La financiación política, un sistema caro construido sobre la desconfianza mutua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha emprendido una cruzada en nombre de la austeridad contra la abundante cantidad de recursos que obtienen los partidos políticos del erario público. La reforma electoral con la que encara el final de su primer año de Gobierno, herencia del sexenio anterior, busca reducir su financiación y la del organismo encargado de organizar los comicios, el INE, una iniciativa que parte de la premisa de que “a la gente no le gusta que haya tantos recursos destinados a las elecciones” ni a los partidos, en sus propias palabras. “No hacen falta”, ha reiterado, aunque no está claro que ese planteamiento vaya a encontrar eco entre sus socios, el Partido Verde y el del Trabajo, cuyo futuro puede depender de ese dinero y cuyos votos serán necesarios para que la propuesta salga adelante. El costoso modelo actual, establecen los expertos, es fruto de la histórica desconfianza con la que los distintos actores políticos se han mirado entre sí, que ha obligado a invertir en garantías de seguridad que doten a los procesos de legitimidad. Revisar el presupuesto supondrá, en realidad, examinar todo lo demás.

El rastro del generoso respaldo público que reciben los partidos —7.350 millones de pesos este año— llega hasta finales de los 90. “Veníamos de un régimen de partido hegemónico. La oposición no le creía nada al Gobierno [del PRI]”, explica Javier Aparicio, investigador de estudios políticos del CIDE. El régimen comenzó su apertura a finales de los 70, pero solo 20 años después quedó configurado el actual sistema de reparto de recursos, que nació “para tratar de equilibrar las condiciones de competencia política entre las formaciones y para que no recurrieran a fuentes ilícitas” de financiación, apuntala Héctor Díaz Santana, exdirector de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPAE). El primer objetivo se logró, dice el experto, pero el segundo sigue pendiente. “No es casualidad que a partir de 1996 empezaran las alternancias en México”, abunda María Marván, exconsejera del INE.

El modelo que se estableció para dar participación a la oposición, fijado en el artículo 41 constitucional, ha seguido desde entonces la misma fórmula. La bolsa de dinero disponible para repartir se calcula multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral ―que no ha dejado de crecer― por el 65% del valor diario de la UMA, una unidad de medida utilizada por la Administración para calcular la cuantía de diversas obligaciones legales, como las multas, y que entró en vigor para evitar que el aumento del salario mínimo, que se solía utilizar como referencia, supusiera un aumento en dichas obligaciones. El 30% de ese dinero se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos con registro nacional. El otro 70%, en función de los votos obtenidos en las elecciones a diputaciones inmediatamente anteriores al momento del reparto. Además, dentro de la bolsa total, hay un 3% dedicado exclusivamente a actividades específicas, como la educación en perspectiva de género o la cultura cívica.

Este año, por ejemplo, los seis partidos con registro nacional recibirán 350.170 pesos correspondientes al 30% que se reparte de forma igualitaria. El 70% proporcional le dejará a Morena un saldo de 2.100 millones más, frente a los 287 millones extra que sumará el partido con menor respaldo, el del Trabajo. “Ningún país le da tanto dinero a los partidos como México. Desde 1989, son 121.000 millones de pesos, más de 6.000 millones de dólares. Es una cifra impresionante”, apunta Díaz Santana, que considera que debió ajustarse paulatinamente la financiación cuando se consolidó la transición democrática.

Si la necesidad de aumentar la financiación de los partidos surgió a finales del siglo anterior, la idea de que esta debía volver a reducirse quedó definitivamente implantada tras el fuerte sismo que arrasó el país en 2017. Diversas iniciativas buscaron que los partidos donaran su dinero a la reconstrucción y muchos de ellos accedieron. Después de eso, ha habido numerosas propuestas de diferentes formaciones para reducir el dinero público que reciben, todas sin éxito, a pesar del aparente consenso y de la popularidad de una medida que, como casi todas, tiene su parte beneficiosa y su lado pernicioso.

“La cantidad de recursos que reciben les ha permitido no acercarse a la ciudadanía, no preocuparse por las afiliaciones ni por el trabajo de campo”, dice María Marván, y ejemplifica: “El PAN fue partido de gobierno y nunca ha logrado pasar de los 300.000 afiliados. Hay que poner obligaciones en el tipo de trabajo que los partidos deben hacer”. La exconsejera del INE, sin embargo, considera un “mito” que la democracia sea muy cara y es escéptica con respecto a una reducción de la financiación. “Depende de a costa de qué sea”, incide, y propone más bien modificar la fórmula de reparto para reforzar la parte igualitaria frente a la proporcional. “Deberíamos estar pasando a una proporción de 60%-40%”, una propuesta que comparte Javier Aparicio, aunque sea en “el acceso a los spots en medios”, que también sigue una pauta de proporcionalidad.

La merma del poder de la oposición, ya de por sí muy debilitada por los resultados de las elecciones, es la principal preocupación entre los expertos, especialmente si la reducción se produce de forma brusca en lugar de progresivamente, pues el Gobierno mantendría el manejo de los presupuestos públicos. “En estos momentos, puede ser muy fuerte para algunos partidos, que quizás deban deshacerse de algún edificio o despedir a personas”, indica Alberto Espejel, politólogo de la UNAM: “Mucho del dinero que reciben va para pagos de burocracia partidista e infraestructura. Vendría bien discutir en qué lo están gastando y si eso beneficia a la democracia, sin olvidar que los partidos son un engranaje fundamental”.

En contraposición a la comodidad con la que los partidos han renunciado a buscar otro tipo de financiamiento, como el de sus propias bases, Marván apunta a dos potenciales riesgos de reducir su presupuesto público: “Que busquen a los Elon Musk de México para que financien a un candidato a costa de someterlo, como el propio Musk trató de hacer con Trump; y que acaben aceptando dinero del crimen organizado”.

La financiación ilegal, ya sea porque sobrepasa los límites o por su procedencia, es una cuestión que no termina de resolver la financiación pública, coinciden todos, porque los topes al gasto son bajos y los partidos terminan sorteándolos. El principal problema, pues, del actual sistema es la dificultad para fiscalizarlo. “El INE ha trabajado mucho en normas y en formatos que los partidos conocen. ¿Qué pasa? Que ellos mismos van subiendo la información que el INE puede supervisar de una manera evidente, pero otros gastos, no", argumenta Díaz Santana, y pone un ejemplo: “Es imposible para la autoridad electoral monitorear si el tiempo de pantalla de un espectacular son los 10 minutos que aparecen contratados o son más”.

“El INE hace un gran esfuerzo para fiscalizar el dinero que él mismo otorga a los partidos. Lo que no hace muy bien es buscar lo demás”, agrega Aparicio, y eso incluye el dinero en efectivo y los pagos en especie. En una economía tan poco bancarizada, está comprobado, dice Marván, que en época de campaña el efectivo en circulación se incrementa exponencialmente, “tanto como para que el Banco Central lo detecte y le preocupe”. Ese dinero, añade, “está diseñado para no dejar huella, es muy difícil rastrearlo”.

El INE: 19.000 millones de pesos en el país donde todo se impugna

Todos los recelos sobre los que se ha construido el modelo electoral mexicano desembocan en el Instituto Nacional Electoral, que ha implementado fuertes medidas para garantizar la seguridad y la confianza en los comicios. De los 19.000 millones de pesos que recibirá este año, 7.300 irán directamente a sufragar a los partidos. Los otros 12.000 financiarán su actividad ordinaria. “Se dice que el INE cuesta mucho, y es cierto, pero nuestro sistema es caro porque la seguridad es cara”, sintetiza el exdirector de la FEPAE, que enumera la lista de elementos a costear: “Tenemos una credencial para votar con 17 normas de seguridad, ahí se va como el 20% del presupuesto; la boleta electoral mexicana es muy cara, tiene una impresión especial que impide su falsificación; el monitoreo de medios es una actividad sumamente costosa; y con cada elección tienes que volver a insacular a los funcionarios de casilla y formarlos”. Javier Aparicio coincide: “La credencial para votar es casi un pasaporte, tiene casi los mismos candados”.

Ninguno es partidario de reducir el presupuesto de este organismo. Aparicio, de hecho, estaría dispuesto a trasvasar al INE parte de la financiación que ahora va a los partidos para que el organismo pueda fiscalizar mejor. Ese control no termina con el ciclo electoral, se extiende a los periodos ordinarios. “El INE siempre tiene asuntos que resolver sobre diferencias entre partidos. México es el país en el que más impugnan los procesos electorales”, asegura Díaz Santana. De 1996 a la fecha, incide, el Tribunal Electoral ha resuelto 315.000 asuntos relacionados con sanciones a partidos, a candidatos o impugnaciones. “Somos un país donde periódicamente todos están impugnando, y en esos procesos el INE también es partícipe”, agrega. La desconfianza aparece de nuevo.

Sin embargo, hay algo que podría revisarse, puntualiza Marván: el INE sufraga los sueldos de los representantes de los partidos que se sientan en la mesa del Consejo General del organismo. “En 1996, cuando se les dio todo el dinero, se perdió la oportunidad de decir: ‘Señores, el INE les va a dar oficinas, pero no les va a pagar un sueldo. Páguenlo ustedes con el dinero que se les está dando”, plantea. De igual modo, añade, hay procedimientos que se están duplicando porque están automatizados y se siguen haciendo a mano. “Puedo decir de primera mano que los primeros que se opusieron a ser eficientes en esto fueron los partidos, porque dijeron: ‘si dejas de hacerlo así, probablemente el proceso electoral tenga menos seguridades”. Vuelven los recelos, y también, dice esta exconsejera, el hecho de que “gastar de lo que no es propio es bien fácil”. Todo ello pasará a examinarse, punto por punto, por la Comisión designada por Sheinbaum para diseñar la reforma electoral. Resta conocer dónde se depositarán ahora los recelos que definieron el modelo anterior.