación global La medicina del millón (The Cancer Calculus), coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), en la que participa EL PAÍS.

De 2021 a 2025, diferentes distribuidores de medicamentos que luego fueron sancionados por prácticas ilegales colocaron medicinas y fármacos por al menos 9.500 millones de pesos, unos 450 millones de dólares, en el sector público de salud mexicano. Una revisión de los contratos desde 2021 asignados a las empresas que salen en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, creado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la encargada de la regulación, control y fomento sanitario de productos, servicios y establecimientos, revela que en gran parte de los Estados y en las grandes instituciones de salud se recibieron medicinas distribuidas por estas empresas, que infringen la regulación sanitaria al operar sin autorización o sin cumplir los requisitos normativos. Con varias semanas de antelación, este periódico solicitó su versión y una entrevista a la Secretaría de Salud y a la Comisión Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pero a cierre de edición no habían contestado.

La parte del león fue para la empresa Ethomedical, que recibió casi 8.000 millones de pesos en 2021 y 2022, y que está dentro del listado por contar “con irregularidades graves y se encuentra suspendido”. Esta empresa obtuvo la inmensa mayoría por adjudicación directa y para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que ha negado conocer a esta persona. La página web de Ethomedical no contiene información que permita contactar con ellos.

En total, 28 de los 162 distribuidores irregulares identificados lograron 1.360 contratos públicos con el sector salud. “México se ubica entre los primeros seis países de venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos a nivel mundial”, explica un documento interno de la Comisión y, de acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, este mercado se ha multiplicado por cinco desde 2018, en paralelo a los problemas de desabasto existentes en el sector salud, lo que retrata que en México existe un ecosistema criminal que importa, fabrica y distribuye medicinas falsas, que ha llegado hasta los sectores públicos.

De estos 28 distribuidores, destacan varias empresas por los montos. Una es Santek Health, con 391 millones de pesos, que está siendo investigada tras una sospecha de medicamento falsificado en un hospital de Yucatán. “Durante la revisión documental correspondiente, se identificaron inconsistencias en los registros sanitarios y certificados analíticos del medicamento”, dice un comunicado del Gobierno. Otra es Hima Promotions, con 319 millones en 55 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La tercera en pesos es Industrias Danjur con 194 millones de pesos. Entre las personas físicas, el mayor monto se lo llevó Alan Jair de la Peña Rodríguez, que ha logrado 120 millones de pesos en 90 contratos desde 2021. Tres de estos se los adjudicaron de forma directa en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para suministrar medicamentos, después de haber sido marcado como distribuidor irregular.

EL PAÍS mandó un correo a estas empresas por si querían explicar qué ocurrió para entrar en el listado, y solo contestó De la Peña Rodríguez. Según su respuesta, su inclusión se debe a “una verificación que no pudo llevarse a cabo debido a un cambio de domicilio del establecimiento en ese momento, no por incumplimientos en materia sanitaria”. Asegura que dicha verificación ya se realizó y que, “en su momento”, presentó “un escrito solicitando su retirada no recibió “respuesta formal”. De la Peña Rodríguez lleva en la lista al menos desde mayo de 2023.

Los cambios constantes en los sistemas de compra de medicamentos que experimentó el sector desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han beneficiado a este tipo de distribuidores, explican varias fuentes en empresas farmacéuticas. Desde 2019, se han encargado de las adquisiciones la Secretaría de Hacienda, una división de la Organización de las Naciones Unidas, el Instituto de Salud para el Bienestar, Birmex… Esta situación ha contribuido a un desabastecimiento de medicamentos que todavía se siente. Durante este periodo se fomentaron las adjudicaciones directas y aprobaron compras de emergencia donde los controles fueron más laxos.