Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a alias La Rana por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa en Baja California
La Fiscalía del distrito sur de California anuncia una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre el paradero de uno de los operadores de La Mayiza y de su hermano, alias Aquiles


La oficina en el distrito sur de California de la Fiscalía General de Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo a René Arzate García, alias La Rana, por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de drogas y crimen organizado en el Estado de Baja California. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre el paradero del presunto operador de La Mayiza, una de las facciones en disputa contra Los Chapitos, y también de su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles. Es la segunda acusación que la Administración Trump realiza por los cargos de narcoterrorismo. La primera fue contra Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo, Pedro Inzunna Coronel, presuntos líderes de la organización de los Beltrán Leyva.
El anuncio ha sido dado a conocer este jueves por el fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, acompañado por miembros del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) y del Departamento de Estado. Los hermanos Arzate, según la investigación de las agencias de seguridad, son considerados operadores clave del Cartel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana, en Baja California, donde han controlado el corredor de drogas hacia Estados Unidos desde 2014, año desde cuando permanecen prófugos.
“Hoy anunciamos una acusación actualizada contra René Arzate García, infamemente conocido como La Rana, un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cartel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo”, ha afirmado Gordon durante una conferencia de prensa.
La acusación original contra La Rana era del 25 de julio de 2014, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de California lo imputó por delitos de narcotráfico junto con 117 personas más vinculadas al Cartel de Sinaloa. Esta nueva imputación añade cargos por narcoterrorismo y ayuda material al terrorismo, que pueden acarrear penas mínimas de 20 años en prisión y multas por 20 millones de dólares si es que son declarados culpables en un juicio. La designación de organizaciones terroristas a seis carteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas fue realizada por la Administración del republicano en febrero de 2025. El fiscal Gordon está al frente de la unidad que combate el narcoterrorismo, que fue creada en pasado abril de 2025.
La Rana ha sido también señalado como uno de los operadores de La Mayiza, herederos de Ismael El Mayo Zambada, en el enfrentamiento que mantienen con la facción de Los Chapitos, controlada actualmente por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de su otrora socio, Joaquín El Chapo Guzmán, desde hace más de un año. Según Gordón, Arzate ha sido proveedor de sicarios, armas y dinero para apoyar a la facción de los Zambada.
En septiembre del pasado año, los hermanos Arzate fueron vinculados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a las operaciones del Cartel de Sinaloa en Baja California, así como a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, y 15 empresas con base en Rosarito.
La OFAC detalló que Aquiles y La Rana utilizaron la influencia de Candelario Arcega, un operador político, para “corromper y ejercer” control sobre el Gobierno municipal de Rosarito, específicamente durante la gestión de Hilda Brown, entre 2021 y 2024. El mismo documento hace énfasis sobre Los Mayos y su extensivo control territorial en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los hermanos Arzate.
“Los días de René Arzate García como narcoterrorista están contados. Sus días como jefe de plaza para el Cartel de Sinaloa, controlando el tráfico de drogas en Baja California, Tijuana y el sur de California, así como el lavado de dinero y la provisión de apoyo material a una organización terrorista, están contados”, ha dicho James Nunnallee, agente especial a cargo de la DEA en San Diego.
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