El aporte público de México a los partidos es uno de los más altos entre los países de la región

Los partidos políticos mexicanos son entes millonarios. Es un hecho y también una acusación que se repite entre quienes abogan por reducir su financiación pública, que asciende este año, sin comicios a la vista, a 2.616 millones de pesos (unos 145,73 millones de dólares al cambio actual). La reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum buscaba reducir en un 25% esa bolsa, destinada a las actividades ordinarias de los partidos. La iniciativa fue rechazada por el Congreso, pero las subvenciones públicas siguen protagonizando la conversación ante la inminente llegada del plan B del oficialismo, que se mantiene firme en su voluntad de reducir el gasto político. La oposición, por contra, demanda una distribución más equitativa del dinero, que premia con un caudal muy superior al partido gobernante. El panorama en la región demuestra que México es, junto con Brasil, el país más generoso con sus partidos. También figura entre los más equitativos en el reparto, por detrás de Ecuador, Perú y República Dominicana, aunque el margen es muy amplio.

Latinoamérica maneja, en general, sistemas mixtos de financiación que combinan lo público con lo privado. “La mayoría de los países se democratizó en la tercera ola, en la década de los 80 y los 90, y esta llega junto con la apertura económica”, justifica Melissa González Caamal, experta en política comparada. También llegó de la mano de la desconfianza institucional, especialmente en México, donde el historial de elecciones fraudulentas ha obligado a establecer un sistema lleno de candados altamente costoso. “Imprimir una boleta electoral en México es más caro que imprimir billetes”, apunta Arturo Espinosa, fundador de Laboratorio Electoral.

Comparar el coste de las elecciones en cada país es complicado, señalan los expertos. El consenso general es que el INE mexicano es el más caro, pero también el que tiene más atribuciones, como el monitoreo de los tiempos de radio y televisión o la resolución de procedimientos administrativos para sancionar. Más fácil resulta, dice Espinosa, comparar el dinero que reciben las formaciones. “Los tres partidos más ricos de la región son Morena, el PAN y el PRI, por mucho”, señala contundente: “No hay país que le dé tanto dinero a sus partidos”.

El último estudio elaborado por la OCDE revelaba que Brasil y México son, en ese orden, los países donde la financiación pública tiene más peso en el porcentaje total de ingresos de los partidos. Sin embargo, si uno toma, por ejemplo, el fondo ordinario que repartió Brasil en 2025 (unos 211,2 millones de dólares) y el que repartirá México en 2026 (145,74 millones), el resultado es que el primero invirtió en torno a 1,33 dólares por elector y, el segundo, 1,44 dólares. La bolsa de dinero en ambos países se dispara sustancialmente en los periodos de campaña: hasta un 50% en la precampaña presidencial mexicana. Esa cifra, apuntala González Caamal, no implica nada, necesariamente. “Puede que en El Salvador los partidos sean muy baratos porque no le están costando a la democracia, ¿pero qué podemos esperar de partidos que están financiados de forma privada?“, se pregunta.

Hay fuertes diferencias, en cambio, en la forma en la que se reparten esos ingresos. Brasil se encuentra entre los países menos equitativos en la distribución: tan solo un 2% de su fondo electoral se asigna a partes iguales entre los partidos, un porcentaje que solo asciende hasta el 5% en el caso del fondo para actividades ordinarias. Cualquiera de los dos está lejos del 30% que México adjudica de forma igualitaria, uno de los porcentajes más altos en la región. “Muchas de las reformas electorales se destinaron a que el PRI pasara de ser hegemónico a ser dominante”, dice Melissa González. Eso explicaría que el porcentaje fuera más alto. Aun así, matiza Javier Aparicio, investigador del CIDE, hay fuertes “desequilibrios”: “No es una defensa del partido chiquito. La segunda y la tercera fuerza están muy por debajo de la primera”, señala el experto, que aboga por ir a fórmulas más cercanas al 40/60 o incluso al 50/50. Al menos, apuntala, se podrían equilibrar las apariciones en medios, que siguen el mismo esquema 30/70.

En esos escenarios se mueven países como Ecuador, que reparte el 50% del dinero de forma equitativa, o Perú, que lo hace así para el 40% de su bolsa. República Dominicana funciona mediante un sistema por tramos que es altamente igualitario en el tramo superior. El 80% de la financiación se reparte en igualdad de condiciones entre todos los partidos que superan el umbral del 5% de los votos. Otro 12% recaería entre los que tuvieron entre el 5% y el 1% de los sufragios, y el 8% restante para los que están por debajo de la unidad. En la práctica, la mayoría de los partidos mexicanos entrarían en el primer tramo, por lo que sería un sistema profundamente equitativo entre las principales fuerzas.

Topes al gasto y fiscalización

La subvención pública es bastante frecuente en casi todos los países, sea mayor o menor. Lo que no es tan popular, dice Javier Aparicio, son los topes al gasto en campaña o al financiamiento privado. México destaca por tener un modelo fuertemente limitado, en comparación con otros países, pero no existe un consenso sobre si eso restringe realmente el dinero en movimiento o solo lo condena a la economía ilícita, ya sea porque proceda de fuentes fraudulentas, como el narcotráfico, o porque exceda los límites de lo que se puede declarar públicamente. “Los candidatos les dicen [a los donantes]: ‘No, no me des. Paga algo. Págale a la gente, mándame hacer unas camisetas, pega unos espectaculares, pero a mí no me lo des porque no lo puedo gastar”, ejemplifica el experto.

En la misma línea se pronuncia Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral: “Permitiría un mayor financiamiento privado con más controles en la fiscalización para garantizar que no sea de fuentes ilícitas”. Eso permitiría, apuntan los especialistas, dibujar un mapa mucho más fidedigno del dinero que circula en las campañas políticas, que hoy tiene importantes agujeros. El último informe de la OCDE sobre el panorama de las Administraciones públicas de América Latina y el Caribe (ALC), de 2024, es elocuente al respecto. “Los seis países exigen que los partidos y/o candidatos informen sobre sus finanzas, incluidos los gastos, durante las campañas electorales. Sin embargo, las reglas tienen poco propósito si no se implementan o si su incumplimiento no conduce a sanciones adecuadas”, se lee en el documento.

Solo en Argentina, México y Perú los órganos de control han publicado información sobre el número de casos de violaciones de este tipo de normativa, de investigaciones realizadas y de las sanciones emitidas, señala el organismo. Los expertos coinciden: el INE mexicano rastrea muy bien el dinero que él mismo ha asignado, otra cosa cosa es el que se mueve por debajo. Ahí la fiscalización sigue siendo la gran cuenta pendiente. Es prácticamente imposible para el rector electoral, por ejemplo, monitorear los tiempos que duran los spots publicitarios, por lo general muy costosos. La regulación de los medios de comunicación tradicionales y, sobre todo, de los medios de comunicación online, está mucho menos avanzada en la región que otros aspectos.

“Hay que revisar cuáles son los incentivos que se están dando para que los partidos rompan las reglas”, agrega Melissa González. “Si se reduce la financiación pública [pensada para no depender de otras fuentes], los partidos podrían intentar compensarlo con fuentes privadas. Tendríamos que ver si institucionalmente el país está preparado para tener todo un sistema de fiscalización”, completa la experta. “En comparación con otros países de la región, hay mayor transparencia, pero todavía hay bastante informalidad en cómo se ejercen los recursos”, apunta. Todos los elementos están conectados y mover uno, sin pensar en cómo repercute al resto, puede tener efectos inesperados.