10 años y 10 muertos: el conflicto de la cooperativa Cruz Azul contado por el bando ganador

Para entrar en la sede central de la cooperativa La Cruz Azul hay que pasar dos muros de acero, coronados con alambre de espino. Entre estas dos protecciones hay desde al menos hace un par de años un tractocamión cruzado. Luego, tras un tercer filtro de seguridad, finalmente se ingresa al edificio donde Víctor Velázquez—ingeniero industrial nacido hace 58 años en lo que antes se conocía como Jasso y ahora se llama Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el Estado de Hidalgo— comanda el destino de este conglomerado empresarial tras años de peleas y disputas con el grupo comandada por Guillermo Billy Álvarez, hoy en prisión preventiva y con un juicio por haber desviado cientos de millones de pesos del dinero de la empresa cuando fue su líder. Su facción acaba de recuperar la joya de la corona, los cimientos de La Cruz Azul: su primera planta cementera, que durante años estuvo en manos de los afines a Billy Álvarez, y que parece ser el final de una guerra empresarial que comenzó hace una más de década y acumula 10 personas asesinadas.

Fue en 2015, cuando Billy Álvarez y sus afines trataron de orquestar una venta de la cooperativa para, en opinión de sus críticos, seguir controlando la empresa, que comenzó el enfrentamiento entre ellos y la facción de Velázquez, que comanda la oposición a esta decisión. Se construyó desde entonces un laberinto de acusaciones cruzadas y asambleas impugnadas, con denuncias y detenciones, pero que en su centro guardaba un gran premio: La Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. es un grupo empresarial que incluye cuatro plantas de cemento en México y el equipo de fútbol Cruz Azul, además de negocios en construcción, salud y turismo, con más de 8.000 trabajadores y unos 420 socios cooperativistas.

Cuando se le pide a Velázquez que resuma en pocas palabras esta disputa, se remonta a la fundación de la cooperativa en 1931 y describe que tres de sus cuatro predecesores como presidente del Consejo de Administración se han quedado en el cargo más allá de los diez años que permite la legislación. Además, se han visto envueltos en desfalcos y desvíos. El primero fue Arcadio Hernández Falcón (1931-1953), quien salió de la presidencia acusado de robar maquinaria y millones de pesos para poner su propia cementera. “Son patrones que repetimos”, lamenta Velázquez, el presidente del Consejo de Administración.

La Cruz Azul no puede separarse del apellido Álvarez. Guillermo Álvarez Macías, ahijado de Hernández Falcón y quien denunció sus corruptelas, fue elegido líder en 1953. Tras profesionalizar el club de fútbol asociado, liderar un enorme crecimiento de la compañía y algunos “desvíos de dinero”, muere de un infarto en 1976 mientras espera la visita del presidente Luis Echeverría, quien estaba por aterrizar en helicóptero. Deja dos hijos varones, Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, que, de acuerdo a Velázquez, ganan el control de la cooperativa en 1988 con una estrategia a futuro: el primer presidente será Guillermo, luego en 1998 le sucederá Alfredo, y cada década se repetirá el esquema con sus hijos. Así, la familia Álvarez lideraría la empresa durante casi medio siglo.

“Pero Guillermo no deja la presidencia en 1998”, dice Velázquez, que, como los Álvarez Cueva, es de las familias patricias de la cooperativa: sus dos abuelos son fundadores. “Nos daba igual estar en contra de la ley y, aunque sabíamos sobre sus desvíos; mientras nos cayera la quincena, todo nos daba igual”, reconoce. Los dos hermanos comienzan una pelea por el liderazgo y Guillermo destituye a Alfredo como director comercial, quedando en su lugar Velázquez.

El mayor órgano de control de La Cruz Azul es la asamblea general, que se celebra una vez al año. En ella los líderes deben rendir cuentas ante los socios de la cooperativa y, cuando se cumplen los plazos, elegir a las nuevas cabezas. “En una asamblea en abril de 2015, Guillermo plantea que el Grupo Nacer Global está interesado en comprar el 45% de la empresa para llevarla a la Bolsa y que nos convenía esa alianza estratégica y comercial”, asegura Velázquez. Argumenta que todo era un plan de Billy Álvarez para extender su control sobre el grupo empresarial, que para entonces ya se había diversificado desde las plantas cementeras y el equipo de fútbol hacia hospitales, hoteles, tiendas y escuelas.

Velázquez llevaba ya unos años como director comercial y habló en contra del plan en la asamblea. “No era una alianza comercial, sino una venta, y nos iba a convertir a todos en empleados”, asegura. Su relación con Billy Álvarez, que describe como muy cercana, cambió radicalmente desde ese punto. Le empezaron a llegar denuncias por acoso sexual, violación, lavado de dinero, delincuencia organizada… que va evitando con amparos y otros recursos legales.

En septiembre de 2018, ya tras varios años de conflicto, la asamblea elige como cabezas a Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, lo que los convertía en jefes de Billy Álvarez, que era director general. Cuando acuden a hablar con él, les despide y separa de sus cargos con una orden judicial que Velázquez asegura fue comprada.

Aquí se desató la guerra abierta entre el bando de Velázquez y el de Álvarez. En marzo de 2019, el portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó El juego millonario de la Cooperativa Cruz Azul, una investigación periodística sobre cómo durante años los hermanos Álvarez sacaron millones de dólares de la cooperativa para llevarlos a paraísos fiscales. De acuerdo a Velázquez, fue su grupo quien facilitó gran parte de los documentos que sirvieron como base para este trabajo. Con toda esa información, Velázquez, Gutierrez y otros 138 cooperativistas presentaron una denuncia contra Billy Álvarez por lavado de dinero.

Esto llevó a que, en agosto de 2020, la Fiscalía ordenara la detención de Billy Álvarez, que estuvo cinco años prófugo. En ese marco, Velázquez, junto con José Antonio Marín Gutiérrez, tomaron el control por mandato judicial de todo el corporativo, que había quedado acéfalo con Álvarez a salto de mata.

Pero una cosa es la ley y otra la realidad, y las cuatro plantas de cemento del grupo, su columna vertebral, estaban en manos de trabajadores y cooperativistas leales a Álvarez. Primero recuperaron las fábricas de Aguascalientes y de Puebla, pero cuando en octubre de 2020, Velázquez y Marín, acompañados de unos 400 policías estatales, un actuario y el secretario de Seguridad del Estado llegaron a la planta de Lagunas (Oaxaca) situada en el Istmo de Tehuantepec, la cosa se torció.

Velázquez recuerda que, cuando llegaron al complejo, había un grupo de gente que empezó a golpearles, lo que los obligó a huir a toda velocidad. Mientras trataban de escapar, atropellaron a un hombre del grupo que apoyaba Billy Álvarez. “El chófer, que estaba dormido, prende la camioneta y empieza a avanzar. Rompen uno de los cristales, se espanta el chofer, pero va avanzando, y gente nuestra de la [fábrica] de Hidalgo, que había viajado con nosotros a Oaxaca, estaba conteniendo a la gente y llega uno de los de Billy y lo avienta hacia la camioneta y lo atropella. Días después fallece en Veracruz”, explica. Este fue el primer muerto del conflicto.

En enero del 2021, el grupo de Velázquez recuperó oficialmente la planta de Lagunas, Oaxaca. Pero todavía faltaba la más importante de sus fábricas, que entonces generaba cerca del 35% de los ingresos y de las ventas del grupo: la cementera de Tula, Hidalgo, donde había nacido la empresa casi un siglo atrás. No lograrían recuperarla hasta febrero de 2026, trás más de cinco años de pelea y cuatro intentos de tomarla por la fuerza.

En esas cuatro ocasiones hubo violencia, especialmente en abril de 2022, cuando la confrontación entre un grupo que intentó recuperar las instalaciones y quienes custodiaban la fábrica se saldó con la muerte de ocho personas, entre ellas, el hijo de un cooperativista. Al ser preguntado por estas muertes, Velázquez se excusa.

“Desde que nosotros iniciamos este conflicto, yo le he dicho a los abogados: vámonos nosotros por la derecha”, asegura. Solo reconocen un intento de toma, cuando era gobernador de Hidalgo el priista Omar Fayad, al que acudió un actuario. “En todas las diligencias que nosotros hacemos, siempre han sido conforme a la ley; las demás, nosotros las desconocemos”, y acusa que fueron grupos de choque relacionados con la delincuencia local.

Cuando recuperaron la planta de Tula, según describe Velázquez, la encontraron muy dañada: “Robaron cables, componentes electrónicos, cosas de mucho valor, un equipo que se queda cinco años, tienes que darle mantenimiento, y es muy costoso volver a trabajar. Ya mandamos a arreglar motores, estamos revisando cuchillas, transformadores…”. Sobre los trabajadores cooperativistas que permanecían fieles al grupo de Álvarez, Velázquez ha dicho que, ya que la gran mayoría de ellos están en edad próxima de jubilación —entre 65 y 70 años—, se han negociado ya más de 80 contratos de jubilación anticipada.

Esta misma semana, en un medio de comunicación nacional, se acusó a Velázquez y su grupo de estar coaccionando a los trabajadores para que firmen y que las condiciones de esta prejubilación son leoninas, incluyendo la renuncia a sus derechos como cooperativistas. Preguntada al respecto, la actual directiva dice que no reconoce las cláusulas publicadas y que lo que se está haciendo es comenzar un proceso para que estos 80 se conviertan en beneficiarios por antigüedad, es decir, que empiezan a recibir los rendimientos que generaron durante su vida laboral.

Además de estos nueve muertos en los intentos de tomar las fábricas, la cuenta de La Cruz Azul tiene un abogado de alto perfil: David Cohen Sacal, ejecutado a la puerta de los juzgados de Ciudad de México, a plena luz del día, en octubre de 2025. Cohen llevaba vinculado con la cooperativa desde hacía más de 15 años y, entonces, un abogado contó a EL PAÍS que, “si tuviera que apostar, diría que el ataque tiene que ver con ese asunto”. Cohen, conocido por una ética difusa, capaz de jugar a dos bandas, fue primero representante del grupo relacionado con Billy Álvarez y luego, desde 2020, del de Velázquez.

—Con este ya van 10 muertos, ¿no es una cuenta muy larga para lo que es básicamente un conflicto laboral?

—Sí, es mucho, han sucedido tantas cosas que uno se queda espantado. Y reputacionalmente nos ha afectado mucho. Ahora si dices que trabajas en la Cruz Azul y te miran raro.

El próximo mes de mayo se llevará a cabo una nueva asamblea general, en la que se rinden cuentas de todas las empresas del corporativo cada año y en la que se discutirá la permanencia de Velázquez. Los periodos de trabajo del presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa y del presidente de Administración pueden extenderse de cinco hasta 10 años. Ante la poca distancia que hay con la recuperación de la fábrica emblema, es más que probable que lo voten para que continúe.

Preguntado al respecto, Velázquez se deja querer. Dice que depende de la gente, que si le piden que se quede, estará otros cinco años. Pero aclara que ni uno más. Que no quiere ser como sus antecesores, que se enquistaron en el cargo. “No podemos seguir repitiendo patrones”, advierte. Asegura que ya hay cantos de sirena que le solicitan que reflexione sobre la posibilidad de seguir la tradición y quedarse más allá de los plazos marcados por la ley. Y repite, quizá también para sí mismo, que “hay patrones que no se pueden repetir”.