La Auditoría de Chihuahua defiende su acusación contra Javier Corral

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) ha salido en defensa de los informes que sustentan las denuncias contra exfuncionarios estatales de la era del exgobernador Javier Corral. El órgano revisor del gasto ha reaccionado a una nota publicada la semana pasada por este periódico, en la que se señala el choque de altos vuelos que ha provocado el asunto entre la Federación y el Gobierno de Maru Campos, actual mandataria de Chihuahua y enemiga política de Corral, su antecesor y un aliado del oficialismo. Este diario consultó sobre el tema, antes de publicar, con tres voceros distintos de la Administración de Campos, pero la Auditoría estatal ha replicado ahora con su versión defendiendo su actuación.

El caso se refiere a la denuncia por presunta corrupción promovida por la Fiscalía de Chihuahua contra el exgobernador, a raíz de dos revisiones de la ASE a un contrato de 2019 para refinanciar la deuda estatal. El centro de la acusación es que, supuestamente, el despacho adjudicado por el Gobierno de Corral, López Elías Finanzas Públicas, S.C., fue contratado de manera irregular y no llevó a cabo todas las labores que tenía encomendadas, por lo que la ASE presume un desvío de 98,6 millones de pesos. El exmandatario ha sostenido en diversas ocasiones que se trata de un expediente fabricado, técnicamente erróneo, y que responde a la revancha política de Campos. Por ese asunto, el Gobierno de Campos consiguió órdenes de aprehensión contra Corral; su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes, y el titular del proveedor del servicio, José López Elías, que también acusa una persecución política.

La ASE refiere en su escrito que, en una primera revisión a la Cuenta Pública 2019, se llevó a cabo una auditoría de cumplimiento financiero sobre el contrato, en la que no se hallaron anomalías, debido a que el proveedor acordó entregar resultados hasta 2020, un ciclo fuera del periodo de auditoría. La ASE agrega que, en 2022, se acordó aplicar ahora una auditoría forense sobre la contratación de deuda pública de 2021. Aquí, a pesar de que la revisión correspondía a uno solo año, la ASE extendió el periodo de auditoría a ciclos anteriores, con el fin de volver a incluir la revisión del trabajo del despacho López Elías.

La ASE refiere que las dos auditorías “tuvieron alcances, periodos y objetivos distintos”. En relación con la auditoría forense del año 2021, afirma que “resultaba de gran interés público conocer la situación de la deuda pública del Estado, en un momento en que dicho tema era materia de discusión pública, derivado de una discrepancia entre el entonces Gobierno entrante y la Administración saliente [de Corral y de Campos] respecto a los montos de la deuda, por lo que resultaba por demás oportuno hacer un análisis técnico de la situación de endeudamiento en el que se encontraba el Estado”.

Recientemente, la defensa legal de Corral inició una batalla para que el caso sea conducido por la Fiscalía General de la República (FGR), con el argumento de que los recursos utilizados para la contratación del despacho asesor son de procedencia federal. Las autoridades de Chihuahua han intentado mantener bajo su jurisdicción el expediente, no obstante que dos resoluciones judiciales han determinado la naturaleza federal de los fondos y han ordenado el traspaso del asunto a la FGR. La ASE asegura que el contrato a López Elías “no se pagó con recursos federales, sino con recursos provenientes de participaciones federales, conceptos completamente distintos y de naturaleza jurídica diferente”.

La ASE abunda: “Mientras que la fiscalización de los recursos federales son, en principio, competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las participaciones federales son fiscalizables de forma concurrente tanto por la ASF, como por las entidades locales de fiscalización, en este caso, la ASE Chihuahua”. La ASE agrega que siempre mostró disposición de recibir las aclaraciones pertinentes de parte del exsecretario Fuentes y de López Elías, pero que ninguno se ha presentado ni ha enviado “documento alguno” para comprobar el trabajo realizado.