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Marina del Pilar Ávila lucha contra la sombra de su exesposo y de la narcopolítica de Baja California

La presidenta del Sistema Anticorrupción, Vania Pérez, pide a la gobernadora separarse del cargo para facilitar las investigaciones por presunta corrupción contra Carlos Torres

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está de nuevo en la encrucijada debido a los señalamientos de presunta corrupción dirigidos contra Carlos Torres, padre de sus hijos y quien fue su marido hasta hace unos meses. La mandataria de Morena confirmó la semana pasada que su expareja se encuentra en la mira de las autoridades federales, quienes lo investigan por el papel que pudo haber tenido en una trama en el Estado fronterizo. Vania Pérez, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ha solicitado a la gobernadora separarse del cargo para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Torres.

Fue la propia gobernadora quien reveló su divorcio de Torres a finales del año pasado. La separación, sin embargo, no ha sido un cortafuegos suficiente para impedir el golpe a su imagen y a la de su partido, quien gobierna en mayoría en Baja California. N+ Focus, de Televisa, informó la semana pasada que Torres está sujeto a una investigación federal por presuntos nexos con el crimen organizado. Las fechas dan forma al peso de la polémica. Según el medio televisivo, la investigación de la FGR comenzó el 11 de junio de 2025, a raíz de una denuncia anónima. Ávila anunció cuatro meses después, el 8 de octubre, su separación, tras seis años de matrimonio. Torres fue citado a declarar, en su calidad de denunciado, el 29 de octubre. Luego de la publicación, Torres, que antes de pasarse a Morena militó dos décadas en el conservador PAN, intentó restar importancia al caso, arguyendo que todo partió de una denuncia anónima y que “no se trata de una investigación basada en hechos”. Desde el entorno del político expanista señalan que, en realidad, nunca fue llamado a declarar a la Fiscalía.

La gobernadora, de 40 años, no se deslindó de su exesposo. Por el contrario, confió en que la FGR conducirá una investigación rigurosa, sin criterios políticos. “Carlos ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida de que la Fiscalía es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos”, dijo. Más allá de su relación familiar con Torres, Ávila le dio un rol clave dentro de su Gobierno como colaborador. Fuentes locales de Morena refieren que Torres era el principal asesor de Ávila y el primer filtro por el que había que pasar para las negociaciones importantes. Torres estuvo formalmente al frente de la oficina de “proyectos estratégicos” desde el inicio de la gubernatura de Ávila, en 2021. Abandonó esa cartera, creada ex profeso, el 3 de junio de 2025 sin ofrecer explicaciones. La investigación de la Fiscalía inició pocos días después.

Vania Pérez defiende la necesidad de una indagatoria imparcial debido a que, más que esposo de la gobernadora, Torres fue un importante funcionario estatal, por mucho que su cargo fuese “honorífico” y no le reportara un salario formal. “Estamos hablando de un subordinado de la gobernadora. Él, durante mucho tiempo, fue uno de sus operadores políticos más importantes. No puede valerse la premisa de que ella no sabía de todo lo que ocurrió durante su Gobierno. Ella es corresponsable”, indica la presidenta del SNA. “Torres actuó muchas veces en nombre del Gobierno de Baja California, y eso solo tuvo que ser con la anuencia de la mandataria”, agrega Pérez en entrevista. La funcionaria añade que, además, la nueva acusación contra el político versa sobre hechos presuntamente ocurridos durante su paso por la Administración de Ávila. “No hay otro Estado del que públicamente conozcamos tantos escándalos de posible corrupción como Baja California, y en un tiempo tan corto”, observa Pérez.

En mayo del año pasado, poco antes de abandonar la cartera de “proyectos estratégicos”, Torres dio a conocer que Estados Unidos le había revocado el visado. El político minimizó el asunto sugiriendo que se trataba de un procedimiento administrativo regular. “Mi conciencia está tranquila”, dijo. “Este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”, agregó. La gobernadora, entonces todavía su esposa, informó de que su visado también había sido cancelado. La medida desató una oleada de especulaciones porque, además, se les habían congelado las cuentas bancarias en Estados Unidos.

Ávila negó que tuviese fondos en bancos estadounidenses, versión que respaldó la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien salió en su defensa. A finales de mayo, sin embargo, se reveló la existencia de una mansión de 2.500 metros cuadrados en San Diego, California, que la mandataria usaba para hospedarse con frecuencia. El Gobierno estatal aseguró que el inmueble no era de Ávila ni de su exesposo. Sin embargo, dejaba ver un posible conflicto de interés, pues la casa era propiedad del empresario Fernando Salgado Chávez, cabeza del grupo La Familia Presenta, a quien, en el comunicado, se le refería como una “amistad cercana” a la gobernadora. No se mencionó el hecho de que el empresario tiene participación accionaria en proyectos inmobiliarios en Baja California desarrollados durante la presente gestión.

La nueva acusación contra Torres le sitúa, a él y a su hermano, a la cabeza de una presunta red criminal de tráfico de armas, dinero y drogas vinculada a Los Rusos, organización delictiva ligada al Cartel de Sinaloa. Torres y su red, según el expediente dado a conocer por Televisa, ejecutaban extorsiones, deteniendo mercancías o envíos, exigiendo sumas millonarias para su liberación en las aduanas del Estado. Las indagaciones apuntan a que los montos obtenidos del narco eran invertidos en bienes raíces en Estados Unidos.

Un abogado cercano a Torres y Ávila indica a EL PAÍS que la filtración de la denuncia anónima a la prensa responde a pugnas locales originadas en círculos de “intereses empresariales y políticos”. Ávila intenta poner tierra entre ella y su exmarido. Pero el mar de acusaciones contra su expareja amenaza con salpicarla.

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