La gobernadora de Baja California confirma que la FGR investiga a su exesposo por narcotráfico

La gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, ha confirmado este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo Carlos Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. “Carlos ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida de que la FGR es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos”, ha explicado la gobernadora en la mañana durante una conferencia. Las autoridades de Estados Unidos retiraron las visas a Ávila y Torres en mayo del año pasado y unas semanas después comenzó la investigación en contra de la expareja de la morenista, resultado de una denuncia anónima.

Una investigación de N+ emitida el martes mencionaba que Torres fue denunciado el 11 de junio de 2025. La investigación de la FGR, de acuerdo con la carpeta de investigación a la que accedió el medio, recoge que Torres recibía alrededor de 150.000 dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el Cartel de los Rusos, una facción del Cartel de Sinaloa, pudiera operar en el Estado norteño.

Torres difundió un comunicado como respuesta este miércoles en el que informaba de que ha dejado atrás la política para esclarecer el asunto. “Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”, expuso, en relación con el anonimato de la demanda. Y añadía: “Una denuncia anónima, por su propia naturaleza, permite que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara; sin embargo, confío plenamente en que la investigación de la Fiscalía servirá precisamente para desestimar estas falsedades”.

La carpeta también señala al hermano del investigado, Luis Alfonso Torres, como presunto líder de la red, en la que dirigía las operaciones de fondos ilícitos por medio de empresas y de apoyos a campañas políticas. Torres y su red realizarían –siempre bajo la denuncia– extorsiones, deteniendo mercancías o envíos, exigiendo sumas millonarias para su liberación en las aduanas del Estado, un dinero que enviaban al notario Ulises Ramírez. Las indagaciones también apuntan a que los montos obtenidos del tráfico de armas, dinero y drogas eran invertidos en bienes raíces en Estados Unidos.

Torres estuvo en las filas del PAN alrededor de 20 años, en el que llegó a tener cargos como el de diputado en el Congreso de la República y, más tarde, el de diputado en Baja California. Después viró su afiliación política, al pasar a Morena, aunque desde entonces su figura ha estado ligada a la de Ávila. En esos años, cuentan las indagaciones del medio, Torres fue coordinador de portentos estratégicos en Baja California, un cargo honorario que abandonó el 3 de junio de 2025, en medio de los señalamientos sobre su investigación.

La carpeta no solo incluye los nombres de Torres y su hermano en la trama. De acuerdo con la información del medio, también se encuentran otros altos funcionarios como el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Baja California, Gustavo Santos, el director de Auditoría de Comercio Exterior, Omar Vicente Franco, o Armando Ayala, exalcalde de Ensenada y actual senador del Congreso.